Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses ha presentado un proyecto de ley que busca aumentar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de 15 a 100 millones de dólares.
Este proyecto, conocido como la Ley STOP MADURO, fue impulsado por los senadores republicanos Ted Cruz (Texas), Rick Scott (Florida) y Bill Cassidy (Luisiana) y tiene como objetivo intensificar la presión sobre el régimen de Maduro en el contexto de la crisis política venezolana.
La recompensa sería financiada por el gobierno federal utilizando activos incautados que ya están en posesión de las autoridades estadounidenses, en lugar de recurrir a fondos de los contribuyentes.
Según estimaciones, las incautaciones relacionadas con el régimen de Maduro suman aproximadamente 450 millones de dólares. Esta legislación se presenta en un momento crítico, ya que Maduro asumió un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2025, tras unas elecciones muy cuestionadas.
Los legisladores argumentan que el régimen de Maduro es responsable de violaciones graves a los derechos humanos y narcotráfico.
“Nicolás Maduro es un dictador corrupto y un matón. La Ley STOP MADURO ayuda a los esfuerzos muy necesarios para hacerlo responsable a él y a su régimen. Estoy orgulloso de copatrocinar este esfuerzo y seguiré trabajando con la administración entrante de Trump y mis colegas en el Congreso en estos temas”, dijo el senador Ted Cruz.
Por su parte, el senador Rick Scott afirmó que:
«El pueblo venezolano ha dejado abrumadoramente claro que el presidente electo Edmundo González es su líder legítimo en un esfuerzo liderado por la líder de la oposición María Corina Machado. Quieren un nuevo día de libertad y democracia: el tiempo de la dictadura opresiva de Maduro ha terminado».
Scott consideró que:
«Estados Unidos debe oponerse firmemente a cualquier intento de Maduro de aferrarse ilegítimamente al poder mediante la violencia o la represión, y abrir paso al presidente electo González para que devuelva la democracia, la libertad y las oportunidades a Venezuela».
El congresista Mario Díaz-Balart describió al gobierno de Maduro como un "grupo criminal" y criticó la administración Biden por no aumentar la presión sobre el régimen. En respuesta, la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz defendió las acciones del gobierno actual, enfatizando el apoyo internacional hacia la oposición venezolana.
Este proyecto de ley es parte de un esfuerzo más amplio para abordar la situación en Venezuela y apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y los derechos humanos.
