"14 años y tres gobiernos de distinto color partidario que se unen en la misoginia, la vida de las mujeres debería ser prioridad", señala un informe sobre la violencia contra la mujer
El Político
El Gobierno mexicano ha fijado su postura a favor de las protestas, a través de las ministras de Estado, sin embargo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha rehusado a posicionarse sobre las movilizaciones feministas.
Además de la protesta, las mexicanas han convocado a un paro nacional de mujeres el lunes 9 de marzo. Siendo el 40% de la fuerza laboral y padeciendo una brecha salarial de un 34% también están demandando igualdad de oportunidades, en un país donde la mitad de la población vive en condición de pobreza.
La movilización de las mujeres en este país ha ido escalando en los últimos meses ante la permanente impunidad en los casos de feminicidio. La crudeza de los casos ha indignado a las mexicanas y tras conocerse las historias de las mujeres asesinadas, las convocatorias han sido más numerosas.
Pese a la gravedad del fenómeno de violencia contra las mujeres en México, las autoridades del país no tienen cifras confiables y desagregadas al respecto —o no tienen voluntad para darlas a conocer—, lo que en última instancia les impide diseñar políticas públicas adecuadas para combatir este flagelo.
Así lo advirtió el informe “Impunidad feminicida. Radiografía de datos oficiales sobre violencias contra las mujeres (2017-2019)”, cuyas autoras señalaron que la carencia de información sistematizada sobre este tema refleja el nulo interés de los diferentes niveles de gobierno para erradicar la espiral de agresiones contra la población femenina.
En conferencia de prensa, Olga Arnaiz, integrante de la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, explicó que el estudio se elaboró con base en datos oficiales obtenidos a través de solicitudes de información a las fiscalías y el Poder Judicial de las 32 entidades federativas, sobre los niveles de incidencia de 15 delitos graves, como feminicidios, secuestros, abuso sexual, lesiones y trata, entre otros.
Uno de los principales hallazgos del informe, indicó, es justamente la carencia de datos al respecto, su falta de sistematización adecuada e incluso la negativa a otorgarlos cuando son solicitados.
“Nos hemos encarado con muchos problemas para hacer el informe, desde la falta de respuesta de las fiscalías y los poderes judiciales, hasta la falta de datos desglosados o la contradicción ente cifras. Esta falta de certeza en los datos oficiales se traduce en falta de acceso a la justicia”, denunció.
Las entidades no dan información
En el mismo sentido, Arnaiz lamentó que hay entidades que no respondieron a ninguna solicitud de información –entre ellas el estado de México, que tiene altos niveles de violencia contra mujeres– y que las bases de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no proporcionan las denuncias presentadas por mujeres ni desagrega las cifras por el sexo de la víctima.
Pese a ello, indicó la activista, se lograron identificar algunos datos preocupantes, como el hecho de que los estados con mayores índices de agresiones son Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, o que 34 niñas son víctimas de agresión sexual todos los días, en promedio.
“Tenemos 14 años y tres gobiernos de distinto color partidario que se unen en la misoginia. Hay un vaivén, un baile de cifras enfrentadas que muestran la negligencia del Estado mexicano, y la actual violencia es el resultado de su inacción”, señaló por su parte Lucía Lagunes, director de la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer.
“Por desgracia, el presidente Andrés Manuel López Obrador está perdiendo una gran oportunidad de diferenciarse de sus antecesores y poner a la vida de las mujeres como una prioridad. Durante su campaña, dijo que no le iba a fallar a la población mexicana y a nosotras, que somos parte de esa población, no nos debe fallar”, recalcó.
De su lado, Oyuki Barrios, integrante del colectivo Aluna-Acompañamiento Social, subrayó que al visibilizar la falta de datos certeros por parte del gobierno con respecto a la violencia feminicida, el estudio demuestra que el Estado mexicano está siendo omiso ante su deber y ante las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
Las ministras apoyan el paro
Las nueve titulares de las carteras han reconocido que las protestas programadas para el 8 de marzo y el paro nacional de mujeres del 9 de marzo son necesarios para visibilizar la lucha de las mujeres por sus derechos. El pronunciamiento llega después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, minimizara el auge de los feminicidios en las últimas semanas y las acciones que diversos grupos de activistas han emprendido frente el recrudecimiento de la violencia contra ese sector de la población. Luisa María Alcalde, Olga Sánchez Cordero y Nadine Gasman ofrecieron una conferencia de prensa apoyando las protestas femeninas.
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El anuncio lo ha encabezado la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ha asegurado que el Estado respetará el derecho de manifestación de quienes se sumen a la marcha del domingo y que la Administración asignará 88 millones de pesos (4,4 millones de dólares) para atender las problemáticas que demandan las mujeres. Las ministras han dado así un giro a la voz del Gobierno mexicano que aún no encuentra la clave para reducir la creciente ola de feminicidios —unos 10 al día— y para lograr la inclusión igualitaria de más de la mitad de su población. “[Las mujeres merecen] que se les considere ciudadanas de primera todo el tiempo y no solo en el momento de ejercer el derecho al voto porque la ciudadanía es mucho más que eso”, ha intervenido Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Esta es la primera vez que un Gobierno en México habla abiertamente de la discriminación y la violencia que padecen las mujeres en diversos niveles, incluso, más allá del ámbito gubernamental.
López Obrador ha sido cuestionado en las últimas semanas en su conferencia de prensa diaria sobre el plan de su Gobierno para reducir los feminicidios en México. El presidente, por lo general, ha apuntado el dedo hacia sus antecesores y ha desviado la conversación sin definir una ruta o una política pública que aborde el problema. Ante la respuesta torpe e improvisada del mandatario una serie de críticas se han levantado sobre él y ha surgido el cuestionamiento sobre si el político carece de perspectiva de género en el diseño de sus planes de Gobierno. El pronunciamiento de las ministras salva, de momento, al presidente de estas críticas.
“Las mujeres son la prioridad de la Cuarta Transformación. Sin las mujeres México no va a cambiar, no puede cambiar”, ha dicho Sánchez Cordero. El discurso de las ministras, incluso, reconoce que las expectativas de las mexicanas respecto a la postura del Gobierno sobre la violencia contra las mujeres no han sido satisfechas. “Tienen razón cuando las mujeres gritan su furia para que escuchemos bien y con claridad que se nos ha acabado el tiempo. Y no se vale que digamos que llegamos hace poco más de un año. Tenemos que mostrar que somos el cambio. Que no es lo mismo. Que no gobierna la indiferencia, ni la omisión y mucho menos la indolencia”, ha añadido Gasman.
Las protestas de las mujeres en la calles de México han crecido al mismo paso que la violencia contra la mujeres se ha ido exacerbando. Sánchez Cordero ha reconocido las demandas que diversos grupos feministas han hecho al Gobierno. “Están enojadas, sí, por las violencias que sufren en sus familias, en su trabajo, por la violencia política, económica, pero no están enojadas con el Gobierno, sino contra el machismo estructural y patriarcal que sufren”, mencionó. Además, explicó que cada ministra decidirá personalmente si se suma al paro nacional de mujeres convocado para el próximo lunes. “Todas aquí nos asumimos como feministas”, dijo.
En los primeros dos meses de 2020 en México se han registrados uno 265 feminicidios, según datos que reveló el miércoles el diario Reforma. Sánchez Cordero ha asegurado que en las reuniones diarias del presidente con el Gabinete de seguridad se tienen considerados los feminicidios, pero que la responsabilidad sobre su investigación recae en las fiscalías de los estados. “El problema de México es la impunidad. Las fiscalías son autónomas y no podemos inmiscuirnos, pero sí podemos hacer un marcaje personal de las fiscalías, hacer observaciones y trasladarlas a las cámaras o los congresos. El control político o judicial no existe para las procuradurías. Los únicos mandantes son los congresos locales, pues recurriremos a ellos para hacerles llegar nuestra inconformidad sobre su ineficacia e ineficiencia".
La imagen de las ministras ha quedado para la historia. Este es el Gabinete de Gobierno con más mujeres en toda la historia de México y también ha sido la primera vez que todas se pronuncian públicamente en conjunto (solo ha estado ausente la ministra de Energía, Rocío Nahle, que se excusó por tener una reunión con el presidente en ese momento). Han dejado la promesa de revisar, los días 25 de cada mes, el avance de las políticas públicas dirigidas hacia las mujeres y en responder sobre ello. También es la primera vez que desde el Gobierno se habla de la condición de vulnerabilidad que padecen las mujeres en un sentido amplio y se reconoce el estrecho trabajo del Estado. “El Gobierno no puede hacerlo todo, esta deconstrucción es un tema de la sociedad, de los patrones, de la escuela, la cultura, todo”, dijo la ministra.
Cualquier mujer puede ser asesinada en México
Marcela Lagarde y de los Ríos (Ciudad de México, 1948) nació el mismo año en que Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo, el ensayo que sentó las bases del feminismo actual y habló por primera vez de la construcción social de las mujeres. Podían exigir las mismas oportunidades que los hombres y forjar su propio destino sin ajustarse a lo que la sociedad esperaba de ellas.
Es la creadora de la palabra feminicidio. Fue impulsora de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y formó parte de la comisión del Congreso de México que dio seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios. En 2009 tuvo un papel decisivo en la primera sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó con perspectiva de género contra el Gobierno mexicano por el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez.
" Los feminicidios son diferentes de otros asesinatos y homicidios porque se trata de crímenes cometidos contra mujeres, niñas y ancianas por el hecho de ser mujeres. Hay una violencia extrema contra ellas no porque estén en una guerra o en un conflicto armado sino por su condición de género. Cualquier mujer en un país como México está en un lugar de riesgo frente a los hombres, en un lugar de segundo plano. Aunque una mujer sea muy inteligente, muy buena, muy estudiosa y trabajadora…cualquier hombre es superior a ella porque hay supremacismo de género que tiene que manifestarse ejerciendo el poder, y el poder más brutal en caso de lo patriarcal, es arrancar la vida."
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