Y lo mandan a prisión preventiva
La Jueza Daniella Camacho dictó orden de prisión preventiva contra Rafael Correa, ex presidente de Ecuador y Jorge Glas su vicepresidente, por el caso Sobornos 2012-2016.
El Político
Analizó su fallo judicial y pasadas las 19:55 decidió acoger la petición de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva en contra de Correa. e Glas, y para los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solíz. A ellos se los señala como autores de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. La medida también alcanzó al exhombre cercano de María de los Ángeles Duarte, Yamil Massuh.
Para otros procesados, la Fiscal pidió la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad judicial. En la noche, la Jueza aún analizaba la petición. Además, solicitó que a los 22 procesados se les retenga las cuentas bancarias y se les prohíba vender bienes por un monto de USD 7 863 622, 46.
En esta diligencia estuvieron presentes la fiscal general Diana Salazar, la agente investigadora Ruth Amoroso y los abogados de los 22 procesados. En este caso se investigan supuestos aportes ilegales de empresas contratistas a las campañas de Alianza País. Inicialmente fueron procesados los exfuncionarios correístas Pamela Martínez, Laura Terán, Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, por los supuestos delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.
Las coincidencias
Según investigación del diario El Comercio de Ecuador, los números telefónicos hallados en los archivos de Laura Terán, exasistente de Pamela Martínez, eran los mismos registrados en la Superintendencia de Compañías. Los contactos pertenecían a los 11 empresarios que habrían entregado aportes económicos a Alianza País (AP). Así lo señaló la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Ahora, ellos son parte del listado de 22 procesados por la Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016 y se los investiga por posible tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho.
En la audiencia de vinculación, en la Corte Nacional, la fiscal dijo que los contratistas formaron parte de una estructura ilícita liderada por el expresidente Rafael Correa. Ante la jueza Daniella Camacho, la Fiscal dijo que su papel fue entregar dinero, en efectivo o por cruce de facturas. A cambio, ellos obtuvieron adjudicaciones de obra en los sectores estratégicos, que entre 2012 y 2016 fue manejado por el exvicepresidente Jorge Glas, también procesado.
Según la Fiscal, los posibles actos ilícitos de esta organización no se podían haber concretado si Correa no nombraba a Glas en sectores estratégicos, a Walter Solís en la Secretaría Nacional del Agua y a María de los Ángeles Duarte en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Hidalgo & Hidalgo
Salazar alegó ante la jueza que entre el 2013 y 2014 la empresa Hidalgo & Hidalgo ejecutó obras en esas secretarías. Ahora, el superintendente de la Región Litoral de esa empresa es procesado. Él entregó una versión en la Fiscalía, en la que admitió conocer a Martínez, la exasesora de Correa. Dijo haberla llamado para coordinar la visita de autoridades para la inauguración del Trasvase Chongón. En la diligencia también se expuso la factura N° 525, con el que Hidalgo & Hidalgo aparentemente pagó USD 70 000 a un productor de las sabatinas y organizador de eventos de AP.
A través de una pericia realizada por una analista financiera de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía, la Fiscalía estableció que esta compañía entregó por cruce de facturas USD 532 150, mientras que en efectivo habrían desembolsado USD 137 460. En el caso de la compañía Fopeca, la Fiscalía manifestó que en el denominado archivo Verde Final se hallaron correos electrónicos y archivos en Excel, en los que constan los datos de la empresa, como el número de RUC, la dirección y los teléfonos de contacto.
En un correo electrónico enviado por Terán el 13 de abril del 2011, se menciona a un directivo de Fopeca, quien ahora es procesado. “Confirmo a usted la recepción de 20 documentos, los otros 20 se solicita que sean entregados a través de facturas. Las 150 copias del documento aún siguen en mi poder. Por favor instruirme qué hacer en caso de que no vengan a recogerlas”, se lee en el expediente judicial.
Otra empresas involucradas
Para la Fiscalía General del Estado, los directivos de SK, Sanrib, Tecnazul, Sinohydro, Nexoglobal, Metco, Verdu SA y Técnicas Generales de Construcción también habrían ejecutado un papel similar. Sus abogados niegan que haya existido un delito. Sobre Consermin, la Fiscal detalló evidencias que sirvieron para fundamentar la vinculación de dos personas. Salazar dice que en este caso, la propia empresa Consermin certificó a la Fiscalía el número telefónico asignado a uno de ellos, que es el mismo que consta en el archivo Verde Final. En ese mismo documento, los investigadores encontraron reportes sobre los pagos supuestamente desembolsados por esta firma. Por ejemplo, en un archivo Excel se anotó: “Miércoles 13 de noviembre del 2013. Ofreció que el lunes 18 de noviembre del 2013 entregaría USD 100, pero no cumplió. Sigo insistiendo”. Con uno de los empresarios de Equitesa, la Fiscalía mencionó el mismo esquema: conversaciones y entrega de aportes. En los correos de Martínez y Terán se mencionan posibles reuniones con ese directivo. Por ejemplo, el 9 de abril del 2011 se concretó un encuentro en un hotel cinco estrellas, que funciona en Guayaquil.
Este jueves 8 de agosto del 2019, la jueza Camacho convocó a una audiencia para informar sobre su fallo. La diligencia estaba prevista para las 16:00, pero se postergó una hora y media más, pues aún analizaba el pedido de la Fiscalía, de vincular a las 22 personas en el caso. La entidad solicitó prisión preventiva para cinco personas, entre ellos, para el expresidente de la República, Rafael Correa. Para el resto de los sospechosos pidió la prohibición de salida del país
. Los Hechos relevantes del caso:
04/05/2019 Pamela Martínez fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil, cuando intentaba salir del país. Ese día también fue detenida su antigua asistente, Laura Terán.
28/05/2019 Fiscalía y Criminalística se incautaron de computadoras, teléfonos y otros equipos que pertenecían a Martínez y a Terán, que estaban en las bodegas de la Presidencia.
30/05/2019 La Policía allanó un departamento que pertenecía a Martínez. Detrás de una chimenea se encontró una libreta, con manuscritos en donde constan códigos como SP o SVP. 01/06/2019 El exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte fueron vinculados al caso. Vinicio Alvarado logró huir.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/actualidad/fiscal-aportes-empresarios-alianza-pais.html.
Diana Salazar, la Fiscal anticorrupción
La llaman Lady Diana, a esta morena empeñada en luchar contra la corrupción gubernamental.
Desde mayo pasado coordina la reciente creada Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Saltó a la esfera pública luego de que encontrara diez evidencias para procesar al vicepresidente Jorge Glas, en el caso Odebrecht.
Su carrera en esa institución comenzó hace 16 años, cuando aún era una estudiante de Derecho de la Universidad Central. Ahora tiene 36 años. Durante su infancia, en su natal Ibarra, creció apegada a su madre, a quien considera su inspiración.
Cuando tenía 16 años su familia se mudó a Quito. Estudió quinto y sexto cursos en el Colegio Fiscal Juan Montalvo. Hace tres años se casó, pero prefiere mantener la reserva sobre su pareja. Su deseo es enseñar a sus hijos a “trabajar honradamente” como lo hicieron sus padres.
Su primer cargo en la Fiscalía fue de asistente, lo que en esa época se conocía como amanuense. Corría el 2001 y la fiscal general era Mariana Yépez. Esa jurista buscaba gente joven, que se adaptara al cambio del modelo penal, del inquisitivo al acusatorio, que hoy se aplica en la justicia.
