La Fiscal no ha dado prioridad al examen de la situación en Venezuela, pese al carácter continuado, la generalización y el recrudecimiento de los crímenes, son algunas de las conclusiones del informe de la Organización de Estados Americanos.
El Político
El tercer capítulo del nuevo informe sobre Venezuela, publicado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, se centra en las fallas en las que ha incurrido la Corte Penal Internacional en relación con el caso venezolano.
A pesar de que se dispone de información fiable sobre los crímenes la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda no ha dado prioridad a un examen de la situación en Venezuela, pese a que no existen procedimientos internos viables para exigir responsabilidades a los responsables La Fiscal tampoco ha dado prioridad al examen de la situación en Venezuela, pese a haber recibido una remisión regional sin precedentes de seis Estados.
La Fiscal no se ha atenido a los objetivos de política en materia de exámenes preliminares enunciados por la propia fiscalía. La Fiscal no se ha ceñido a los principios de imparcialidad y objetividad al subestimar la magnitud y la gravedad de algunos de los presuntos crímenes. La Fiscal no ha cumplido con los compromisos de los Planes Estratégicos de la Fiscalía para 2016–2018 y 2019–2021 En este informe se destacan cinco deficiencias en el examen preliminar de la Fiscal de la CPI, Sra. Fatou Bensouda, sobre la situación en Venezuela.
Retraso injustificado
La primera falla es el retraso injustificado. El examen preliminar se inició el 8 de febrero de 2018,
pero en los casi tres años transcurridos desde entonces no se ha dado a conocer la fecha en que la Fiscalía podría concluir el examen preliminar y dar inicio a una investigación formal.
En el Documento de política general sobre exámenes preliminares de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se explica que “no existe disposición alguna, ni en el Estatuto ni en las Reglas, que establezca un plazo determinado para la terminación de un examen preliminar” : a diario se registran más crímenes, que van recrudeciéndose; se cuenta con un vasto volumen de información digna de crédito, y no existen procedimientos internos viables contra los responsables. o, en marzo de 2019, nueve procedimientos especiales de las Naciones Unidas emitieron
una declaración conjunta en la que señalaban que “la represión en curso contra [los manifestantes] ha dado como resultado un aumento espectacular de detenciones arbitrarias, asesinatos, redadas y torturas”.
El carácter continuado de los presuntos crímenes que se investigan diferencia la situación de Venezuela de la mayoría de las demás situaciones objeto de exámenes preliminares.
Por ejemplo, los presuntos crímenes objeto de examen preliminar en Colombia, Guinea, Irak/el Reino Unido, Bolivia, y las Filipinas no tienen un carácter continuado en estos momentos, o en la mayoría de los casos los crímenes no tienen un carácter continuado.
Por consiguiente, la situación en Venezuela es comparable sólo a las de Nigeria, los Territorios Palestinos, Ucrania, y Venezuela
Segundo, el examen expedito de la situación en Venezuela se justifica también porque el caso de Venezuela es, para citar las palabras de la propia Fiscal, “la primera remisión realizada por un grupo de Estados Partes respecto de una situación en el territorio de otro Estado Parte”.
Denuncia el documento que los alimentos, medicamentos y otros recursos básicos son utilizados como arma y son empleados como instrumentos de persecución política. Los resultados son sobrecogedores: de acuerdo con datos del Programa Mundial de Alimentos, 9,3 millones de personas (aproximadamente un tercio de la población de Venezuela) sufren de inseguridad alimentaria moderada o grave.61 Se ha informado ampliamente sobre la escasez de agua, electricidad, gas, servicios de telecomunicaciones y combustible.
Además, más de cinco millones de venezolanos han huido del país como resultado de la agitación política, la inestabilidad socioeconómica y la actual crisis humanitaria.
No ha cumplido los objetivos
El tercer punto que cabe destacar es que, hasta el momento, el examen preliminar no ha cumplido los objetivos de política enunciados por la propia Fiscalía para llevar a cabo un examen preliminar, a saber:
Poner fin a la impunidad; la prevención, y la transparencia. Los crímenes perpetrados en Venezuela y sus repercusiones en la población civil van de mal en peor.
En particular, la crisis humanitaria hace estragos en la vida de muchos millones de personas. Incluso antes del inicio de la pandemia, la crisis humanitaria asolaba a Venezuela.
Un informe de abril de 2019 de Human Rights Watch confirmó que “el sistema de salud de Venezuela ha estado en declive desde 2012, y las condiciones han tenido un deterioro drástico desde 2017”.
Un informe de junio de 2019 de un Grupo de Trabajo de la OEA afirmó que “Venezuela vive la mayor crisis alimentaria y nutricional reportada en su historia” y estimó que el número de refugiados venezolanos podría alcanzar 5,75 millones para finales de 2019 y 8,2 millones para finales de 2020.
El 9 de septiembre de 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que “la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente” y que la economía atraviesa lo que podría ser “el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales”
Y en septiembre de 2020, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos declaró en su informe que “Venezuela continúa sufriendo una hiperinflación, una severa escasez de alimentos y medicinas, así como una grave crisis humanitaria, agravada por el COVID-19 ”.
La fiscal no se ha ceñido a los principios de imparcialidad
Al realizar el examen preliminar de la situación en Venezuela, la Fiscal no se ha ceñido a los principios generales de imparcialidad y objetividad. Específicamente, en el Informe sobre las actividades de examen preliminar 2019 la Fiscalía no menciona lo suficiente la magnitud y gravedad de algunos de los presuntos crímenes; esto plantea interrogantes graves sobre la omisión de pruebas fiables por la Fiscalía y sobre su intención de enjuiciar plenamente todos los crímenes perpetrados en Venezuela que son competencia de la Corte Penal Internacional, según señala el último informe de la OEA.
"La Fiscalía adujo la falta de acceso a la información para justificar la demora en la finalización del examen preliminar". Concretamente, la Fiscalía destacó “la forma muy gradual en que se ha recibido información importante, lo que ha tenido un efecto material en la evaluación de la gravedad de la situación” y “el deterioro de la situación en materia de seguridad, que ha dificultado cada día más el acceso a la información”.La Fiscalía explicó también que el proceso de verificación de la fiabilidad y credibilidad de la información recibida puede ser lento.
Ante esta situación el Informe Almagro señala que "Esas consideraciones son razonables cuando están justificadas, pero no son pertinentes en el caso de Venezuela. Hay un volumen realmente abrumador de pruebas fiables disponibles públicamente acerca de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela".
Las Naciones Unidas han publicado como mínimo cuatro informes importantes sobre la crisis (en 2017, 2018, 2019 y 2020), basados en un total de 1.117 entrevistas
Finalmente, la Fiscal no ha cumplido con los compromisos asumidos en los dos últimos Planes Estratégicos de su Fiscalía, que enfatizaban que los exámenes preliminares pueden incluir actividadespreventivas, como declaraciones públicas, y deben realizarse de manera expedita.
El número de investigaciones y condenas es insignificante
En comparación con el número de atropellos hay muy pocas condenas. Se debe reiterar que la ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz ha afirmado personalmente que desde 2015 hasta junio de 2017 fueron asesinadas por el Régimen 8.292 personas, y Foro Penal ha documentado 15.501 detenciones arbitrarias desde enero de 2014.
Más recientemente, entre enero y mayo de 2019, 2.091 personas fueron detenidas por motivos políticos,98 y los cuerpos de seguridad mataron al menos a 2.124 personas por ‘resistencia a la autoridad’.
El número de investigaciones que el Régimen supuestamente está llevando a cabo no demuestra nada.
Aunque no es un requisito formal que la Fiscalía conceda prioridad a las remisiones de Estados Partes, ese hecho por sí solo debería considerarse al menos como una razón para actuar con mayor premuraen la realización de un examen preliminar. A ello se debe añadir que, a diferencia de las situaciones iniciadas motu propio, tratándose de una remisión de Estados Partes, la Fiscal no necesita la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para dar inicio a una investigación formal.
La Fiscalía ha declarado que el examen preliminar persigue tres objetivos de política: a) la transparencia; b) el poner fin a la impunidad mediante la complementariedad positiva; y c) la prevención.
La Fiscalía no se ha atenido a esos objetivos por lo que se refiere a su examen preliminar de la situación en Venezuela. En primer lugar, la demora en la realización del examen preliminar de la situación en Venezuela no ha contribuido a poner fin a la impunidad mediante la complementariedad positiva. De hecho, ha tenido el efecto contrario.
Como ya se ha mencionado, en Venezuela prácticamente no existe responsabilidad interna en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, especialmente en el caso de las más altas autoridades,
ni tampoco existe ninguna perspectiva razonable de mejora en ese sentido en un futuro no muy lejano.
Urge una respuesta de la Corte Penal Internacional
Así pues, la única forma de poner fin a la impunidad es que la Corte Penal Internacional investigue y, potencialmente, enjuicie los crímenes en consonancia con el principio de complementariedad, es decir, en aquellos casos en que el Estado no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo.
En segundo lugar, en lo que respecta a la prevención, se supone que la Fiscalía “procurará cumplir una función de alerta temprana”.
La Fiscalía puede también “emitir declaraciones públicas preventivas con el fin de disuadir el incremento de la violencia y la comisión de otros crímenes [y] hacer una advertencia a los autores […].108 Declaraciones de ese tipo se han emitido en el transcurso de varios exámenes preliminares.
La Omisión de la Fiscal es inexcusable
Considera el informe "que la Fiscal no haya hecho ninguna declaración acerca del deterioro de la situación en Venezuela es tan inexplicable como inexcusable, especialmente ahora cuando el Régimen ha intentado remitir la situación a la CPI".
La Fiscal ha formulado advertencias sobre la violencia, los posibles crímenes y la destrucción de bienes en situaciones que ni siquiera eran objeto de examen preliminar. Es ciertamente oportuno que formule una declaración sobre las alegaciones de los constantes crímenes perpetrados en Venezuela y que son el objeto del examen preliminar.
La transparencia necesaria
Por último, el tercer objetivo de la política enunciada –la transparencia– requiere que la Fiscalía proporcione información al público “a fin de promover una mejor comprensión del proceso e incrementar la predictibilidad”.
Sin embargo, la Fiscalía no ha sido transparente por lo que se refiere a un aspecto clave del examen preliminar: el período de tiempo comprendido en la evaluación que lleva a cabo para determinar la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
Respuesta de la Corte Penal Internacional
La CPI estudiará el informe de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El organismo judicial se manifestó para afirmar que se están siguiendo todos los lineamientos estipulado por el Estatuto de Roma para evaluar los delitos cometidos por el régimen de Maduro
La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se manifestó sobre el informe presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La CPI anunció que está al tanto del reporte de la OEA sobre las violaciones cometidas en el país por el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, afirmó que como tribunal su prioridad es hacer justicia para las víctimas implicadas.
Deplora el sufrimiento de miles de venezolanos
“La Fiscalía deplora el sufrimiento infligido a mujeres, hombres y niños víctimas de presuntos crímenes atroces. Sin embargo, la CPI establece que debe intervenir de acuerdo con el Estatuto de Roma”, recordó en Twitter.
En la plataforma, además, señaló que avanzó de manera importante en su examen preliminar sobre la situación de Venezuela. “Luego de una evaluación exhaustiva, la Fiscalía informó recientemente que en Venezuela se produjeron delitos de la competencia de la Corte”, señaló.
Continuó afirmando que esa evaluación sigue su curso normal actualmente y lo hace en estricto cumplimiento de los criterios legales aplicables establecidos por el Estatuto de Roma.
El examen preliminar
“El proceso de exámenes preliminares garantiza una investigación independiente y sólida y brinda la oportunidad de escuchar a las víctimas, la sociedad civil y los estados. La Oficina del Fiscal aplica este proceso y los altos estándares que lo acompañan de manera consistente”, afirmó.
Durante el examen preliminar, además, se colaboró con las autoridades venezolanas, institutos, organizaciones y múltiples partes interesadas. De esta forma, se recabó información con el fin de abordar los aspectos relevantes para la evaluación.
“La Oficina se esfuerza por completar los exámenes preliminares en el menor tiempo posible. Sin embargo, no comprometerá la calidad y equidad de sus procesos ni permitirá que presiones externas dicten sus conclusiones”, expresó.
