Un mes ha pasado desde que arreció la persecución contra Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), quien se vio obligada a tener que abandonar el país en lancha acompañada de su esposo.
El mundo colocó la mirada en ella luego que fuese destituida del cargo el pasado 5 de agosto por la ANC, que la acusó de haber cometido “actos inmorales”. Ese día, militares tomaron por la fuerza las instalaciones del Ministerio Público en Caracas negándole la entrada. Desde ahí, se imaginó lo que venía.
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Un par de días después, Diosdado Cabello junto a otros constituyentistas acudieron a la Fiscalía para solicitar el retiro de la inmunidad parlamentaria a su esposo Germán Ferrerpor estar supuestamente vinculado a una red de extorsión. El Tribunal Supremo de Justicia lo aceptó y ordenó su detención mientras se desarrollaban las investigaciones. Ya para ese momento Ortega Díaz ya no vivía en su residencia en La Florida, la persecución del Gobierno la obligó a moverse constantemente de un sitio a otro por temor de ser apresada en cualquier momento.
De hecho fue así, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tomaron su vivienda, reventaron las cerraduras y se llevaron supuestas “pruebas” que solo señalaban cómo vivía la fiscal; el chavismo convirtió el allanamiento en un show mostrando haciendo creer que la desterrada del Gobierno vivía entre lujos grandes, con obras de arte que decoraban sus paredes, ropa de marca, etc.
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Por ello, la pareja abandonó el país con ayuda de efectivos de la Guardia Nacional. Primero tomaron una lancha que los llevó hasta Aruba y de ahí un vuelo hasta Bogotá. Desde ese país ha viajado a Brasil y México donde ha denunciado presuntos hechos de corrupción en las que incurrieron Diosdado Cabello con Odebrecht y Nicolás Maduro con los Clap.
