Es difícil encontrar un argentino que no tenga un abuelo, bisabuelo, tío lejano o algún otro antepasado europeo y mencione esa historia familiar de inmigrantes para romper el hielo con un español. A día de hoy, la mayoría de recién llegados proceden de la región -con Paraguay, Bolivia y Perú a la cabeza-, pero Argentina se mantiene como el país con mayor número de extranjeros de Suramérica y su legislación migratoria favorece la rápida radicación de quienes desean vivir en su territorio.
El Gobierno de Mauricio Macri asegura que desea mantener el país abierto a la inmigración, pero prepara cambios en la política migratoria para prevenir delitos cometidos por extranjeros. Los planes de reforma del Ejecutivo argentino han puesto en alerta a activistas, inmigrantes y académicos, que advierten sobre el riesgo de asociar inmigración a delito y más aún en un momento de recesión económica, en el que es más fácil que se propaguen los discursos xenófobos.
"Soy hijo de inmigrante, todos lo somos, y necesitamos seguir recibiendo gente que quiera venir a trabajar, pero también por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para delinquir. Necesitamos articular con los demás países, actuar de manera preventiva", declaró el presidente argentino, Mauricio Macri, en su primera rueda de prensa del año.
El mandatario no es el primero en pedir un cambio, sino que el debate comenzó meses atrás, azuzado por las palabras del senador kirchnerista Miguel Pichetto. "Tenemos que dejar de ser tontos. El problema es que siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú", dijo Pichetto en un programa televisivo. "Perú resolvió su problema de seguridad y transfirió a todo el esquema narcotraficante: las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca", agregó el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria.
LEA TAMBIÉN: Macri bajo la mirada de la oposición por los decretos impulsados
Estos mensajes políticos, dirigidos a una ciudadanía preocupada por la inseguridad, no corresponden con la realidad del país. Argentina tiene un 4,5% de inmigrantes y en sus cárceles los reos extranjeros son el 6% del total, un porcentaje muy similar, a diferencia de lo que ocurre en otros países. En España, por ejemplo, la población inmigrante es del 10,7%, según el último censo, y la población carcelaria extranjera casi triplica ese dato, un 29%.
La legislación migratoria argentina prevé la retirada de la residencia y la expulsión de los argentinos condenados a penas de cárcel superiores a cinco años. En la práctica, su salida "puede demorarse hasta ocho años", hasta que exista un fallo judicial firme, responden a EL PAÍS en Migraciones. Además de agilizar la expulsión de quienes delinquen en Argentina, en el organismo migratorio exigen mejores herramientas para impedir la entrada de extranjeros con antecedentes penales. "Si un narcotraficante cumplió condena en su país, no tiene pedido de captura de Interpol y llega a Buenos Aires, hoy no hay manera de saber su prontuario e ingresa", señalan.
LEA TAMBIÉN: Argentina robustecerá política migratoria para extranjeros que delincan
Como ocurre a menudo en Argentina, el problema no parece ser la ley sino su aplicación. "Lo que hay que modificar no es el marco normativo, sino la gestión, la velocidad con la que actúa la justicia, pero no solo en el caso de migrantes sino para todas las causas del país", opina Leilo Mármora, exdirector de Migraciones (1973-1974) y titular del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la Universidad Tres de Febrero. "La ley de migraciones fue discutida durante años por legisladores, sociedad civil, organismos internacionales… Fue una ley muy estudiada e incorporó todos los compromisos de argentina en el ámbito de materia migratoria", agrega Mármora sobre la norma promulgada en 2004.
Un asesinato que conmocionó al país
El debate sobre la necesidad de endurecer la política migratoria ha cobrado fuerza después del escandaloso asesinato de Brian Aguinaco, un adolescente de 14 años que viajaba en un coche con su abuelo y fue disparado por ladrones durante un robo el mes pasado en Buenos Aires.
Uno de los presuntos criminales es otro adolescente de 15 años, nacido en Argentina, hijo de peruanos con causas judiciales por narcotráfico y residente en una villa miseria de la capital. Debido a su edad, la Justicia lo declaró inimputable y ordenó enviarlo a Lima, donde vive su abuela. Macri recibió este viernes a los padres de Aguinaco y conversaron sobre el proyecto gubernamental para bajar la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a 14.
"Se acerca la época de elecciones y se necesita culpar a alguien de los problemas. El migrante es un chivo expiatorio fácil para culparlo de la inseguridad y de la falta de trabajo", señala Lourdes Rivadeneyra, titular de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados de Argentina. Esta peruana, que reside en Argentina desde hace 24 años, ha detectado un auge de la xenofobia en los últimos meses: "Está volviendo el ‘andate a tu país, boliviano de mierda, delincuente, narcotraficante'".
LEA TAMBIÉN: Argentina prevé mejorar seguridad con nuevo Código Penal juvenil
Afirma que la discriminación se recrudeció tras el asesinato de Brian Aguinaco. "Está en duda si fue Brian (Joel), los testigos no lo reconocieron", dice Rivadeneyra, preocupada por la manipulación mediática del caso. "Sí a la inmigración, pero no a la delincuencia. Hay que separar la paja del trigo", discrepa Juan Sarrafian, titular de la Federación Argentina de Colectividades, quien se muestra partidario de mayores controles en la frontera.
El Gobierno aún no ha detallado cómo modificará la ley, pero el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha tenido acceso al borrador de un decreto que amplía las causas que permiten la detención y expulsión de inmigrantes y modifica los trámites de expulsión para que sean casi inmediatos y sin control judicial ni una defensa legal adecuada, entre otros cambios.
Para esta ONG, el texto supone "una regresión para los derechos de las personas migrantes". En caso de entrar en vigor, tendrá como efecto "la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley". Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, expresa su preocupación porque el Gobierno no haya convocado a actores sociales para debatir la reforma y considera que si se aprueba por decreto reflejará "un déficit democrático".
Mármora cree también que el trasfondo del debate sobre mayores controles migratorios es electoral y lamenta que se vea alentado por el contexto internacional, en especial en Estados Unidos y en varios países europeos. "La identidad cultural de Argentina es el mestizaje entre los que estaban y los que vinieron. Muchos de nuestros abuelos eran pobres, venían con muy poca educación y aquí pudieron progresar. No podemos perder esa riqueza", advierte.
Con información de El País
