El gobierno de Mauricio Macri evaluó que la marcha de la CGT y las organizaciones sociales al Congreso en reclamo de la sanción de la ley de emergencia social resultó menos convocante que lo que se esperaba. La expectativa de los organizadores era de 200.000 personas, pero en los despachos oficiales la estimaban unos en 40.000 manifestantes.
Con ese apoyo relativo y la falta de sustento económico del proyecto de ley, se fortalece en la Casa Rosada la idea de que, en caso de que el Congreso la sancione, Macri podría vetarla, total o parcialmente.
"Fue una marcha más política que otra cosa", dijo a LA NACION un alto funcionario en uno de los principales despachos de la Casa Rosada.
"Nos llamó la atención que los organizadores decían que iban a ir más de 200 mil personas, pero fue menos gente", dijo a LA NACION un ministro que conversó con Macri. El Presidente trasladó su agenda oficial a la residencia de Olivos para seguir la marcha desde allí.
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"Y la verdad es que todas las centrales obreras más las organizaciones sociales sólo junten 40.000 nos parece poco, no es mucho", confió a otro hombre que compartió esas impresiones con Macri.
En la Casa Rosada no perdían de vista que pasado mañana, la cúpula de la CGT se sentará con el Gobierno y los empresarios en la Mesa del Diálogo por la Producción y el Trabajo para seguir negociando el bono de fin de año en el sector privado y el Plan Productivo. La Casa Rosada tiene certeza de que la CGT debe responder a reclamos de los sectores más combativos, pero en el fondo tiene una actitud negociadora.
Los ministros del Presidente consideran que el proyecto de ley de emergencia social, que tiene media sanción del Senado, no será tratado por la Cámara de Diputados durante lo que resta del año parlamentario. Las sesiones ordinarias terminan a fin de mes y el Poder Ejecutivo no incluirá el tema en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Ergo, podría quedar para ser debatido el año próximo en el Congreso y aun así podría no ser sancionado.
En caso de que se apruebe la ley, Macri podría vetarla, tanto en su totalidad como en forma parcial: el proyecto ordena el aumento del 15% en la asignación universal por hijo y la creación de un millón de puestos de trabajo con recursos de impuestos al juego y a la renta financiera.
"Hay que ver cómo sale del Congreso. Crear por ley un millón de puestos de trabajo es voluntarismo puro, no tiene ningún sustento de financiamiento y el texto es pura sanata", dijo a LA NACION uno de los ministros más influyentes.
Los recursos no están previstos en el presupuesto 2017. Cerca de Macri desestimaron las amenazas de sectores sociales que ayer advirtieron que ante un veto, la situación de paz social se podría complicar en diciembre próximo. "Ellos hablan de gravar la renta financiera y el juego, pero no lo hicieron cuando eran gobierno. Además no alcanzaría la plata", decían en Balcarce 50.
Por su parte, Macri siguió la marcha desde Olivos y allí recibió al CEO de la empresa Arcos Dorados (McDonald’s), Woods Staton, que le anunció una inversión de 1000 millones de pesos y la creación de alrededor de mil empleos para los jóvenes en los próximos cinco años.
Por la mañana, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le había atribuido "intencionalidad política" a la marcha. "A muchos debería ponérsele roja la cara de vergüenza por apoyar este proyecto, cuando hace un año hablaban de que teníamos menos pobreza que en Alemania", dijo Triaca en declaraciones a Radio Mitre. "Es una manifestación política. Muchos de los que avalaron esta ley se fueron del gobierno (anterior) sin reconocer la pobreza", aseguró. Por la tarde no habló, pero seguía pensando lo mismo.
Con información de La Nación
