“Nosotros sugerimos que para el año que viene los empresarios negocien cláusulas gatillo con los sindicatos. Que fijen una suba salarial que se actualice automáticamente en caso que quede por debajo de la tasa de inflación”.
El razonamiento pertenece a un funcionario importante de la Casa Rosada. En esa misma línea, avanza también el equipo de la gobernadora María Eugenia Vidal. Las autoridades de las áreas de Trabajo y de Economía de la provincia de Buenos Aires analizan incluir en las paritarias del año que viene una cláusula de monitoreo del salario asociada a la marcha de la inflación que mide el INDEC (ver más en ‘‘En medio de la presión…’).
Para que sea exitosa esta estrategia deben darse dos condiciones. Primero, que los sindicatos en febrero o marzo del año que viene acepten un aumento en sus salarios en función de la inflación futura y resignen lo que perdieron este año. Según cálculos privados, el poder adquisitivo en 2016 caerá 6% promedio -básicamente porque la inflación cerrará en 40% y la suba de los salarios 34% como atestigua el caso de los docentes bonaerenses-. Segundo, para que este plan de las cláusulas gatillo le salga ‘gratis’ al Gobierno, la tasa de inflación efectivamente debe pegarle a la meta de 17%.
¿Qué puede salir mal? Uno, que los sindicatos digan “acepto 17% de aumento para mi salario en 2017 pero quiero también recuperar lo que perdí en 2016: 6%”. Así, los gremios pedirían 23%. ¿Y por qué esto sería malo? Porque aumentaría la chance de que el Banco Central incumpla su meta: la inflación en la Argentina se explica, en gran parte, por la evolución de los salarios (dejando fuera del análisis otras variables como, por ejemplo, el precio del dólar).
¿Cuál es la ventaja para el Gobierno de un acuerdo salarial con indexación? Que tendrá más incentivos a enfocarse en la estabilización y consolidar la desinflación de la economía. Cada punto que baje la inflación significará menos disputas con Baradel o con Moyano.
En el gabinete económico del Presidente Mauricio Macri hay dos visiones sobre el rol del Estado en las negociaciones salariales. Una es la del acuerdo económico y social amplio que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunció por primera vez en diciembre de 2015. La otra, más arraigada en la Casa Rosada y en economistas que acompañan a Macri desde la Fundación Pensar, reza básicamente que el Estado debe sentarse en la mesa de negociaciones entre empresas y sindicatos por sector para guiar las expectativas de la economía. “El Gobierno sólo reafirma su compromiso de bajar la inflación y pone la infraestructura de la macroeconomía para 2017”, dicen cerca de Macri.
Más allá de los roles y etiquetas en estas mesas y acuerdos, de si la que resulta es la fórmula Prat-Gay o de la Casa Rosada, la clave en todo este asunto para que tengan éxito es la coordinación de la política salarial. Los renombrados Pactos de la Moncloa en España fueron, en parte, un acuerdo para bajar una inflación de 26%.
Y en Chile, que empezó con una reducción inflacionaria a partir de 26% en 1990, la clave fue que los salarios pasaron a ajustarse según la inflación esperada y no la pasada. El Gobierno se ilusiona con recorrer el mismo camino. Lo mejor que le puede pasar es que, para febrero o marzo, toda esta negociación ocurra con la economía creciendo y no en recesión.
Con información de EL Clarín
