La resolución de populares, liberales y conservadores y reformistas de la Eurocámara sobre la situación de Venezuela, que consiguió el apoyo, entre otros, de los socialdemócratas, fue aprobada por 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones.
El texto considera apropiadas las sanciones ya aprobadas contra algunos dirigentes, pero apunta a que deberían ser ampliadas para los "principales responsables del incremento de la crisis política, social, económica y humanitaria" en Venezuela.
Asimismo, el texto llama a explorar e incrementar las sanciones económicas y diplomáticas si la situación se deteriora y se nombra a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela.
El pasado 22 de enero la UE formalizó sanciones contra el "número dos" del chavismo, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno; y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol por la represión en Venezuela.
Asimismo, también están en la lista de sancionados por ahora el jefe del servicio de inteligencia, Gustavo González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general, Tarek William Saab, y el ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides.
Más allá de las sanciones, el texto de los grupos conservadores y liberales del PE condenó que la asamblea nacional constituyente haya convocado unas elecciones en abril que consideran que no tienen las suficientes garantías.
En su lugar, reclamarán un calendario electoral viable. Asimismo, se condenó la expulsión del embajador español en Venezuela, Jesús Silva, tras la decisión unánime de los estados miembros de la UE de imponer sanciones a siete cargos del régimen venezolano.
Por último, reclamaron poner fin a la violencia y a la crisis humanitaria en el país, exigieron la liberación de los presos políticos, e insistieron en el envío de una delegación del Europarlamento a Caracas.