A partir del 1 de mayo el régimen venezolano de Nicolás Maduro obliga a las ONG (organizaciones no gubernamentales) a presentar a las autoridades un listado de sus miembros y sus fuentes de ingreso, así como registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.
El Político
Algunos medios locales y agencias internacionales de noticias, entre ellos El País de Madrid, difunde la novedad. Recalca que la normativa constituye un nuevo paso del chavismo para arrinconar a las instituciones de la sociedad civil organizada. Cuando ellas han desempeñado un rol fundamental en la documentación y la denuncia de la crisis de derechos humanos que vive la nación suramericana. Tanto, que en meses recientes sus informes sobre las irregularidades han tenido cabida en las organizaciones multilaterales, entre ellas las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional.
El medio español también comenta que la orden entró en rigor discretamente y sin siquiera haber transitado el camino de un debate político. Se calcula que la medida impactará en los trabajos sociales que ejecutan cerca 700 organizaciones que ahora solicitan la anulación de la normativa que le otorga al régimen la discreción sobre sus movimientos y operaciones.
Una de las primeras organizaciones internacionales que difundió el alerta es Amnistía Internacional, la cual al finalizar la semana exhortó lanzar sin demoras una acción internacional para contener la aplicación del instrumento gubernamental.
? Nicolás Maduro arrincona a las ONG con una nueva legislación “antiterrorista” en Venezuela
Las organizaciones deberán presentar al Gobierno un listado de miembros y sus fuentes de financiación
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— EL PAÍS América (@elpais_america) April 25, 2021
Las ONG venezolanas en el filo de la navaja
Ha sido notorio e incluso el mismo régimen así lo ha confesado, el seguimiento de las actividades que llevan a cabo estas organizaciones. Entre otras cosas contribuyen con el reparto de las ayudas que a Venezuela llegan desde el extranjero. En efecto se han ejecutado múltiples incautaciones de lotes de medicinas y alimentos, allanamientos de locales, detenciones y hostigamientos arbitrarios y más recientemente el congelamiento de cuentas bancarias.
El director de la ONG Acceso a la Justicia, el abogado Alí Daniels, declaró que con el anuncio del régimen se modifican las reglas del juego para las bases del principio de libre asociación. Explicó: “La providencia legal establece también las visitas in situ para verificar la validez de la información suministrada, lo que supone un verdadero peligro de exposición para las víctimas”.
Resaltó además que la legislación internacional sobre la lucha contra capitales ilegítimos no debe interrumpir ni desalentar el trabajo de quienes actúan en defensa de los derechos humanos. Las ONG en Venezuela han actuado en bloque y acudieron a representantes de las Naciones Unidas ( ONU) para presionar por la derogación de la ley.
Las ONG se enfrentan a una providencia con las que pretenden obligarlas a inscribirse ante un registro estadal para dar cuenta de sus financiamientos y beneficiarios. En #CrónicasCrónicas explicamos cómo les afectaría esta ley. Conéctate a las redes de #TalCual este #23Abril pic.twitter.com/nd7kg1IrBN
— TalCual (@DiarioTalCual) April 23, 2021
Agresiones a granel
Uno de los principales promotores del instrumento ha sido el diputado Diosdado Cabello, el número uno del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En su más reciente programa televisivo semanal comentó: “Hay muchas de ellas vinculadas a programas de desestabilización, inclusive terroristas. Dejen el escándalo. Váyanse para Colombia y no se registren, y digan de dónde sacan la plata”.
De acuerdo con la versión informativa del diario digital venezolano TalCual, el más reciente informe de Cofavic (Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo) alerta sobre un incremento solo el año pasado de un incremento del 175% de las agresiones a organizaciones no gubernamentales. Asegura que fueron 216 en total, lo que representa 64% de las 338 registradas desde 2018.
Indica que el mismo Cabello ha reiterado innumerables veces que desde la Asamblea Nacional aprobarán una ley para impedir el financiamiento internacional de las ONG.
La Providencia 001-2021 obliga a las ONG a demostrar que no son terroristas para poder trabajar. Esto viola la presunción de inocencia, derecho constitucional, y refuerza la política del Estado contra quienes defendemos derechos #DefiendeAQuienTeDefiende#IndependenciaParaONG pic.twitter.com/nqK37ltbLs
— COFAVIC (@COFAVIC) April 26, 2021
