De acuerdo con una investigación de El Nacional, Nicolás Maduro pasó de descalificar las sanciones de EEUU a calificarlas de delitos de lesa humanidad.
El Político
La investigación de El Nacional destaca que la propia data manejada por el oficialismo indica que las sanciones no acabaron con la economía de Venezuela ni son el origen de las penurias que ha padecido su población en los últimos 10 años por la escasez de alimentos y medicamentos, inflación, fallas de servicios, caída del poder adquisitivo, reportó ElNacional.
Lo cierto es que la crisis que comenzó con Chávez se expandió en el mandato de Maduro y es la más drástica en la historia de América. Hasta 2019 era considerada la novena más fuerte a nivel mundial en los últimos setenta años.
La explosión de la crisis (en el primer trimestre de 2014) es muy anterior a las primeras sanciones financieras de agosto de 2017 y a las sanciones económicas y petroleras de: noviembre de 2018.
Por ende, las sanciones son posteriores a la crisis y solo agudizan, inexorablemente, un ciclo económico con una muy marcada tendencia recesiva.
Sin embargo, Maduro comenzó a responsabilizarlas del derrumbe de la economía y de todos los males que padecían los venezolanos en el «mar de la felicidad» que prometió Chávez en 1998.
La espiral descendente de sanciones y respuestas
Las sanciones no son simplemente una herramienta de política exterior unidireccional que finaliza con su imposición sobre otro actor. Cuando las sanciones «aterrizan», los gobiernos responden, y los efectos en cadena de esta política tienden a tener consecuencias inesperadas e imprevistas.
En Venezuela, Maduro implementó una serie de medidas para contrarrestar el impacto de las sanciones y, con el tiempo, las usó en su favor, publñicó el portal Nueva Sociedad.
Aplicó una represión focalizada y hostigó a los opositores, especialmente a los integrantes de la Asamblea Nacional.
Además, recurrió directamente a la intervención de partidos políticos opositores y confirmó así una conclusión de la bibliografía especializada: las sanciones tienden a generar regímenes no más, sino menos democráticos.
A fin de proteger la economía y asegurar la supervivencia del régimen en el contexto de hiperinflación y sanciones, el régimen chavista impulsó una serie de reformas que se asemejaban en muchos aspectos a los programas de ajuste estructural apoyados por las instituciones financieras internacionales en la década de 19909.
Pero esta vez no eran alentadas por estas, ni constituían condiciones establecidas por las potencias a cambio de un alivio en las sanciones. Enfrentado a la hiperinflación, el gobierno indujo una drástica restricción del crédito forzando a los bancos a conservar casi 100% de los depósitos como reservas legales.
Tanto se dispararon los precios –hubo una inflación superior a 100.000% en 2018– que las autoridades no dieron abasto con el suministro de billetes y la gente se volcó a los sistemas de pago electrónico. Gradualmente, se fue erosionando la confianza en el bolívar.
Además, las sanciones impuestas sobre personas y empresas vinculadas al gobierno obligaron a venezolanos con buenas conexiones a usar sus dólares en el país en lugar de invertirlos en el exterior.
Esta dinámica de erosión progresiva de la moneda local alcanzó un punto crítico en marzo de 2019, cuando un apagón nacional de más de una semana impidió la realización de transacciones electrónicas. Los ciudadanos de a pie comenzaron a usar entonces dólares estadounidenses para comprar productos de primera necesidad.
Sistema de múltiples monedas
Este sistema de múltiples monedas es desparejo desde el punto de vista geográfico y en términos de estratos sociales.
En áreas rurales, por ejemplo, se ha utilizado el oro, y hasta el café, como medio de intercambio. Mientras tanto, las transacciones en criptomonedas y la triangulación de divisas con ayuda de migrantes en el extranjero se han convertido en algo habitual en áreas urbanas con mejor infraestructura e internet.
El resultado es el surgimiento de un sistema de múltiples monedas, en el que el bolívar venezolano ha dejado de ser el medio de pago más aceptado.
En la actualidad, más de la mitad de las transacciones en Venezuela se realizan en dólares estadounidenses, y en 2022 el gobierno comenzó a permitir que haya cuentas y operaciones bancarias formales en la divisa verde.
Maduro reconoció que, en tiempos de una presión extrema a partir de la hiperinflación y las sanciones, esta dolarización informal ad hoc representaba una «válvula de escape» que la aliviaba.
En contexto
En 2017, pese al crudo lenguaje de la vocería bolivariana contra el imperialismo yanqui y su salvaje capitalismo neoliberal, EEUU seguía siendo el principal socio comercial, por encima de Rusia y China, que solo aventajaban a los estadounidenses en la superioridad del monto de la deuda que Nicolás Maduro y Hugo Chávez contrajeron con ellos.
Entonces, pese a los ingentes recursos obtenidos con los altos precios petroleros, la deuda externa total de Venezuela ascendía a 141.000 millones de dólares. Debía 27.000 millones de dólares a la banca privada internacional, 28.000 millones de dólares a organismos multilaterales –como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional– y 6.000 millones de dólares a Estados Unidos.
El resto eran compromisos adquiridos con China y Rusia. Acuerdos de préstamo y financiamiento que Venezuela pagaba con petróleo y oro. No había sanciones flotantes ni prohibiciones.
Entre 2014 y 2017, Rusia la proporcionó al régimen de Maduro 10.000 millones de dólares en asistencia financiera.
En 2016, la petrolera rusa Rosneft adquirió –a través del descuento de 1.500 millones de dólares de la deuda con Moscú– 49,9% de Citgo, la filial petrolera de Pdvsa en Estados Unidos.
Una verdadera ganga y un enroque estratégico con impacto geopolítico. Al hacerse con la totalidad de las acciones, entraba a competir directamente en el mercado estadounidense, no solo como proveedor.
Asamblea Constituyente obrera vs Asamblea Nacional
A finales de julio de 2017, el Departamento del Tesoro incluyó a Nicolás Maduro en la Oficina de Control de Activos Extranjero.
Pocos días antes había sido elegida la segunda Asamblea Nacional Constituyente en menos de dos década. El PSUV la presentaba como una asamblea obrera, pero claramente se trataba de anular la Asamblea Nacional elegida en 2015, en la cual la oposición era mayoría pese a manipulaciones e intervenciones de Tribunal Supremo de Justicia y su Sala Electoral.
Las sanciones ordenadas por la Casa Blanca estaban dirigidas al ciudadano Nicolás Maduro y a otros 16 funcionarios, no al Estado venezolano ni al país llamado Venezuela.
Se les sancionaba por su intención de destruir el orden constitucional y democrático a través de una írrita Asamblea Constituyente.
Donald Trump había dicho que EEUU “no ignorará los esfuerzos del régimen de Maduro por socavar la democracia, la libertad y el imperio de la ley y estará al lado del pueblo venezolano en su búsqueda de restaurar una democracia plena y próspera”.
A 13 altos funcionarios o socios del régimen castrochavista les retiró la visa, les congeló los activos en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses hacer negocios con ellos.
No dictó un bloqueo de puertos ni la congelación de las cuentas de la República. Continuaba la política que comenzó a aplicarse en 2006, y con los mismos guantes de seda.
No causaban la hambruna, ni aumentaban el desempleo ni la hiperinflación, cuyas causas estaban en Miraflores y la multiplicidad de motores que Maduro anunciaba periódicamente para propulsar la economía y hacer de Venezuela un país potencia y que nunca arrancaron.
El 25 de agosto de 2017, Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual imponía sanciones financieras al gobierno de Nicolás Maduro Moros.
Las medidas prohíben las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal Pdvsa. Igualmente, la negociación de ciertos bonos en manos del sector público venezolano, así como el pago de dividendos al gobierno de Venezuela.
La posición de la Casa Blanca
La Casa Blanca manifestó que «la dictadura de Maduro seguía privando al pueblo de Venezuela de alimentos y medicinas, encarcelando a los miembros de la oposición elegidos democráticamente y reprimiendo en forma violenta la libertad de expresión».
Con sus propias restricciones monetarias, solo el gobierno podía importar alimentos y medicinas. Los alimentos a través de la red de corrupción que montó Saab y las medicinas a través de una triangulación que manejaba Cuba con laboratorios de la India.
EEUU respondía cautelosamente a la decisión de instalar una Asamblea Constituyente ilegítima que «representa un quiebre fundamental del orden constitucional legítimo en Venezuela» y restringir el acceso de Venezuela al mercado de deuda estadounidense.
«Las medidas están cuidadosamente calibradas para privar a la dictadura de Maduro de una fuente fundamental de financiamiento para mantener su gobierno ilegítimo, proteger al sistema financiero de EEUU y evitar ser cómplice de la corrupción en Venezuela y del empobrecimiento de su población; pero se permitirá la asistencia con fines humanitarios», manifestó la Casa Blanca en un comunicado.
La respuesta de Maduro fue ordenar al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Constituyente enjuiciar por «traición a la patria» a los venezolanos que se manifiesten a favor de las sanciones económicas como las impuestas por Trump.
«No son sanciones contra individuos, son contra la economía y contra el pueblo venezolano. Tomaremos las medidas a nuestro alcance para evitar que afecten a los venezolanos», mintió el canciller Jorge Arreaza luego de reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Nueva York, que no declaró al respecto.
El “Estado comunal” y la Venezuela potencia
En 2015, en momentos en que la economía era un submarino hundido, la idea más reactivadora de la producción y el comercio de Maduro fue el establecimiento del Estado comunal y la generalización del trueque como sistema de comercio.
Las cifras eran desconsoladoras. Venezuela era el país con peores resultados económicos. La contracción fue de 5,7% y la inflación se triplicó: 180,9%, la más alta del mundo, al igual que la tasa de homicidios.
La solución de Maduro fue una devaluación de 37% y el primer aumento en veinte años del precio de la gasolina. El PIB del sector petrolero decreció 0,9% y la economía petrolera se desplomó 5,6%. Solo la administración pública, la burocracia, se expandió.
Aumentó 1,1%, indica un informe del BCV. El ente emisor no habla de bloqueo, solo de escasez de productos, de especulación y acaparamiento. Pero sin índices, los dejó de publicar en 2013. Mientras las colas crecen fuera de supermercados y farmacias, Maduro mantiene el control de los dólares y solo el gobierno puede importar.
En marzo de 2015, el presidente Barack Obama declara a Venezuela una «amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos», pero no pasó de ser una formalidad.
Por ley estaba obligado a declarar” una emergencia nacional por la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior que representa la situación en Venezuela”, para poder sancionar a militares.
Visto en los términos taxativos eras razonable que se temiera una declaración de guerra o la autorización de una invasión como las de Santo Domingo o Panamá. Fue mucho menos que el parto de los montes.
Se limitó a sancionar a siete funcionarios señalados de violar DDHH y cometer actos de corrupción. Casi todos policías y militares de los organismos de seguridad del Estado responsables de la salvaje y criminal represión de las protestas antigubernamentales ocurridas un año antes y que dejaron 43 muertos y más de 3.000 detenidos,
«Estamos comprometidos en hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, al proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de EE UU de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela», reiteró la declaración de Washington.
Maduro después de las muertes en las protestas del 12F de Venezuela en las que participaron agentes del Sebin
Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central de las Fuerzas Armadas.
La respuesta de Maduro a «las aberrantes e ilegales medidas de Obama» fue felicitar a los sancionados. «Han recibido una verdadera ‘condecoración imperial’ y he decidido ascenderlos», dijo.
A Gustavo González López lo nombró ministro del Interior Justicia y Paz; a Katherine Harrington la encargó del Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal; y al general Manuel Pérez Urdaneta lo designó viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana.
Su intención, dijo, era demostrarle al mundo «que aquí están profesionales venezolanos –padres, madres de familia–, gente que asume la patria como una pasión, y que no hay amenazas del imperio que detengan a nuestra juventud, a nuestros profesionales y a nuestra patria”.
Las sanciones eran una honra. Después lo pensó mejor y comenzó una campaña publicitaria en la que pregonaba que sus funcionarios «no eran una amenaza sino una esperanza».
#Informate ? Corte Penal Internacional recibió alegaciones de nueve mil víctimas del régimen de Maduro https://t.co/CtsleaOmta
— VeneSys #ALPHA (@VeneSys__Alpha7) May 20, 2023
Pdvsa, sanciones
La segunda década del siglo XXI no fueron años de paz. Los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONG Foro Penal indican que 163 personas murieron –la mayoría con disparos en la cabeza– en las protestas pacíficas salvajemente reprimidas en 2017 por las fuerzas de seguridad del gobierno y los grupos parapoliciales denominados “colectivos”.
Sin embargo, los expertos sugieren que la cifra real sería más alta. Solo entre el 1 de abril y el 31 de julio hubo 6.729 manifestaciones.
Las manifestaciones tenían una sola razón: el colapso del país. La gente pedía pan, electricidad, gas doméstico, agua potable, medicinas y servicio de transporte. Los venezolanos volvieron a la leña para cocinar, y no por moda ni consecuencia de las sanciones a los funcionarios, sino por la incompetencia de los gobernantes.
89% de las protestas exigían derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y 11% derechos civiles y políticos.
Cada día eran más las protestas exigiendo la prestación o restitución del servicio de agua. Ausente en innumerables comunidades por roturas de tuberías problemas con el bombeo. La electricidad era otra calamidad. Hasta una semana podía quedar sin luz una ciudad como Maracaibo o una zona de Caracas.
La indiferencia de la comunidad internacional
La comunidad internacional progresista no mostró su solidaridad y comprensión con el sufrimiento del pueblo venezolano.
En ningún momento los altoparlantes de Maduro en la aldea global vincularon las sanciones, la restricción de visas de altos funcionarios, con la escasez de medicinas o de material quirúrgico, ni la había. Mucho menos se escandalizó de los 15.000 heridos ni de los 3.000 detenidos.
Era tan “normal” que hubiese 431 presos políticos en las mazmorras de los cuerpos de seguridad como que la inflación proyectada para 2018 superara el 1.00.000% y que más 3 millones de venezolanos emigraran.
Aunque desde 2017 al propio Maduro y a sus ministros Vladimir Padrino López, Delcy Eloína Rodríguez Gómez y Jorge Jesús Rodríguez Gómez les suspendieron la visa y les congelaban los bienes en territorio estadounidense, Maduro siguió minimizando la importancia y efectividad de las sanciones internacionales.
Las calificaba de «injerencistas», «inútiles» e «injustas» y de ser parte de una campaña internacional para derrocar su gobierno «que solo afectaban al pueblo venezolano».
Todavía no había descubierto que las sanciones eran coartadas perfectas para achacarles la responsabilidad todos los males existentes en Venezuela.
El guión cubano del bloqueo
El guion cubano del bloqueo. Entre 1995 y 2021, la exportaciones de Estados Unidos a Cuba han tenido un incremento a una tasa anualizada de 25,0%.
Pasaron de 934.000 dólares a 309 millones de dólares. Cuba incrementó sus exportaciones 5,9% anual, se incrementaron de 652.000 dólares en 1999 a 2,9 millones en 2021. Pero no para de quejarse del bloqueo imperialista y de culparlo de todos sus males.
En agosto de 2018, extrañamente, Maduro admitió que las sanciones estaban afectando la capacidad del gobierno para financiar programas sociales y para importar alimentos y medicinas.
La OFAC siguió en sus trece. Amplió en septiembre la lista de venezolanos con prohibición de entrada a territorio estadounidense y con quienes no podían hacer negocios los residentes en EEUU.
Incluyó a Cilia Adela Flores de Maduro, Tareck el Aissami, Diosdado Cabello Rondón y el testaferro Rafael Sarria, a quien le decomisaron un avión de 20 millones de dólares.
El poderoso mensaje de James Story
En 2019, el poderoso embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, intentó «neutralizar» las manipulaciones del régimen de Maduro.
En un mensaje en su cuenta de Twitter en mayo de 2019 compartió con sus seguidores que las sanciones impuestas permiten a las instituciones venezolanas la compra de medicinas, equipos y alimentos.
«“¡Basta de excusas! Es la corrupción y el robo sistemático de recursos del Estado la causa de que los venezolanos sufran tanta miseria!”, insistió.
Por supuesto, un mensaje en Twitter no cambia el rumbo de un gobierno democrático, mucho menos la reingeniería en marcha del socialismo.
Sin embargo, las sanciones aplicadas a individuales han evitado u obstaculizado el saqueo.
Maduro y sus cómplices son el objetivo de las sanciones de los Estados Unidos, no el pueblo venezolano que está luchando por su libertad. #EstamosUnidosVE #5Dic
— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) December 5, 2019
Una oleada de sanciones falsas y unas pocas verdaderas
El desconocimiento de las sanciones y su alcance en grandes sectores de la población ha dado vía libre a la narrativa del castrochavismo.
En un país sin libertad de expresión y con los grandes medios y redes sociales al servicio del régimen obviamente proliferan las leyendas y mitos sobre las sanciones. Así las falsas, las inventadas por el régimen, sextuplican las reales.
Los funcionarios, políticos y el ejército de publicista que sirven al chavismo han impuesto machaconamente que las sanciones son la causa todos los males de Venezuela.
La realidad, con la verdad en la mano, puede ser todo lo contrario. Han impedido un mayor saqueo del país, que ha sido muy grande desde que el MVR, después PSUV, controla el país. Lo que hace es peor que un saqueo.
Las campañas se han dirigido a convencer a la población de que las sanciones han impedido la compra medicinas y tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas o terminales, alimentos, combustibles, repuestos de automóviles y maquinarias.
En la campaña “Los crímenes del bloqueo» afirman sin fundamento alguno que entre 2017 y 2018 habrían muerto 40.000 personas, que 80.000 pacientes de VIH se quedaron sin tratamiento retroviral, 16.000 enfermos renales no pudieron recibir la diálisis y 4 millones de hipertensos o diabéticos no tenían acceso a sus medicamentos. Falso de toda falsedad.
Seguramente las cifras son mucho peores, pero no por las sanciones sino porque el gobierno no permitía la importación de medicinas y alimentos. No vendía dólares a las empresas ni les permitían endeudarse.
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