El número de funcionarios a los que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea aplican medidas selectivas continúa en ascenso; y aunque la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ha sido mantenerlos en los cargos que ocupan, analistas señalan que las disposiciones causan fisuras en la élite del chavismo. La posición de Venezuela ante la comunidad internacional luce resquebrajada debido a la acumulación de denuncias de violaciones de los derechos humanos, la convocatoria a elecciones sin garantías democráticas y el bloqueo a la ayuda humanitaria
La lista de funcionarios del gobierno venezolano que han sido sancionados internacionalmente no hace más que aumentar. Esta semana se sumaron a los que han sido señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, los nombres de Carlos Rotondaro, ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; Nelson Lepaje, ex jefe de la Oficinadel Tesoro Nacional; William Contreras, superintendente de Defensa de Derechos Socioeconómicos, y Américo Mata, directivo suplente del Banco Nacional de Hábitat y Vivienda.
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Su inclusión implica que queda congelado cualquier activo que posean en ese país y prohibida toda transacción entre ellos y los ciudadanos y empresas de la nación norteamericana. Con este reciente anuncio suman ya 78 los funcionarios del gobierno venezolano, incluido el presidente Nicolás Maduro, que han sido objeto de este tipo de decisiones internacionales desde hace tres años, cuando Barack Obama aprobó la orden ejecutiva 13692, que consideraba la situación venezolana una amenaza “inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.
Aquel documento señalaba que las condiciones del país se habían deteriorado debido a la “erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, la reducción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y las violaciones y abusos en respuesta a protestas antigubernamentales, y el arresto arbitrario de manifestantes, así como la corrupción pública”.
En el expediente contra el gobierno de Maduro se han ido acumulado una serie de decisiones que han debilitado aún más su posición, puntualiza la internacionalista Elsa Cardozo. La primera es el bloqueo a la asistencia humanitaria internacional que ha sido solicitada por distintas instancias. La segunda, “la traición al proceso de negociaciones que estaba en marcha, al anunciar, brusca, atropellada y abusivamente una fecha de elecciones sin garantías mínimas para un proceso íntegro”. El tercer elemento ha sido, añade, el cúmulo de violaciones de los derechos humanos, que habían venido ocurriendo desde 2014 y que se hicieron imposibles de ignorar por la comunidad internacional.
Castigo selectivo
Desde la aparición de la primera orden ejecutiva firmada por Obama, las reacciones del gobierno de Maduro ante los anuncios han sido desafiantes y han incluido episodios como felicitaciones públicas a los funcionarios cuestionados y actos grandilocuentes como la entrega de la espada de Bolívar a algunos de ellos. Sin embargo, la procesión va por dentro.
El politólogo e internacionalista Carlos Luna considera que la intención de las sanciones internacionales emitidas tanto por el gobierno estadounidense –56 hasta ahora–, como por Canadá, que suman otras 56, y por la Unión Europea, que ha decidido 7, no es otra que provocar “una reacción en cadena para que las personas que han sido señaladas abandonen el poder cuando vean reducidos sus beneficios y privilegios”.
Hay que tomar en cuenta que en un contexto hegemónico e ideologizado puede ocurrir un cierre de filas, o una cohesión interna, “porque esto se percibe como un ataque externo contra el que hay que defenderse”, dice. Pero también, añade, está latente un efecto dominó que comience a derribar fichas, lo cual, a su juicio, ya está ocurriendo. Cita como ejemplo la remoción de Simón Zerpa de la vicepresidencia de finanzas de Pdvsa. “Sale porque bajo las condiciones que le impusieron las sanciones, le resta capacidad y flexibilidad a Pdvsa para negociar con capitales internacionales, sobre todo estadounidenses. El gobierno se vio obligado a generar un cambio que en otras situaciones no habría emprendido”, afirma.
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El director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, advierte que las sanciones contra funcionarios del gobierno pueden también acarrear un efecto contrario. “Estas medidas tienen evidentemente la intención de hacer que quienes están evitando que haya elecciones transparentes, o están incidiendo para que se declaren ilegales algunos partidos, o están protagonizando actos de represión, depongan su actitud; pero la cuestión es que quien se ve sancionado, sobre todo si ostenta poder, tiene menos incentivos para abandonar su actitud porque ya la consecuencia que podía temer se produjo”.
Sin embargo, apunta Cardozo, es necesario sopesar la presión que las medidas generan. “Se trata de una condena tremenda para la persona cuyos bienes son congelados, y que además entra en una lista de observación muy estrecha por parte de todo el sistema internacional”.
Las sanciones aprobadas por la Unión Europea están entre las que han tenido mayor impacto, considera. “Aunque fueron tomadas contra pocos funcionarios, descansaban sobre la base del diagnóstico que se había hecho previamente, en noviembre, sobre la situación venezolana”. Las conclusiones que el consejo de la UE había dictaminado en esa oportunidad sobre Venezuela recogían las denuncias acerca de la falta de transparencia de las elecciones de gobernadores y los cuestionamientos contra la asamblea nacional constituyente.
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Las medidas que se anunciaron entonces consistían en “un embargo de las armas y el material afín que pueda utilizarse para la represión interna y un marco jurídico para la prohibición de viajar y la inmovilización de activos” contra personeros que, señalaba el documento, “participan en el incumplimiento de los principios democráticos y del Estado de Derecho y la violación de los derechos humanos”.
La UE anunció en enero una lista de sancionados que incluía a cabezas de los poderes públicos como la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, además del ex vicepresidente Diosdado Cabello; el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo González, y el ex comandante de la Guardia Nacional Antonio Benavides.
Cardozo destaca que la lista fue muy selecta y las medidas afectaron tanto las finanzas de los involucrados como sus posibilidades de movilizarse a otros países. Desde el punto de vista político este paquete de sanciones fue particularmente significativo, por las adhesiones que generó, agrega. “La UE tiene un sistema complejo de toma de decisiones que puede poner de acuerdo a casi 30 países, y en este caso, al final, fueron incluso más porque naciones que aspiran a entrar en esa comunidad también se sumaron a la condena”.
Llama la atención sobre el hecho de que Estados que han sido afines al gobierno venezolano, como Portugal y Grecia, también dieran su apoyo. “Esto tiene un peso muy importante, porque es un conjunto diverso de naciones que coinciden en que Venezuela presenta una situación muy compleja”.
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Esto ha tenido un efecto deslegitimador para el gobierno venezolano. “No fue poca cosa la advertencia que ese conjunto enorme de países hizo antes de la elección de la constituyente; y además, incluso después de su ratificación, cuando tampoco la reconocieron. Esto le resta al gobierno un piso político muy importante y ha limitado su margen de maniobra ante la comunidad democrática internacional”, destaca.
Está sobre la mesa el desconocimiento del resultado de las elecciones presidenciales, “que no cumplen con las garantías democráticas fundamentales”, agrega. “Es evidente la pérdida que ha sufrido el gobierno venezolano de su margen de maniobra política y de confianza. Tiene no solo vientos, sino también toda una tempestad en contra”.
Reacciones en cadena
El 24 de agosto la OFAC publicó la orden ejecutiva 13808, en la que establecía sanciones financieras contra el país, entre otras la prohibición de nuevos endeudamientos con Petróleos de Venezuela y la adquisición de bonos emitidos por el gobierno antes de la fecha de la disposición.
El documento firmado por Donald Trump señalaba que las nuevas medidas se tomaban ante otras acciones del gobierno venezolano, entre ellas “abusos graves contra los derechos humanos y las libertades fundamentales; responsabilidad por la profundización de la crisis humanitaria, y el establecimiento de una asamblea constituyente ilegítima, que ha usurpado el poder de la Asamblea Nacional democráticamente elegida y de otras ramas del gobierno”.
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La reacción de Maduro frente a las medidas fue airada y les atribuyó, entre otras cosas, la violación de “la legalidad internacional, la carta de Naciones Unidas y ratificar un camino imperial de agresión contra Venezuela, América Latina, el Caribe y los pueblos del sur”.
Las recientes medidas contra funcionarios del país emitidas por el gobierno de Trump vinieron aparejadas con el veto contra el petro, la criptomoneda creada por el gobierno venezolano que el secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin, calificó de “una maniobra para eludir las sanciones”.
Sin embargo, para Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, en lo económico “las sanciones llegaron después de que el gobierno ya había hecho daño al interés que cualquier prestamista podía tener con Venezuela”. Le parecen particularmente relevantes las consecuencias desde el punto de vista de costo-reputación que la firma Goldman Sachs admitió que había sufrido después de la compra de bonos de Pdvsa con 69% de descuento.
Varios grupos e intermediarios, entre ellos Citibank, habían señalado, antes de la difusión de las sanciones, que no iban a aceptar más deuda venezolana, agrega. Algo similar ocurrió con el veto contra el petro “porque efectivamente llegó cuando ya se había perdido cualquier interés en la criptomoneda”.
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En su opinión, no hay forma de que las sanciones puedan servir de excusa al gobierno venezolano para explicar la crisis. “Han sido más una declaración de principios del gobierno estadounidense, porque el grave deterioro a la capacidad del país para recibir créditos lo provocó el propio Maduro, con sus políticas económicas y al carecer de un régimen cambiario”.
Cardozo apunta que las sanciones financieras que se impusieron en agosto han tenido un efecto mucho mayor del que se podría haber desprendido del documento inicial. “Muchos bancos empezaron a tomar medidas para protegerse porque no es solamente Pdvsa la que fue sancionada, sino que también se exponían a eso todos los que directa o indirectamente participen en operaciones con ella. Credit Suisse fue el primero que anunció que prohibía a sus operadores negociar bonos en Venezuela. Luego Petrochina hizo una exhortación pública para que se evitara cualquier participación con Pdvsa, y después Deutsche Bank hizo otra advertencia”.
Luna apunta que hay que tomar en cuenta lo que en el futuro pueden representar las sanciones para definir lo que ocurrirá con capitales vinculados a la corrupción o al lavado de dinero. “Pueden dejar una puerta abierta para la repatriación de recursos relacionados con apropiación indebida”, dijo.
Lealtades peligrosas
Cardozo afirma que está claro que, en lugar de excluir a los funcionarios sancionados, la política general del gobierno ha sido mantenerlos en sus puestos o colocarlos en cargos de mayor importancia con el fin de asegurar su lealtad. “Considero que de esta manera quiere evitar que procuren una transacción o negociación para mejorar su situación o algún beneficio. De hecho, cuando observamos la lista de los señalados, podemos ver que aquellos que están hipersancionados se mantienen en cargos importantes o han sido promovidos”.
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Alarcón, sin embargo, no descarta que en algunos casos las medidas puedan incentivar una reconsideración de la participación de funcionarios, por ejemplo, en actos represivos. “Quienes todavía no han sido sancionados terminan viendo a quienes sí lo han sido como un ejemplo de la posición en la que podrían estar si se mantienen cerca del grupo que trata de evitar el cambio político”, apunta. “Quien ya está sancionado ve sus costos de salida por un cambio político más elevado, pero quien no lo ha sido tratará de mantener sus costos bajos”.
Luna recalca que la intención de las sanciones no ha sido otra que generar una fisura en la cohesión de la élite gubernamental, “para que con el paso del tiempo se convierta en una grieta,genere un quiebre y abra la posibilidad de una transición”.
Cronología de piezas que caen
Estados Unidos
15 de marzo de 2015
Primeros nombres
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos da a conocer una primera lista de sancionados. El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió la Orden Ejecutiva 13692, en la que califica la situación de Venezuela de una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad y la política exterior de su país. Con ese argumento declaró una emergencia nacional para enfrentarla.
Estados Unidos
18 de mayo de 2017
Magistrados cuestionados
En 2016 el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decreta estado de excepción y emergencia económica, que le permite imponerse sobre el resto de los poderes públicos. La medida ha sido ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia hasta hoy. El organismo, además, declaró “nulo e ineficaz” cualquier acto de la Asamblea Nacional que lo contravenga. Este fue uno de los argumentos sobre el que se basó la sanción que aprobó Estados Unidos contra ocho magistrados.
Estados Unidos
26 de julio de 2017
Contra la ANC
El Ejecutivo nacional anuló definitivamente al Poder Legislativo venezolano con la convocatoria a elecciones de una asamblea nacional constituyente. Los cuestionamientos sirvieron de base para que la OFAC decidiera anunciar otras sanciones contra 13 funcionarios del gobierno, con la aspiración de influir para que se detuvieran las votaciones que se realizarían cuatro días después. Algunas de las figuras incluidas en la lista habían sido acusadas de actos de corrupción en Pdvsa y Cencoex.
Estados Unidos
31 de julio de 2017
Maduro entra en juego
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue sancionado un día después de las elecciones de la ANC que, según señalaba el comunicado de prensa difundido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, “aspira ilegítimamente a usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacionalelegida democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario sobre el pueblo de Venezuela y representa una ruptura en el orden constitucional y democrático”.
Estados Unidos
9 de agosto de 2017
Constituyentistas en la mira
Ocho funcionarios públicos que organizaron la asamblea nacional constituyente pasan a engrosar la lista de la OFAC, entre ellos la rectora del CNE Tania D’Amelio y varios constituyentistas. Para ello se invocaba nuevamente la orden ejecutiva 13692 y se señalaba que estos ciudadanos habían participado en acciones antidemocráticas. Como era de rigor, se congelaron todos sus activos en Estados Unidos y se prohibió a los ciudadanos de ese país toda transacción con ellos.
Canadá
9 de septiembre de 2017
Frente a la represión
El gobierno canadiense aplicó sanciones a 39 funcionarios venezolanos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro y a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Además de los actos inconstitucionales relacionados con la ANC y la represión durante las protestas en Venezuela, se incluyó como argumento el “cierre de canales de televisión y estaciones de radio, el bloqueo de canales de páginas web y la intención de censura de las redes sociales”.
Canadá
3 de noviembre de 2017
A favor de las víctimas
Bajo la Ley de Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos se sancionó a 19 personeros del gobierno. Se menciona nuevamente al presidente Nicolás Maduro, al vicepresidente Tareck el Aissami y al director del Sebin, Gustavo González. Además de congelación de activos, se prohibió a los canadienses negociar con los señalados.
Estados Unidos
9 de noviembre de 2017
Corrupción y censura
Luego de las elecciones regionales del 15 de octubre, nueve nombres se añadieron a la lista OFAC con el argumento de que habían participado en las irregularidades electorales que contribuyeron con el triunfo del oficialismo. Asimismo, se sancionó a funcionarios que fueron vinculados con actos de censura en medios de comunicación y con la corrupción en programas de alimentos administrados por el gobierno.
Estados Unidos
5 de enero de 2018
Presión militar
El año nuevo se inició con otros cuatro sancionados. Se incluyó al general de la GNB FabioZavarse, a quien se le acusaba de actos de represión. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el ex gobernador de Bolívar Francisco Rangel y el ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz, Gerardo Izquierdo, fueron sancionados por estar supuestamente vinculados a incidentes de corrupción.
Unión Europea
22 de enero de 2018
Lista selecta
Los cancilleres de la UE impusieron sanciones a siete funcionarios públicos del gobierno. Violaciones de los derechos humanos y el quebranto de la democracia en Venezuela fueron los motivos citados para impedir a estas figuras viajar y movilizar sus activos dentro de los países dela UE. Entre los sancionados destacaron las cabezas del CNE y el TSJ, Tibisay Lucena y Maikel Moreno.
Estados Unidos
18 de marzo de 2018
Por la crisis humanitaria
Se agregaron cuatro funcionarios y ex funcionarios gubernamentales a la lista OFAC. La medida pretende, según el comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense, contribuir a acabar con “la mala gestión económica y la corrupción” de Venezuela. Las sanciones se vinculan a las acciones del gobierno que dieron lugar a la hiperinflación, la escasez de medicamentos y alimentos y la crisis humanitaria.
Vía: El Nacional
