Pero algunas de la más de media docena de mociones introducidas por los abogados parecen estar más dirigidas a brindar protección a la pareja presidencial que a los propios acusados, al exigir que las autoridades revelen la identidad personas que podrían estar implicadas en el caso, así como cualquier información que incrimine a Flores, al régimen de Maduro o la campaña oficial de las pasadas elecciones de diciembre.
Y en lo que quizás podría ser más importante, los abogados también pidieron la exclusión del juicio de las confesiones que brindaron los sobrinos –Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas– después de ser arrestados, en las que los acusados vincularon directamente a algunos de las personas más poderosas del chavismo.
“Parte de las mociones introducidas tratan de obligar a las autoridades a divulgar qué es exactamente lo que tienen sobre la pareja presidencial y otras personas del chavismo y en otras tratan de conseguir que éstas no aparezcan en el juicio, para que no salgan directamente implicadas”, agregó De La Cruz.
Campo Flores y Flores de Freitas están acusados de conspirar para importar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Los jóvenes de 29 y 30 años, respectivamente, se encuentran detenidos en Nueva York y están siendo procesados en la Corte Federal de Manhattan.
Una de las mociones presentadas por las firmas de abogados, solicita expresamente a la fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York que se les suministre cualquier información obtenida por la Agencia Antinarcóticos (DEA) que vincule a la pareja presidencial con el caso de los sobrinos.
“En vista a la necesidad de prepararse adecuadamente para el caso […], los acusados solicitan la inmediata divulgación de […] evidencia relacionada con el interés del gobierno [de Estados Unidos] en los acusados, incluyendo toda evidencia e información relacionada con la investigación, encausamiento o arresto de los acusados que involucre a la administración de Nicolás Maduro, de Venezuela; a su esposa Cilia Flores, o las elecciones en Venezuela de diciembre del 2015”, manifiesta el documento.
Los abogados –pertenecientes a las prestigiosas firmas Sidley Austin LLP y Boies, Schiller & Flexner LLP– también solicitaron que la fiscalía dé a conocer las otras personas que estén implicadas en el caso, aun cuando estas no hayan sido procesadas formalmente.
“Es apropiado que el gobierno dé a conocer los nombres de ‘co-conspiradores no acusados’ que el gobierno considere podrían haber sido ‘cómplices’ de la conspiración criminal y sujetos de las pruebas que piensan introducir en el juicio, incluso si esos individuos no forma parte de la lista de testigos”, declara otra las solicitudes.
Las mociones introducidas por los nuevos abogados contrastan con la inacción de sus antecesores, quienes por meses trataron sin éxito de trazar una estrategia legal que les permitiera superar la extensa evidencia contra los sobrinos obtenida por la DEA, el deseo de los acusados de entrar en algún tipo de acuerdo extrajudicial para recortar la sentencia y las presiones ejercidas por Caracas para que los jóvenes no colaboren con las autoridades estadounidenses.
