Los maestros en Argentina han puesto contra las cuerdas al gobierno del presidente Mauricio Macri. Las últimas medidas de las fuerzas de seguridad han indignado a un gremio cuyo reclamo de sus exigencias sigue en escalada.
Ramón Rodríguez Bello / El Político
La última medida para hacerse sentir en el país fue la convocatoria a una huelga nacional de 24 horas este martes en rechazo a la violencia con la que, según los docentes, la policía actuó el pasado domingo para desalojarlos de una protesta en Buenos Aires, capital argentina.
El llamado fue claro. “Paro general contra la represión; no se toca a los maestros”, dijo en una rueda de prensa, Sonia Alesso, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), quien también exigió la renuncia del ministro de Educación argentino, Esteban Bullrich, y solicitó al Gobierno que cumpla con la ley.
Exceso de violencia
Los maestros rechazaron que la Policía Federal los reprimiera por tratar de instalar una carpa frente al Congreso nacional, en Buenos Aires, para ofrecer clases populares, una actividad con la que querían protestar por mejores salarios.
Cuando las autoridades se acercaron para desinstalar la tienda, los maestros bloquearon el paso con una cadena humana. Inmediatamente, los funcionarios usaron gas pimienta y forcejearon con los manifestantes para cumplir con su cometido. El saldo fue de al menos cuatro docentes detenidos, que fueron liberados esa misma madrugada.
El gobierno local argumentó que los docentes “no tenían ningún permiso” para instalar estas “escuelas itinerantes”. Clara Muzzio, subsecretaria de Uso del Espacio Público del gobierno porteño, aseguró en entrevista a Radio La Red que los funcionarios "se acercaron y le solicitaron el permiso. Dijeron que lo tenían, pero nunca existió".
Sin embargo, el viernes antes de la actividad, Eduardo Pereyra, secretario de Relaciones Internacionales de Ctera, presentó una carta formal ante la Jefatura de Gobierno anunciando la realización del acto del domingo frente al Congreso. A lo que Muzzio respondió que el documento no cumplía con todos los requisitos para el uso del espacio público.
Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, aseguró que la orden de reprimir vino directamente de la Casa Rosada (residencia presidencial): “Nos dijeron que hubo una orden directa de la Presidencia de la Nación. La policía nos agredió, no hay ningún docente agrediendo a la policía. Nos pedían que modificáramos la protesta con una forma creativa y miren qué pasa. Parece que ante cualquier palabra que al gobierno no le guste va a actuar con represión. Eso no es un gobierno democrático”.
El suceso fue motivo ideal para que los opositores a Macri expusieran nuevas críticas, como la ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, el Ejecutivo nacional tuvo que rectificar. “La policía actuó defensivamente. Los permisos van a ser otorgados, pero hay que hacer las cosas bien”, expuso Diego Santilli, número dos del ayuntamiento de Buenos Aires y un hombre importante dentro del macrismo.
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Macri, Bullrich, Amadeo, Alonso, en la Carpa frente al Congreso que armaron en 2013 contra el proyecto de reforma judicial. #carpablanca pic.twitter.com/lKhYOP1bUK
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 10, 2017
Las exigencias
Aunque la principal razón para protestar contra el gobierno es que el aumento salarial supere el 18% fijado por el gobierno de Macri, no es la única demanda de los maestros. También exigen que el ministerio de Educación convoque a “paritarias nacionales”, como establece la ley, para iniciar a partir de allí las discusiones provincia por provincia. A lo que el gobierno de Macri se niega porque considera que las realizadas en 2016 ya establecieron una actualización automática con base en el valor del salario mínimo, que el año pasado aumentó 18% en una país con una inflación de 40%.
En aquella oportunidad, algunas provincias ofrecieron aumentos salariales a maestros de distintas jurisdicciones. Sin embargo, se impuso la subida de 18% propuesta por la provincia de Buenos Aires, que reúne a casi la mitad del gremio en el país.
“No hemos tenido una oferta insuficiente, ni siquiera hemos tenido una oferta. Han intentado poner a los docentes como victimarios y a los alumnos como víctimas, pero en realidad somos alumnos y docentes víctimas del incumplimiento del Gobierno nacional de la ley que establece paritarias federales", explicó el secretario general de , el gremio de los docentes privados, Mario Almirón.
