La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala Blanca Stalling, procesada ya por tráfico de influencias, deberá ser sometida a un nuevo proceso de antejuicio por otro delito que le imputa el Ministerio Público (MP).
Esa fue la opinión de Rosmery López, jueza de paz de turno, en la audiencia de primera declaración a la que fue citada la magistrada este sábado por la resistencia a su arresto y porte de arma de fuego el pasado miércoles cuando fue detenida por las autoridades.
"Debe ser el Congreso el que autorice la formación de una nueva causa", argumentó López y explicó que Stalling continúa siendo magistrada porque solo está separada del cargo con goce de salario.
Agregó que de oficio su Juzgado solicitará ante quien corresponda el nuevo antejuicio contra la funcionaria judicial porque sigue gozando de inmunidad.
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Aclaró que el Congreso solo le levantó la inmunidad para que fuera procesada por el delito de tráfico de influencias y no por otro delito que hubiera cometido en flagrancia.
López dijo que, de tal cuenta, se inhibía de conocer este proceso en contra de Stalling, que seguirá en prisión preventiva ordenada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.
El Ministerio Público aceptó la resolución de la jueza.
Stalling, de 60 años, fue trasladada esta mañana desde la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala, donde guarda prisión preventiva, hacia la Torre de Tribunales, para la audiencia.
Esta audiencia fue suspendida el viernes debido a que su abogada solicitó al Ministerio Público una copia del expediente.
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Según el parte de la Policía Nacional Civil (PNC), al momento de ser capturada el pasado miércoles en un edificio de apartamentos en la zona 9 de la capital, la jueza portaba una pistola con la que iba a disparar a los agentes captores y luego se suicidaría.
Stalling fue procesada y enviada a prisión preventiva el pasado jueves por el juez Adrián Rodríguez, del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal por el delito de tráfico de influencias.
Según las investigaciones preliminares, la funcionaria judicial se aprovechó de su posición para presionar al juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, que conocía un caso en el que está involucrado su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social.
Con información de: EFE