El Político.- Para un abogado de cualquier parte del mundo, ser escogido como miembro del más alto tribunal de justicia de su país significa un gran honor y, con frecuencia, la coronación a una carrera profesional exitosa.
Sin embargo, para los 33 magistrados juramentados el pasado 21 de julio por la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, su nombramiento ha supuesto el tener que esconderse o escapar del país para evitar la cárcel.
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Y es que los designaron en el marco del choque institucional que se vive en Venezuela entre la AN de mayoría opositora y el resto de los poderes, controlados por el oficialismo.
Inmediatamente después de su juramentación, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó a las autoridades aplicar "acciones de coerción" en su contra, acusándoles de usurpación de funciones, mientras que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que los apresaría "uno a uno" y les congelaría sus bienes.
Los nuevos magistrados fueron nombrados para sustituir a otros tantos que habían sido designados por el Legislativo anterior en diciembre de 2015, que la oposición considera ilegítimos.
El año pasado, la nueva Asamblea Nacionalinvestigó esos nombramientos de 2015 y denunció que fueron hechos de forma irregular, pero el TSJ -al que la oposición acusa de estar cooptado por el Ejecutivo- los considera válidos.
El magistrado Ángel Zerpa, al centro de la imagen, pasó un mes detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
Ahora, mes y medio más tarde de la juramentación de los jueces seleccionados por el nuevo Parlamento, al menos 18 de estos salieron del país sudamericano y 8 buscaron refugio en embajadas en Caracas.
Además, otros dos renunciaron a sus cargos tras ser detenidos y uno, el magistrado Ángel Zerpa, fue arrestado al día siguiente de su designación y permaneció recluido durante un mes de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), hasta que la semana pasada se le concedió la libertad condicional.
Los demás se encuentran en paradero desconocido.
Pese a que los magistrados se encuentran disgregados, se mantienen en contacto y trabajan de forma conjunta en un mecanismo para "crear o representar al Tribunal Supremo" fuera de las fronteras de Venezuela.
La iniciativa cuenta con el respaldo de una nueva ONG llamada Tu País Foundation, creada en Florida por un grupo de venezolanos que impulsa el proyecto Democracia en el Exilio mediante el cual buscan facilitar el desempeño de los funcionarios venezolanos (magistrados, alcaldes, parlamentarios, etc.) que están en el exterior.
BBC Mundo conversó en Miami con Pedro Troconis, Antonio Marval y Alejandro Rebolledo, tres de los 11 magistrados que se encuentran en Estados Unidos, quienes explicaron cómo funcionaría este tribunal en el exilio que -según afirman- es inédito en el mundo.
Buscando justicia
"Después de estudiar la Constitución y la Ley del TSJ concluimos que podemos constituirnos como tribunal y sesionar en el exilio. Una vez que se juramenta, un magistrado tiene todas sus atribuciones. En ninguna parte se establece que esa condición cesa al salir de las fronteras del país", adelanta Troconis, quien fue nombrado como miembro de la Sala de Casación Penal del TSJ.
Troconis asegura que no han perdido sus atribuciones por el hecho de estar fuera de Venezuela.
Aclara que, dadas las circunstancias, no podrían emitir sentencias pero sí pronunciamientos que sirvan para "conseguir algún tipo de justicia, aunque no sea en Venezuela".
Señala que trabajarían en conjunto con la defenestrada fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien en los últimos tiempos ha hecho numerosas denuncias sobre supuestos delitos cometidos por funcionarios del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Ortega se encuentra también en el exilio, luego de haber sido destituida por la Asamblea Nacional Constituyente -una suerte de suprapoder electo a iniciativa de Maduro y desconocido por la oposición-, tras haber sido tachada de traidora por dirigentes del chavismo y, más recientemente, acusada de supuestos actos de corrupción.
"La idea es que ella presente esas pruebas para nosotros sobre esa base emitir un pronunciamiento y, en conjunto con la fiscal, llevar esos recaudos ante instancias como la Corte Penal Internacional o las autoridades de otros países donde esos hechos puedan ser sancionados", indica Troconis.
Los magistrados aclararon, no obstante, que tienen previsto reunirse con Ortega pero aún no lo han hecho.
Más allá de la polarización
"El TSJ les acusa de usurpación de funciones. Siendo así, ¿qué validez tendrán sus decisiones?", preguntamos.
"Fuimos elegidos en un proceso que duró casi seis meses y que cumplió con todas las etapas y plazos legales. Ellos (el Parlamento anterior) obviaron esos pasos. En ocho días no pueden haber escogido unos magistrados legítimos", destaca Marval, quien fue juramentado como miembro de la Sala Político-Administrativa del TSJ.
Marval: "No requerimos protección del Parlamento ni de nadie"
Rebolledo, por su parte, aboga por desmarcarse de la polarización política.
"Nosotros no somos jueces de oposición ni de gobierno. Somos magistrados de Venezuela. Si en estas investigaciones que hacemos hay gente vinculada de cualquier lado igual vamos a ir por ellos. Los ciudadanos no quieren una justicia selectiva, como la que ha habido hasta ahora. Venezuela tiene sed de justicia", afirma.
"Nos cambió la vida por completo"
"Por tierra, mar y aire", es la expresión que usa Marval para explicar cómo salieron de Venezuela mientras eran buscados por funcionarios del Sebin.
"Desde el punto de vista personal, en un mes nos cambió la vida por completo", agrega.
No era una situación inesperada. Troconis explica que antes de ser juramentados cada uno de ellos había tomado las medidas de seguridad que consideraba necesarias.
Relatan que, de hecho, se salvaron de ser apresados el mismo día que el magistrado Ángel Zerpa, quien poco antes de su detención había participado en una reunión con otros 20 jueces.
El Tribunal Supremo de Justicia acusa de usurpación de funciones a los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional.
Pero ¿esperaban este desenlace?
"Era una de la opciones", replica Troconis. "También estaba la posibilidad de que ellos nos reconocieran como magistrados y nos permitieran el acceso al TSJ. Eso último era lo que debía ocurrir y es lo que está en la Constitución. Ahora, que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro no lo permita es otra cosa".
Ante las afirmaciones de algunos miembros de la oposición venezolana que consideran que el Parlamento debió haberles dado protección, ellos disienten.
"La Asamblea Nacional cumplió con su cometido, que era la designación de los magistrados. Desde ese momento nos convertimos en magistrados de Venezuela y no requerimos protección del Parlamento ni de nadie", apunta Marval.
"No estamos en plena posesión de nuestros cargos en Venezuela, como debería ser, pero estamos en una función más importante no solo en aras de la justicia, sino del restablecimiento de la democracia en el país. El trabajo realizado este mes ha sido de vital importancia", agrega en referencia a los contactos realizados en la OEA (Organización de Estados Americanos) y con autoridades de varios países de América Latina y de Estados Unidos.
Justicia internacional
Esas reuniones son una parte fundamental de la iniciativa del tribunal supremo en el exilio, cuya acción se basaría fundamentalmente en dos instrumentos legales: el Estatuto de Roma, que rige el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como Convención de Palermo.
Rebolledo: "Los ciudadanos no quieren una justicia selectiva, como la que ha habido hasta ahora. Venezuela tiene sed de justicia".
Estas herramientas permiten perseguir la comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, así como la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo.
Según Troconis, la aplicación de estas normas puede derivar en peticiones de extradición o en órdenes de captura internacional contra los presuntos responsables de estos delitos.
"La Constitución prohíbe la extradición de nacionales, pero al hacer la solicitud se pone el ojo de muchas organizaciones internacionales sobre Venezuela. En el caso de las órdenes de detención internacionales, significarían en la práctica que se le estaría imponiendo una cárcel a estas personas: Venezuela. Ya no podrían viajar fuera del país ni ir a visitar a sus familiares en el extranjero", apunta.
Rebolledo, quien lleva años especializado en el tema del combate contra el crimen transnacional, señala que la situación venezolana es apta para la aplicación de esta legislación.
"En Venezuela gobierna la delincuencia organizada. Tiene el control del Estado, se infiltró en los poderes y hace parte de ellos", señala.
Recuerda que hay 37 funcionarios del gobierno de Maduro, incluyendo al propio mandatario, que están sometidos a sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) de Estados Unidos, donde existe un programa específico para Venezuela.
"Estar en esa lista implica la muerte financiera de alguien. La OFAC hace un escrutinio que va mucho más allá de la persona que está en la lista, alcanzando a sus socios y relacionados. Poco a poco se verá cómo estas personas pierden sus créditos y sus oportunidades de hacer negocios", vaticina.
Una de las prioridades en este momento, de acuerdo con los magistrados, es lograr que los países de América Latina y de Europa asuman también la aplicación de esas sanciones.
Aseguran que hasta ahora han recibido una respuesta positiva de Perú, Panamá, Colombia y Argentina. Próximamente viajarán a Europa.
"Parte de nuestra lucha es demostrar con hechos a las cortes supremas y fiscales extranjeros lo que ocurre en Venezuela y lograr que las investigaciones desarrolladas en cada uno de estos países vayan más allá de la congelación de bienes. El objeto de la lucha contra la corrupción es recuperar los bienes robados", dice Rebolledo.
Estima que desde 2005 hasta el presente, en Venezuela se han perdido unos US$800.000 millones debido a la corrupción, pero que fuera de ese país es difícil entender el complejo entramado financiero creado a través del control de cambio que lo hizo posible.
"La Constitución establece que los delitos contra el patrimonio público no prescriben. Estamos empeñados en esto. La persecución a quienes se robaron a Venezuela y violaron los derechos humanos de sus ciudadanos no va a cesar jamás", asegura. "Nuestra obsesión es llevarle justicia a Venezuela".
Vía BBC MUNDO
