Es un hecho que la oposición venezolana fijó las elecciones presidenciales de 2024 como su próxima oportunidad para propiciar un cambio político en Venezuela. Sin embargo, los aspirantes opositores a la nominación presidencial no lucen preparado para afrontar estos comicios, en un contexto no democrático.
Alejandro Armas/El Político
Ninguno de los precandidatos que se medirán en las elecciones primarias pautadas para octubre ha presentado un plan para la contingencia de desconocimiento de un resultado desfavorable por el gobierno. Eso fue lo que pasó en 2015, cuando el chavismo desconoció la victoria de sus adversarios en los comicios parlamentarios y se valió de instituciones que le son adictas para anular la Asamblea Nacional.
Pero en lo que otros ha sido omisión, uno de ellos lo hizo aclaratoria explícita. Se trata del ex gobernador del estado Miranda Henrique Capriles, quien ya fue candidato presidencial en 2012 y 2013. Hace unos meses, este dirigente señaló que lo necesario para que el chavismo reconozca una derrota es que la misma sea por margen inmenso. Una aseveración reñida con la experiencia pasada.
Capriles se circunscribe en lo que se pudiera llamar la "oposición pro sistema". Es decir, aquella que se inclina por hacer política dentro del marco de instituciones controladas por el chavismo, esperando derrotarlo por tal vía. Aunque desde el año pasado esa se ha vuelto la tendencia principal en el seno de la disidencia venezolana, varios hechos recientes muestran sus dificultades. Veamos.
Ser conciliador no te salva
Para los simpatizantes de la oposición pro sistema, sus posturas en general más conciliadoras facilitan el entendimiento con el chavismo, para así lograr cambios positivos en la política venezolana sin traumas. No obstante, el régimen constantemente da muestras de su disposición a castigar incluso a aquellos políticos que "siguen sus reglas".
El propio Capriles es víctima de ello. Desde 2017 está inhabilitado para postularse a cargos de elección popular por una Contraloría General subordinada al chavismo. De manera que, aunque sea el abanderado del partido Primero Justicia, en teoría no puede ser el candidato unitario de la oposición.
No conforme con ello, el ex gobernador y su equipo de campaña en menos de una semana fueron objeto de dos episodios de hostigamiento durante sus recorridos por el país, a manos de seguidores violentos del oficialismo. En uno de esos casos, el propio Capriles fue agredido físicamente.
La violencia de este tipo contra opositores es bastante común en Venezuela, aunque en esta oportunidad algunos de sus voceros lo desestimen como hecho aislado. Los responsables no reciben sanción alguna, aunque queden captados en video y sean fácilmente identificables. Ello delata un patrón de agresiones aprobadas por la elite gobernante que, cabe insistir, alcanza incluso a opositores moderados.
Sin presión no hay paraíso
En líneas generales, la oposición pro sistema se opone a las sanciones con las que Estados Unidos presiona al régimen chavista para que introduzca cambios democráticos. Sostienen que no han funcionado y que privan al país de un ingreso que necesita. Además, consideran que su remoción alentaría el diálogo con el gobierno.
Capriles no es excepción. Al menos desde 2022, se ha expresado en contra de las sanciones. La semana pasada, instó al gobierno de Estados Unidos a "cambiar la retórica y mover el tablero". Otro presunto cuestionamiento, aunque más sutil, a las medidas punitivas de Washington.
Sin embargo, este planteamiento no incluye formas de presión alternativas para la obtención de concesiones por parte del chavismo. El mismo Capriles se vería beneficiado si dicha presión se mantuviera, al exigir, por ejemplo, el fin de inhabilitaciones como la suya a cambio de un aflojamiento en la presión.
Dado que el patrón referido de agresiones y demás arbitrariedades es de larga data, cuesta creer que Capriles y sus partidarios no entiendan las dimensiones del problema. Así que es poco probable que el hostigamiento del que él es blanco los lleve a asumir posturas más asertivas ante un gobierno que se niega tratar con dignidad a sus adversarios.
