La revista The Economist publicó esta semana su Índice de Democracia para 2022. El medidor anual es una de las herramientas más reconocidas para entender cuán democrático o autoritario es un Estado.
Alejandro Armas/El Político
Una vez más, Venezuela es catalogada como “régimen autoritario”. También, una vez más, ocupó el puesto más bajo entre todos los países americanos, en una posición incluso inferior a la de Cuba y Nicaragua. Solo tienen puntajes inferiores unas dos decenas de otros países en todo el mundo.
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No hay señales de mejora en el horizonte. No solamente no avanza el más reciente proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición. Adicionalmente, el primer mes del año estuvo marcado por amenazas desde al gobierno, no a los partidos políticos que lo adversan, sino a la mismísima sociedad civil. Veamos.
Los "chicos entrometidos" de la prensa
La nueva arremetida tiene distintas manifestaciones. En primer lugar, acoso policial a periodistas del diario El Nacional, uno de los principales medios del país y un blanco frecuente de la ira chavista. No circula en físico desde hace años porque el Estado, que monopoliza el papel periódico en el país, le niega el acceso. Su sede fue expropiada como “compensación” a un cabecilla chavista que lo demandó por “difamación”.
En esta oportunidad, varios integrantes del equipo de El Nacional fueron citados a declarar por autoridades policiales. El motivo sería la publicación de informaciones relativas a una familia entre cuyos miembros hay personas sancionadas por el gobierno estadounidense, que los señala de hacer negocios turbios con Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.
Los interrogados no permanecieron detenidos. Pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció los hechos como “intimidatorios, que buscan censurar”.
En paralelo, portales “informativos” de procedencia dudosa empezaron a publicar fake news sobre los periodistas de El Nacional involucrados en la misma cuestión. La elite chavista tiene un largo historial de ataques a las reputaciones de quienes la incomodan, valiéndose de portales así. Que el contenido sobre los periodistas haya sido publicado en sincronía con los llamados policiales hace sospechar que este es uno de esos casos.
Activistas de DD.HH. en la mira
Pero los reporteros de El Nacional no fueron los únicos que en enero se las vieron con la policía. Hace dos semanas fue detenida la activista por los Derechos Humanos María Fernanda Rodríguez. Las autoridades la retuvieron por unas horas, sin explicación, y luego la liberaron.
Entretanto, la Asamblea Nacional afín a Nicolás Maduro aprobó en primera discusión un proyecto de ley que prohibiría a las organizaciones no gubernamentales realizar “actividades políticas”. Sus promotores sostienen que las referidas organizaciones están confabuladas con gobiernos extranjeros para derrocar al régimen venezolano.
Sin embargo, no han tenido reparo en enumerar a varias de las organizaciones a las que la ley va dirigida, incluyendo a asociaciones defensoras de los Derechos Humanos. Son estas las que llevan registros de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros agravios cuya exposición da dolores de cabeza al gobierno, como la investigación por denuncias de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.
Primero los partidos, luego la sociedad civil
Los politólogos Juan Linz y Alfred Stepan señalaron que uno de los aspectos claves de un Estado democrático es la existencia de una sociedad civil autónoma. Esta se caracteriza por subrayar los intereses e inquietudes de los ciudadanos, sin buscar el poder del Estado, como sí hacen los partidos políticos.
Es por eso que los Estados autoritarios muy a duras penas pueden permitir la existencia de una sociedad civil independiente. Incluso si la misma no representa una competencia por el poder político para la elite gobernante. Inevitablemente, las denuncias de la sociedad civil en un clima autoritario contribuirán con la generación de descontento social que puede llevar a protestas y otras acciones que comprometan la estabilidad del gobierno.
El régimen venezolano ya neutralizó en buena medida el riesgo que representaban para sí los partidos opositores. Lo hizo mediante la persecución y la cooptación. Ahora parece encaminado a ir por otros que lo desafían, pero indirectamente. En al sentido, no va en una dirección menos autoritaria. Al contrario.
