“Después evaluaremos que va a pasar con esos diálogos, Por ahora, ¡estamos indignados!”, bramó Nicolás Maduro al principio de esta semana. Se refería a su decisión de retirarse de las negociaciones que llevaba a cabo en México con la oposición venezolana. Ello debido a la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, empresario colombiano vinculado con el chavismo y acusado de lavado de dinero.
Alejandro Armas/ El Político
Quedó así en suspenso un intento más de diálogo entre el régimen y sus adversarios, sin quedar claro si será reanudado. Los diplomáticos noruegos que han hecho de mediadores no esperan que se retome las conversaciones al menos hasta después de las elecciones regionales y locales de noviembre en Venezuela. Así dijo una fuente cercana al diálogo a la periodista Celia Mendoza.
Si la mesa de negociación se queda vacía, cabe preguntarse: ¿Dejó este intento algo que redunde en beneficio del país? No mucho, en realidad. Apenas un par de acuerdos preliminares en materia de soberanía territorial y en el manejo de activos de la República en el exterior. No se trató lo más importante, lo que pudo poner fin a la crisis política, económica y social.
Mucho ruido y pocas nueces
El diálogo interrumpido solo tuvo dos rondas. Solo la primera arrojó acuerdos concretos de cooperación. En su momento los anunciaron con gran pompa. Sobre todo la delegación chavista. Pero su capacidad para poner fin a la crisis venezolana es muy poca. Es como en el título de la comedia de Shakespeare que encabeza esta sección, devenido en refrán sobre lo ruidoso pero irrelevante.
El primer acuerdo es un espaldarazo al reclamo venezolano al territorio de la “Guayana Esequiba” y que la vecina República Cooperativa de Guyana controla. Dado que esta es una disputa que se remonta al siglo XIX, su resolución, que de todas formas luce lejana, en nada influiría para bien en la situación de Venezuela.
El segundo acuerdo concierne a propiedades de la República allende sus fronteras. El chavismo las controlaba hasta que los países donde están cambiaron su reconocimiento de Maduro a Juan Guaidó. Entonces, pasaron parcial o totalmente a manos opositoras. Desde entonces, el chavismo exige que se las devuelvan. De acuerdo con lo pactado, los activos serían usados para obtener recursos con que atender la epidemia de civid-19 en Venezuela. También para proveer de insumos a hospitales y distribuidores de alimentos.
A primera vista, se ve bien. Pero nunca se especificó cómo será el manejo de los bienes. Dado que el acuerdo es bilateral, se pudiera asumir que el manejo también lo será. El problema es que el territorio venezolano, donde viven los que se beneficiarían de los recursos obtenidos, está controlado únicamente por el chavismo. La oposición no tiene el poder para garantizar que serán usados correctamente.
Para colmo, si cuesta imaginar una coordinación entre chavismo y oposición puesta puesta en práctica en este asunto (o en cualquier otro), las disputas dentro de la propia oposición no ayudan. Primero Justicia y Voluntad Popular son los mayores partidos en la coalición que sostiene a Guaidó. Llevan semanas intercambiando recriminaciones por la dirección poco transparente de Monómeros, empresa pública venezolana en Colombia.
Los resultados de la segunda ronda de diálogo fueron aun menos emocionantes. Las partes salieron de México solo con un compromiso de consultar con la sociedad civil los acuerdos alcanzados en la ronda anterior.
Ahora, con las negociaciones detenidas por tiempo indefinido y tal vez muertas, hasta estos dudosos avances quedan en suspenso.
La justicia bloqueada
Cuando terminó la primera ronda de diálogo, hubo un tema de interés en el comunicado resultante. “Las partes convinieron que el primer punto de discusión de la próxima ronda estará referido al ‘Respeto del Estado Constitucional de Derecho’. En particular, se discutirá sobre el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución”, dice el texto.
Si cupo alguna esperanza en las conversaciones, esté quizá fue el punto más importante. Los acuerdos en materia humanitaria pudieron brindar un apoyo nada despreciable, pero en todo caso coyuntural. En cambio, una salida estructural y duradera de la crisis social y económica pasa por un arreglo político que transforme el Estado. En otras palabras, una transición que devuelva a Venezuela su democracia y su Estado de Derecho.
Solo con instituciones democráticas y de imperio de la ley sólidas, Venezuela tendría acceso a la ayuda y el crédito internacionales que tanto le urgen. Ese es también un requisito para fomentar la inversión privada, nacional y extranjera, en niveles que permitan levantar poco a poco la devastada economía.
En Venezuela, la institucionalidad establecida en la Constitución, como se le llama en el comunicado del diálogo, acumula años de debilitamiento. Progresivamente fue reemplazada por la voluntad privada de la elite gobernante como ley de facto que impera en el país. Por lo tanto, su restauración hubiera sido un gran paso en la dirección concreta.
Pero finalmente no hubo avances en ese particular. Y con el diálogo en suspenso, cualquier expectativa de progreso queda de momento descartada.
