Cuando el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y sus seguidores intentaron hacer realidad una reforma electoral profunda a finales de 2022, el Congreso se los negó. Pero no se dieron por vencidos.
Alejandro Armas/El Político
Entró en acción el llamado "Plan B": un paquete alternativo de cambios al sistema comicial del país, con un menor alcance que el de su predecesor. Esta vez, se salieron con la suya. Con la aprobación del Senado la semana pasada, AMLO solo tiene que firmar la nueva norma para que entre en vigor.
Sin embargo, los recortes al proyecto original no aplacaron los ánimos de los detractores del Presidente. Como ocurrió con la primera propuesta, manifestantes han tomado las calles de México en grito de rechazo. ¿Qué implica la reforma y por qué genera este repudio? Veamos.
Menos dinero… Y menos independencia
El principal argumento de AMLO, al menos expresamente, no es tan político como técnico. El mandatario argumenta que es necesario reducir los gastos del Instituto Nacional Electoral, el ente a cargo de llevar a cabo elecciones en México. La idea, dice, es reconducir fondos para sus políticas de ayuda social. De manera que la reforma contraería el presupuesto del INE, reduciría la cantidad trabajadores a su servicio y cerraría varias de sus oficinas locales.
Pero otros cambios no guardan relación con las supuestas motivaciones del gobierno, al menos no tan directa. Por ejemplo, se limitaría la discreción con la que el instituto administra los recursos que recibe. También le quitaría margen de maniobra para castigar a actores políticos por violaciones a las normas de campaña. Casualmente, en 2021, el INE descalificó a dos candidatos del partido de AMLO por no declarar aportes a sus campañas.
El rechazo a la medida no viene solamente del sector de la ciudadanía común que adversa al Presidente. Tampoco de la oposición parlamentaria, que trató de impedir su aprobación en el Congreso. Aunque el INE es un organismo no partidista, su propio presidente, Lorenzo Córdova, es una de las principales voces contra la reforma.
Además, los críticos de la medida pudieran desafiar su legalidad en la Corte Suprema, otro organismo que ha sido objeto de cuestionamientos viscerales por AMLO.
Un posible retroceso
La animosidad de López Obrador hacia el árbitro electoral no es nada nueva. En 2006, cuando buscó la presidencia y fue derrotado con muy escaso margen por el candidato oficialista Felipe Calderón, AMLO cantó fraude y se negó por meses a reconocer el resultado. Desde entonces, e incluso después de ganar finalmente la máxima magistratura en 2018, insiste en que el sistema está amañado.
No obstante, como en los casos de las denuncias de fraude formuladas por Donald Trump y Jair Bolsonaro (exmandatarios de Estados Unidos y Brasil, respectivamente), López Obrador no ha demostrado la trampa. Los estudiosos de la política más bien elogian al sistema electoral mexicano contemporáneo por facilitar el fin de la hegemonía, casi centenaria, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Reducir la autonomía financiera del INE pudiera efectivamente condicionar su operatividad al gobierno. De esa manera, la democratización real de México, lograda a finales del siglo pasado tras la llamada "dictadura perfecta" del PRI, queda en peligro. No en balde la nación norteamericana a retrocedido varios puestos en el Índice de Democracia de The Economista en años recientes.
Esto ocurre además en un momento propicio para AMLO y sus partidarios. El Presidente sigue siendo bastante popular. Una encuesta de México Elige, en enero, halló que casi 60% de la población considera su gestión buena o excelente. Así que el impulso desde la sociedad civil para defender las instituciones republicanas, pese a las protestas del momento, tal vez no sean suficiente.
