Entre los aspirantes a la candidatura presidencial unitaria de la oposición venezolana, destaca María Corina Machado, líder del partido de derecha liberal Vente Venezuela. Está entre los favoritos para ganar las elecciones primarias de octubre, según varios sondeos de intención de voto.
Alejandro Armas/El Político
Pero el viernes pasado, la Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación de 15 años para presentarse a cargos de elección popular. Para justificar la medida, le atribuyó una serie de delitos, acusación que diversos actores políticos dentro y fuera de Venezuela desestimaron como persecución.
¿Qué nos dicen estos hechos sobre el atribulado clima político venezolano y lo que pudiera venir más adelante? Veamos.
Un ascenso sorprendente
Machado es una precandidata improbable en la primaria opositora. Por años fue uno de los líderes más prominentes de una facción de la disidencia que rechaza la participación en elecciones, aduciendo que están irremediablemente viciadas. En 2019 y 2020, su partido se decantó explícitamente por una intervención militar de Estados Unidos para poner fin al régimen chavista. Pero luego de que Washington dejara claro que descarta proceder de esa manera, la oposición venezolana en pleno volvió a la "vía electoral".
Debido a su prolongado repudio al sistema comicial venezolano, para Machado era todo un reto lograr que su base de apoyo considerara seguirla por ese camino. Incluso si, como en efecto ha hecho la dirigente, se enmarca la participación en una denuncia del susodicho sistema. Pero todo indica que tuvo éxito en el desafío. No ha habido deserciones importantes en su partido, sus actos de campaña atraen a un número relativamente grande de asistentes y, cabe repetir, sus números en encuestas son buenos.
Tanto así, que el chavismo decidió aplicarle un recurso que ya ha impuesto a opositores incómodos: la inhabilitación. De hecho, Machado es la tercera precandidata a las primarias proscrita. Los otros dos son el ex gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial Henrique Capriles, y el ex diputado a la Asamblea Nacional Freddy Superlano.
El efecto inmediato de la nueva inhabilitación fue una oleada de atención en el blanco de la misma. De manera que Machado, quien aseguró que mantendrá su precandidatura, podría aprovechar la circunstancia para sumar incluso más apoyo. Pero eso no serviría de nada si no se atiende lo que veremos en la siguiente sección.
"Guerra avisada…"
La inhabilitación de Machado no es la primera señal de que el chavismo no está interesado en elecciones más justas que las anteriores. Se suma a la dimisión forzosa de todo el directorio del Consejo Nacional Electoral que había sido negociado por el régimen y una parte de la oposición.
Mientras, el diálogo entre ambas partes emprendido a finales del año pasado permanece congelado. Ello a pesar de que, según reportó Boomberg en mayo, Estados Unidos tomó medidas para satisfacer condiciones que el chavismo ha puesto para reanudar las conversaciones. De acuerdo con información de El País, recientemente hubo un intento de establecer comunicación directa entre Washington y Caracas. Pero la posibilidad de un acuerdo amplio luce remota. Las últimas acciones del chavismo la reducen aun más.
Por otro lado, el veto a Machado no puede ser una sorpresa para la oposición. Henrique Capriles ya llevaba seis años inhabilitado cuando se inscribió ante la Comisión Nacional de Primaria, ente a cargo de llevar a cabo la elección interna. Superlano lo está desde 2021. De manera que ya existía la posibilidad de que un inhabilitado ganara la primaria y fuera el candidato unitario de la disidencia. Parte del reto que esta asumió al tomar parte en elecciones no democráticas.
La oposición debería entonces contar con un plan de movilización ciudadana para exigir que se permita a un hipotético ganador inhabilitado tomar parte en los comicios definitivos. De lo contrario, tendrá que reemplazar al triunfador de la primaria. Pero eso ya sería un gesto de mucha debilidad ante el chavismo, que desaliente el voto en la elección final y dé a entender que la oposición no está dispuesta a convocar protestas si el gobierno desconociera un resultado desfavorable.
