La Corte Penal Internacional (CPI) sorprendió al planeta entero el viernes pasado con una orden de captura internacional sobre el Presidente de Rusia, Vladimir Putin. También sobre María Lvova-Belova, su comisionada presidencial para los Derechos de los Niños.
Alejandro Armas/El Político
A ambos los acusa de haber perpetrado crímenes de guerra. Específicamente, por el envío forzoso a Rusia de niños ucranianos en zonas de su país que fueron ocupados por las fuerzas de Moscú durante lo poco más de un año que va de invasión rusa.
Algunas personas en el público reaccionaron a este anuncio asumiendo que la orden de captura pone en peligro a Putin, y que el mandatario ruso se quedará aislado en Rusia para evitar ser arrestado. En realidad, no es para nada tan sencillo. Veamos por qué.
No todos los caminos llevan a Roma
La CPI, con sede en La Haya, fue creada por el Estatuto de Roma en 1998 para procesar a los responsables de genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Aunque se atribuye una jurisdicción mundial, no cuenta con un cuerpo policial propio que se encargue de hacer valer, por coacción si es necesario, sus órdenes.
Eso significa que la corte necesita la colaboración policial de Estados soberanos para que sus solicitudes de captura se concreten. No obstante, solo los Estados que hayan suscrito el Estatuto de Roma están formalmente comprometidos a colaborar en tal sentido.
Ahora bien, Rusia no es signataria del Estatuto de Roma, así que sus autoridades no tienen ninguna obligación de cooperar con la CPI. Debido a la violencia extrema de las guerras, muchas situaciones bélicas se prestan para generar acusaciones de crímenes de guerra. Por ello, son pocos los incentivos para que las grandes potencias militares, las que más acometen intervenciones armadas en el extranjero, reconozcan la jurisdicción de la corte. Estados Unidos, por poner el ejemplo más notable, tampoco es signatario.
De manera que Putin no será remitido a La Haya por autoridades de su propio país. Excepto en el escenario, extremadamente remoto, de que sea derrocado y que sus sucesores en el poder decidan firmar entregarlo tras firmar el estatuto. De momento, no hay señal alguna de inestabilidad política en Rusia. Es más: si Putin antes tenía cero incentivos para dejar voluntariamente el poder, ahora los tendrá en números negativos.
Meterse con la persona equivocada
Pero, entonces, ¿no queda Putin confinado a Rusia? ¿No existe la posibilidad de que sea arrestado si sale de su país? En teoría, eso solo debería ocurrir si Putin entra al territorio de un país signatario del Estatuto de Roma… Cosa que no tiene ninguna necesidad de hacer.
Putin no sale mucho de Rusia, y cuando lo hace es casi siempre a países cuyos gobiernos son sus aliados. Muchos de ellos no suscriben el Estatuto de Roma. Por ejemplo, China, el mayor aliado de Rusia en estos momentos. O naciones que integraron la extinta Unión Soviética y sobre las que Moscú sigue ejerciendo gran influencia.
Pero incluso si Putin viajara a un país que sí es signatario, la probabilidad de que el mismo acate la orden de la CPI es muy poca. Sería poner bajo arresto al mandatario de un Estado que, pese a sus reveses en Ucrania, sigue siendo una potencia militar, cono el mayor arsenal nuclear del mundo.
En conclusión, la medida de la corte contra Putin es (obviando un cambio de gobierno en Rusia) puramente simbólica. Eso sí: el simbolismo es inmenso. Ningún cabecilla de una potencia militar había sido acusado de crímenes bélicos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una muestra más de lo tensa que se ha vuelto la geopolítica contemporánea.
