Aumentar el número de jueces en la cabeza del Poder Judicial, y luego llenarlo con jueces afines, es una táctica común de gobiernos para debilitar la separación de poderes. Venezuela, bajo el chavismo, comenzó a hacerlo en 2004.
Alejandro Armas/El Político
De pronto, el año pasado, voceros del régimen anunciaron una reforma judicial para volver a reducir el total de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Además, la Asamblea Nacional (AN) controlada por partidarios de Nicolás Maduro emprendió la designación de nuevos jueces que ocupen la corte reducida.
Algunos sectores de la sociedad civil recibieron con beneplácito esta decisión, al considerarla un posible primer gran paso hacia la restauración de la institucionalidad democrática. Pero cuando finalmente ocurrió el nombramiento, esta semana, quedó claro que la intención del chavismo fue reafirmar su hegemonía sobre el Poder Judicial.
Caras conocidas
El número de magistrados del TSJ bajó de 32 a 20. Sin embargo, 12 de los que ocuparán estas sillas están repitiendo el cargo. La Constitución venezolana, en su artículo 264, establece que los jueces del tribunal solo podrán tener un período de 12 años. Pero a la AN esta prohibición de las repeticiones no le importó. Mal comienzo.
Más grave aún es que muchos de los repitientes son jueces comprometidos con el chavismo. Se considera ampliamente que sus sentencias desde la corte son dictadas en atención a los deseos de Maduro y compañía, y que han contribuido con la persecución de opositores y el desmantelamiento del orden constitucional. Figuras como Calixto Ortega, Luis Damiani Bustillos, Fanny Márquez, Malaquíades Gil y Lourdes Suárez. Todos sancionados por gobiernos occidentales, que los señalan de socavar la democracia venezolana.
Asimismo, varios de los magistrados nuevos militan en la causa chavista. El caso más notable es Tania D’Amelio, quien comenzó su trayectoria como diputada por el chavismo a la AN. De ahí pasó al rectorado del Consejo Nacional Electoral, donde estuvo por más diez años, consolidando un sistema comicial marcadamente parcializado hacia Hugo Chávez y sus sucesores.
Otro entrante notable es José Luis Gutiérrez, quien no comparte militancia con la elite gobernante pero que llama la atención por otras razones. Es el hermano de Bernabé Gutiérrez, quien encabeza una facción del histórico partido Acción Democrática (AD), luego de que el TSJ lo interviniera para imponerle un liderazgo no electo por sus integrantes. El partido se fracturó entre los seguidores de la directiva original y los de la impuesta. Esta última adoptó una política de renuncia al activismo opositor y de entendimiento con el régimen.
Como D’Amelio, José Luis Gutiérrez estuvo en el rectorado del CNE. En 2020 Washington lo sancionó por su papel en la organización de elecciones nuevamente consideradas injustas por la comunidad internacional democrática. Ahora será magistrado, con votos de la AN que incluye a diputados de la AD que encabeza su hermano.
Baño de agua fría
Decir que “se cambió todo para no cambiar nada”, citando al protagonista de la novela El gatopardo, subestimaría la voluntad conservadora que el régimen expresó con el “nuevo” TSJ. La permanencia de jueces con el perfil descrito en los párrafos anteriores denota que no hay impulsos de reforma liberalizadora en la elite gobernante.
Ello supone un duro golpe para una corriente de opinión en la sociedad civil que lleva meses tratando de dar a entender que están dadas las condiciones de un gran diálogo nacional en el que el chavismo haga concesiones políticas importantes. Algunos representantes de esta corriente incluso han pedido que se retire las sanciones internacionales sobre el régimen para alentarlo a negociar. Pero ahora, se consolida la imagen de un chavismo no interesado en negociaciones.
