Una vez más (es difícil llevar la cuenta de estas ocasiones) el acontecer político venezolano está dominado por el asunto del diálogo entre el chavismo y la oposición. Pero también una vez más (e igualmente con esto es difícil llevar la cuenta de experiencias anteriores) la posibilidad de que las conversaciones produzcan un fin a la debacle política de ese país es poca.
El diálogo lleva meses trabado, sin haber pasado de un acuerdo de asistencia social cuya ejecución sigue pendiente. La semana pasada, el gobierno colombiano sostuvo una cumbre diplomática con el objetivo de poner fin al estancamiento. Pero sus resultados a duras penas pueden traducirse en una solución.
Para colmo, el chavismo no ha hecho más que aumentar su lista de exigencias, no para llegar a un acuerdo definitivo, sino para reanudar las negociaciones apenas. Algunas de ellas, de imposible cumplimiento para sus interlocutores. Veamos.
En La Haya no atienden
La semana pasada, el jefe de la delegación chavista para las conversaciones, Jorge Rodríguez, reiteró las condiciones del chavismo. Pero con una añadidura llamativa: el fin de la investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional (CPI) por denuncias de crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela.
Pero ni la oposición venezolana, ni el gobierno de Estados Unidos (principal aliado de aquella), que en el discurso chavista son los que le deben todas las satisfacciones, pueden cumplir con esta demanda. Ninguno de ellos está facultado para hacer que la CPI elimine una investigación en curso. De hecho, Estados Unidos ni siquiera reconoce la jurisdicción del tribunal en La Haya, pues no suscribe el Estatuto de Roma.
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal explicó que, para que se haga lo que el chavismo pretende, una de las partes en la negociación tendría que asumir la representación de las víctimas venezolanas de violación de DD.HH. Luego, intervenir para que la corte finalice sus gestiones. Además, tendría que quedar claro que el Poder Judicial venezolano está en capacidad de procesar con justicia las denuncias.
No es la primera vez que el oficialismo hace exigencias de realización prácticamente imposible o muy improbable. En el pasado ha exigido la liberación de Alex Saab, el empresario colombiano preso en Estados Unidos por negocios opacos con la elite chavista, que esta reclama como “diplomático venezolano”. Rodríguez, a propósito, reafirmó este requisito la semana pasada.
La verdadera motivación
Cuesta creer que los cabecillas del chavismo ignoren la inviabilidad de sus exigencias. ¿Para qué formularlas, entonces? Lo más probable es que se trate de una manifestación más de que no hay en él una voluntad real de negociar acuerdos políticos que comprometan su hegemonía.
No es que a la elite gobernante no le gustaría realmente que estos deseos se concreten, pues su objeto sí representa una incomodidad inmensa para aquella. En el caso de la investigación de la CPI, tal incomodidad se volvió evidente a principios de abril, cuando el gobierno venezolano manifestó que los responsables de la pesquisas en La Haya tienen “una visión prejuiciada” del país. Hay una inquietud real de que altos jerarcas del chavismo sean formalmente señalados por violaciones de DD.HH. que no prescriben jamás.
Pero de todas formas, cuesta creer que los interesados realmente crean que podrán obtener estas concesiones. El propósito, entonces, apunta hacia otro lado. Puede ser un intento de mantener el diálogo congelado para obtener concesiones alternativas, aquellas que sí dependen de Washington. A saber, la remoción de las sanciones a la industria petrolera venezolana, principal fuente de ingresos para la elite chavista.
El chavismo ha optado por atrincherarse y esperar a que se debilite el apoyo a la política de sanciones, que si no se combinan con presión interna no pueden cumplir su objetivo. Si espera un poco más antes de retomar las conversaciones, tal vez obtenga lo que quiere. Sin ceder nada a cambio.
