Las protestas que al cierre de 2022 sacudieron Perú se extendieron al mes de enero. El saldo ha sido trágico: medio centenar de muertos, hasta ahora, y muchos más heridos. Los manifestantes constituyen la mayoría de las víctimas, aunque también hay policías entre los fallecidos.
Alejandro Armas/El Político
De poco valió la propuesta de la presidente provisional Dina Boularte, aprobada por el Congreso, de adelantar las próximas elecciones presidenciales a 2024. Quienes protestan exigen comicios de inmediato o, incluso, la restitución como Presidente de Pedro Castillo, removido de su cargo en diciembre luego de que intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto.
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¿Tendrán éxito? Aunque sea difícil de creer, la respuesta pudiera radicar en divisiones geográficas, culturales e históricas de la sociedad peruana. Veamos.
Contrastes que mueven
Las protestas, al menos las más fuertes, se han concentrado hasta ahora en zonas rurales y montañosas del sur del país. Fue en Juliaca, una pequeña localidad cerca del Lago Titicaca, donde los enfrentamientos entre manifestantes y organismos de seguridad tuvieron un desenlace de casi 20 muertos.
Esta parte del país ha sido por generaciones, y sigue siendo, una de las más pobres del Perú. Su población tiene un inmenso componente amerindio, específicamente quechua y aymara. Hay un marcado contraste con la costa peruana, donde están Lima y varias de las otras grandes ciudades del país, y donde se concentran las elites políticas y económicas, que son mestizas o blancas.
Si bien el descontento de la población en general se extiende a prácticamente toda la clase política peruana, cada facción de la misma tiene su grupo minoritario de seguidores. Son los del destituido Castillo quienes protagonizan las protestas de hoy. Ruth Luque, congresista por uno de los departamentos serranos, explicó a El País que, pese a la corrupción del gobierno de Castillo y su autogolpe fracasado, hay entre estas personas la sensación de que se cometió una injusticia. De que alguien que representa a los marginados como ellos (Castillo era un sindicalista del gremio docente antes de lanzarse a Presidente) fue apartado por razones de prejuicios clasistas y racistas.
Las denuncias de corrupción que embargan a buena parte de la elite política peruana pudieran fortalecer dicha percepción. Como si solo Castillo, el "hombre del pueblo", fuera el chivo expiatorio mientras la venalidad de otros queda impune. De esa interpretación queda por fuera el hecho de que predecesores de Castillo con un perfil más elitista, como Pedro Pablo Kuczynski, tampoco pudieron completar sus mandatos por razones similares. Pero la emocionalidad fuerte del momento y las desigualdades históricas la hacen consciente para muchos.
De la sierra a la costa
Las protestas que logran cambios políticos de envergadura suelen darse en las capitales de los Estados. Es entonces cuando las elites a quienes va dirigido el reclamo pueden palpar la furia de los descontentos y actuar en consecuencia. Sobre todo en países con marcado centralismo político, económico, cultural y demográfico, como Perú. Lima opaca a las demás ciudades peruanas, con una población casi 10 veces mayor que las que le siguen.
De manera que si las manifestaciones siguen concentradas en zonas rurales alejadas de la capital, su probabilidad de éxito será menor. Tendrían que desplazarse a Lima para que ocurra lo contrario. Hasta ahora la capital ha estado en relativa calma, reflejo de que las molestias detrás de las protestas están imbuidas de las diferencias sociales e históricas previamente descritas.
Pero incluso si las protestas llegaran a la capital, los manifestantes probablemente necesitarán ganarse el respaldo de la población local para alcanzar sus metas y no ser vistos como intrusos indeseables. Un desafío. El Instituto de Estudios de Opinión (IEP) halló en un sondeo reciente que 54% de los peruanos rechaza el intento de Castillo de gobernar por decreto, mientras que 41% lo aprueba. Ese rechazo tal vez sea mayor en la costa que en la sierra, por lo discutido en la sección anterior de este artículo.
Sin embargo, los manifestantes tienen margen de maniobra. Sobre todo si desisten del objetivo de devolver a Castillo al poder y enfocan su denuncia en el pleno de la clase política. La impopularidad de esta es universal, así que un grito de "que se vayan todos" tiene potencial. La propia Boluarte tiene un nivel de aprobación de apenas 19%, según IEP.
Habrá que ver si las protestas tienen mayor incidencia regional y si conquistan a un público más diverso. Entretanto, el gobierno de Boularte, si bien pidió disculpas por los excesos en la represión, se negó a renunciar.
