Cristina Fernández de Kirchner, la polémica expresidente y actual vicepresidente argentina, arrastra problemas con la justicia de su país desde hace mucho. Pero ahora esos problemas alcanzaron una nueva cumbre.
Alejandro Armas/El Político
El lunes pasado, un fiscal pidió 12 años de cárcel y una inhabilitación política de por vida para Fernández de Kirchner. Ello por la llamada “Causa Vialidad”, una asignación irregular de obras públicas al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Fernández de Kirchner y su esposo y predecesor, Néstor Kirchner.
¿Cómo afectará este hecho judicial la política argentina? Veamos.
Daño, pero no el denunciado
Fernández de Kirchner, (a quien a partir de ahora en este texto se le llamará por sus iniciales para distinguirla de otro Fernández, el actual Presidente) niega los alegatos en su contra. Ella y sus seguidores sostienen que se trata de una “persecución judicial” para anularla políticamente.
Pero ese cuestionamiento no resiste un examen cuidadoso, al menos en lo que concierne al futuro político de la dirigente peronista en el corto y mediano plazo. Se espera que el tribunal que lleva la causa emita sentencia a finales de año. Incluso si aplica la pena solicitada por el fiscal Diego Luciani, no se podría ejecutar hasta que sea firme. Y para que sea firme, tendría que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia y ser ratificada allí, proceso que puede durar años.
Cabe esperar por lo tanto que CFK apele una sentencia desfavorable. Quedaría entonces libre para ser candidata presidencial en los comicios de 2023. La Constitución argentina permite que un Presidente que ejerció dos mandatos consecutivos compita por otro luego de que haya transcurrido al menos un período completo con el exmandatario en cuestión fuera del cargo. De manera que CFK tendría vía libre, pase lo que pase con la sentencia.
Por otro lado, es difícil prever cómo la sentencia afectaría la percepción masiva de la vicepresidente. Atrás quedaron los días de su gran popularidad, cuando era Presidente en medio de una oleada de triunfos electorales de la izquierda populista en Latinoamérica. En aquel entonces, una sentencia en su contra quizá hubiera tenido poco efecto.
Pero ahora, CFK figura entre los políticos más rechazados del país. Una encuesta reciente de la Universidad de San Andrés halló que apenas 26% de los argentinos tiene una opinión positiva sobre ella. El presidente Alberto Fernández está aun peor, con 18%. Si los nuevos problemas legales de CFK la hunden todavía más en las encuestas, dejaría de ser una alternativa más viable que Fernández para una candidatura peronista unificada en 2023.
Pedido improcedente, pero…
Poco después de conocerse el pedido del fiscal Luciani, el presidente Fernández emitió un comunicado en defensa de CFK. Hizo eco a los señalamientos de “persecución judicial y mediática”. Sus detractores lo denunciaron como una injerencia indebida en asuntos judiciales y una afronta a la separación de poderes en Argentina.
De hecho, un diputado de Juntos por el Cambio, la mayor coalición opositora, anunció que impulsará la apertura de un juicio político contra Fernández. De prosperar la iniciativa, llevaría a la destitución del Presidente.
Pero sus probabilidades de éxito son virtualmente nulas. La Carta Magna argentina establece que se necesita el voto de al menos dos tercios de la Cámara de Diputados para abrir el juicio político. El proceso se realizaría entonces en el Senado, con el mismo requisito de al menos dos terceras partes para destituir al jefe de Estado.
Pero los grupos opositores argentinos, más algunos independientes, suman 139 escaños en la cámara baja. Muy por debajo de los 171 que harían falta, de acuerdo con la norma de los dos tercios. Esto lo han de saber los legisladores que hicieron la solicitud de juicio político, por lo que su propósito sería más bien buscar que aumente el repudio al gobierno en la opinión pública.
