La elección de Luis Lacalle Pou como Presidente de Uruguay en 2020 fue un triunfo importante de la derecha, justo cuando el péndulo ideológico se movía en dirección contraria en América Latina.
Alejandro Armas/El Político
Pero la durabilidad de dicha victoria fue puesta a prueba rápido. Lacalle Pou hizo realidad buena parte de su agenda con una ley de enorme alcance, conocida como la Ley de Urgente Consideración (LUC). Aunque el Congreso la aprobó en 2020, la oposición la criticó con dureza y pidió un plebiscito sobre su revocación. La consulta fue ayer, domingo… Y la ley se salvó por un mínimo margen.
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Veamos qué más hay en todo esto.
Un respiro… Por una nariz
A la ley se le apodó "ómnibus" por la vastedad de los asuntos que atañe. Su propósito es reformar dichos asuntos desde una perspectiva en general conservadora. Por ejemplo, según reseña Infobae, se duplicaron las penas para adolescentes que delinquen, se aumentó la condena para el tráfico de drogas y se crearon nuevos delitos.
También aparecieron regulaciones del derecho de huelga, un nuevo régimen de alquiler sin garantía, uno de fijación del precio de los combustibles, la flexibilización de controles del lavado de activos, etc.
Al final, 51,18% de los participantes en el plebiscito rechazó la derogación de la LUC. Un ajustadísimo margen que seguramente puso al gobierno a temblar por una horas, mientras finalizaba el escrutinio. Finalmente, se salió con la suya.
Lacalle Pou se ha vuelto uno de los principales referentes de la centroderecha latinoamericana contemporánea. Alguien muy lejano a los integrantes del nuevamente vigoroso Foro de Sao Paulo, pero distinto al populismo ultraconservador de su par brasileño, Jair Bolsonaro. Las derrotas recientes de esta corriente en países como Argentina y Chile desinflaron. Pero su renovado éxito en Uruguay le da un aliento del que se tomará nota en otras naciones.
Salud democrática
Uruguay es una de las pocas democracias sólidas de América Latina. Pero ninguna democracia es invulnerable a las polémicas polarizantes. Estas pueden socavar el entendimiento y el civismo propios de la democracia moderna, pues las dos partes en una disputa se pueden sentir muy amenazadas y tentadas a hacer lo que sea para prevalecer. Hasta desechar las instituciones y normas.
En efecto, la LUC produjo divisiones nada despreciables. De ello dan fe la distribución casi igual de votos y la elevada participación, de más de 80%. Entre los principales impulsores de la consulta, con la expectativa de anular la ley, estuvo el Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay por 15 años antes de que Lacalle Pou fuera electo.
Pero el evento que decidió todo se dio de forma ordenada. Esto muestra que las instituciones democráticas uruguayas se mantienen fuertes, incluso de cara disputas complejas.
Cabe mencionar que una reforma tan profunda como la LUC, contenida en una sola ley y además emanada desde el Ejecutivo, puede recordar al gobierno por decreto, propio de autocracias. Pero la LUC fue aprobada por el Parlamento antes de entrar en vigor. Y ahora que salió airosa de un plebiscito, será más difícil argumentar que se trata de una medida antidemocrática.
