Más de un año tras su interrupción, el pasado fin de semana se reanudó el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y sus adversarios políticos. De hecho, el primer encuentro de las partes, una vez más en Ciudad de México, fue para firmar un acuerdo.
Alejandro Armas/El Político
Este pacto tiene como propósito brindar ayuda humanitaria a una Venezuela arrasada por años de debacle socioeconómica. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un alivio restringido pero importante en sus sanciones a la industria petrolera venezolana, mayor fuente de ingresos para el chavismo.
¿Qué se puede interpretar de esta situación? ¿Son buenas señales sobre el destino del diálogo? Veamos.
Beneficio social, mas no político
El acuerdo alcanzado por el chavismo y la oposición contempla el uso de activos del Estado venezolano en el exterior, congelados por autoridades extranjeras como forma de presionar al chavismo. Estos recursos serían descongelados para obtener fondos con los que dotar hospitales en pésimas condiciones, recuperar la devastada infraestructura eléctrica nacional, etc.
Hay inquietud por el manejo de los fondos, considerando el empleo opaco de dineros públicos por los gobiernos chavistas. Sin embargo, el plan establece una suerte de fideicomiso, a cargo de la Organización de las Naciones Unidas, que velará por el buen uso de los recursos. La efectividad del mismo solo se podrá ver cuando el desembolso comience.
A primera vista, esta primera etapa de las conversaciones reanudadas genera un avance para el país (si efectivamente los fondos se usan como es debido). Pero ese avance se limitaría a aspectos sociales, de forma puntual. Es un paquete de ayuda ad hoc. Incluso si cumple con su propósito, solo atacaría las consecuencias del problema fundamental, y no sus causas. Estas últimas consisten en la falta de instituciones democráticas y Estado de Derecho que obliguen al gobierno a rendir cuentas a la ciudadanía, motivándolo así a tener un buen desempeño de servicio público.
Es en este punto en el que la oposición luce muy débil como para obtener concesiones del chavismo. No cuenta con elementos de presión suficientes, pues las masas, aunque descontentas, están desmovilizadas. Tiene a su favor las sanciones internacionales sobre el gobierno, pero el chavismo las ha soportado y exige su remoción sin ofrecer a cambio reformas democráticas.
Mientras no se corrija los vicios estructurales del sistema político venezolano, el país se mantendrá muy vulnerable a nuevos problemas económicos y sociales de envergadura.
Licencia ambigua
En perfecta sincronización con la firma del acuerdo en México, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo su propio anuncio noticioso para Venezuela. A saber, emitió una licencia para que la petrolera norteamericana Chevron extraiga petróleo venezolano y lo exporte a Estados Unidos
Dado que las operaciones de Chevron en Venezuela, paradas por las sanciones, son en conjunto con el Estado venezolano, esta medida representa un alivio a las medidas punitivas de Washington. Es por lo tanto un gesto de Estados Unidos para alentar el diálogo venezolano. Pero su alcance no está claro. La licencia no permite a Chevron pagar dividendos, regalías o impuestos a Pdvsa. Pero algunos especialistas argumentan que todas formas las ventas de crudo una vez más permitidas generarán ingresos para el régimen.
El panorama pudiera aclararse más adelante. Pero con todo y sus limitaciones, esta flexibilización de las sanciones es la más importante desde que las mismas fueron implementadas en 2019. Así que cuanto menos será un incentivo para que el chavismo se mantenga en la mesa de diálogo, aunque sea solo para obtener más concesiones que lo beneficien.
