Luego de intentar un autogolpe de Estado, el entonces presidente peruano Pedro Castillo fue destituido por el Congreso de ese país la semana pasada. De inmediato le sucedió Dina Boluarte, quien se desempeñaba como vicepresidente desde la toma de posesión de Castillo en 2021.
Alejandro Armas/El Político
De esta forma, Boluarte se convierte en la primera mujer Presidente de Perú, así como el sexto jefe de Estado en la nación andina en seis años. Este último dato debería resultar inverosímil para quien no ha observado recientemente la política peruana. Se colige de él una profunda inestabilidad política, que implica enormes desafíos para la nueva mandataria.
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El presidencialismo exacerbado de América Latina hace que rara vez la gente se fije en otros actores políticos. Son los mandatarios, o quienes aspiran a serlo en elecciones, quienes captan casi toda la atención. Cabe entonces revisar quién es Boluarte. También poner la lupa a los problemas que deberá afrontar. Procedamos.
Sin pena, ni gloria
Boluarte, de 60 años, es abogada egresada de la Universidad San Martín de Porres, una de las más destacadas de Perú. Su carrera política comenzó en 2018, cuando se postuló sin éxito a la alcaldía de un suburbio de Lima. Dos años más tarde lo hizo al Congreso unicameral, con el mismo resultado.
En ambas ocasiones, fue abanderada de Perú Libre, el mismo partido de extrema izquierda que lanzó a Castillo a la presidencia en 2021. Baluarte fue su compañera de fórmula. Es así como llegó a la vicepresidencia.
Sin embargo, este compañerismo militante no necesariamente implica que Boularte dará continuidad a las políticas de Castillo. En una entrevista de principios de año, Boluarte afirmó que no comparte la ideología de Perú Libre. Acto seguido, el partido la expulsó de sus filas. Desde entonces, Boluarte se identifica como independiente. Cuando Castillo intentó el autogolpe, Boularte lo repudió.
Además, los gobiernos encargados como el de Boluarte por lo general no tienen mucho margen de maniobra para grandes proyectos ideológicos. Su misión es mantener la situación estable hasta que los ciudadanos escojan un nuevo mandatario. Boluarte depende del respaldo de diversos partidos representados en el Congreso para llevar a cabo esta labor, por lo que no puede hacer lo que quiera.
Un reto muy duro
Al gobierno de Boluarte le apareció su primera crisis justo después de que tomara posesión: el estallido de protestas y disturbios en varios puntos del país. Algunas se han vuelto violentas, con enfrentamientos con la policía que han dejado muertos. Los manifestantes exigen el adelanto de elecciones generales y el cierre del Congreso. Algunos también claman por la liberación de Castillo, preso desde su intento de autogolpe.
Aunque Boluarte tendría que completar hasta 2026 el mandato constitucional de Castillo, el pasado lunes propuso adelantar elecciones para 2024. Sin embargo, eso no ha aplacado a los manifestantes, para los cuales al parecer esa fecha sigue siendo muy distante.
Por otro lado, no se puede subestimar la capacidad del Congreso peruano para prolongar la inestabilidad política. Luego de que Pedro Pablo Kuczynski, electo Presidente en 2016, renunciara en medio de denuncias de corrupción, le sucedió su vicepresidente, Martín Vizcarra. Pero antes de que pudiera completar el mandato, el Congreso lo destituyó. A nadie debería sorprender que Boluarte corra igual suerte.
Pero entonces, por línea de sucesión constitucional, la jefatura del Estado le correspondería al presidente del Congreso, el cual es igualmente odiado por el grueso de la ciudadanía. Está ocupado por la misma clase política divorciada de la población. Así que a duras penas se puede esperar que ello pondría fin al descontento masivo y al potencial caos político.
