El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, pertenece a un grupo de líderes de izquierda populista electoralmente exitosos en el siglo XXI en Latinoamérica. Algunos de ellos, como Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia, encabezaron transiciones autoritarias, entre otras cosas alterando la legislación de su país para poder ser reelectos sin límites.
Alejandro Armas/El Político
Con la mitad de su período recorrido, AMLO no ha hecho otro tanto, a pesar de que la Constitución mexicana prohíbe todo tipo de reelección. Sin embargo, en abril de este año el jefe de Estado planteó una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE), entidad autónoma a cargo de organizar y llevar a cabo comicios en México.
Existe el temor de que la maniobra busque someter el ente al Presidente y sus aliados. Veamos.
Menos recursos, menos funciones, menos independencia
El INE está encabezado por 11 consejeros. La reforma planteada los reduciría a 7. Además, ordenaría que fueran electos por sufragio popular, con períodos de seis años, como el del Presidente. También se contempla que no sea esta institución la encargada de elaborar el padrón electoral, y que la logística comicial no esté en manos de profesionales fijos, sino de voluntarios contratados cada tres años.
Los partidarios del Presidente sostienen que los cambios son necesarios para que el INE sea más eficiente y transparente. En cambio, sus detractores denuncian la reforma como un ataque directo a la autonomía electoral. Consideran que pondría el INE, o a su reemplazo, bajo influencia del partido oficialista.
El planteamiento desató una polémica inmensa en México. Miles de opositores a la medida marcharon en la capital hace semana y media.
Se necesita el voto favorable de dos tercios del Congreso bicameral para que la reforma sea aprobada. No es seguro en este caso, pues el partido de gobierno y sus aliados tienen poco más de la mitad de los escaños en la Cámara de Representantes y tampoco llegan a dos tercios en el Senado.
"El detalle"
Organizar elecciones es un proceso sumamente complicado, sobre todo en países muy poblados y territorialmente extensos, como México. Reducir los recursos técnicos, humanos y materiales con los que cuenta la institución a cargo puede entorpecer la ejecución.
No conforme con ello, los candidatos a consejeros electorales, en la reforma de AMLO, vendrían de listas elaboradas por el Ejecutivo, el Congreso y la Suprema Corte de Justicia. Dos de estos tres poderes son ocupados por personas de militancia partidista, lo cual pudiera fácilmente incidir en la selección de quiénes pueden ser candidatos a consejero. Como ya vimos, los aliados de AMLO son mayoría en ambas cámaras. "Ahí está el detalle", como diría el legendario actor mexicano Mario Moreno, mejor conocido como "Cantinflas".
Además, una vez que se haga la selección, los intención de voto de los ciudadanos podría verse influenciada por su percepción del gobierno, lo cual favorecería a los candidatos más próximos al Presidente. Durante su mandato, AMLO en general ha contado con niveles de aprobación elevados. Un sondeo reciente de El Financiero lo estimó en 56%.
De manera que no es nada descabellado asumir que la reforma electoral pudiera llevar a un árbitro complaciente hacia el oficialismo. Y si eso no beneficia al propio AMLO, por no poder reelegirse, sí beneficiaría a quienquiera que el Presidente escoja como sucesor.
