Los recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC en la región de Catatumbo, Colombia, han dejado un saldo de más de 30 muertos, incluyendo al menos cinco firmantes del acuerdo de paz de 2016. Estos combates, que se intensificaron desde el miércoles 15 de enero, han generado una crisis humanitaria en la zona, caracterizada por desplazamientos forzados y un aumento en la violencia contra civiles.
Los combates se han desatado en varios municipios del Catatumbo, como Tibú, El Tarra y Teorama, donde grupos armados disputan el control territorial y los corredores para el narcotráfico. La situación ha sido calificada como "extrema gravedad" por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien reportó no solo muertes, sino también secuestros y desplazamientos masivos.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha suspendido los diálogos de paz con el ELN debido a lo que ha calificado como "crímenes de guerra". En su declaración, Petro enfatizó que el ELN no muestra voluntad para la paz y ha instado a los grupos armados a cesar sus acciones violentas. La Defensoría del Pueblo ha expresado su profunda preocupación por los derechos humanos en la región y ha solicitado intervención internacional para proteger a las comunidades afectadas.
Los enfrentamientos han generado un clima de terror en las comunidades locales.
Las organizaciones humanitarias están monitoreando la situación y advirtiendo sobre el riesgo de desplazamientos masivos y violaciones a los derechos humanos.
