El Senado metió acelerador al proceso legislativo de la iniciativa presidencial preferente para revalidar los estudios de los mexicanos radicados en otros países, pues las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos están citadas este próximo miércoles por la mañana para decidir el procedimiento a aplicar, que incluye la consulta pública con especialistas.
Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, destacó que la iniciativa preferente “le da visibilidad estratégica y necesidad de hacer esto bien y rápido, de manera urgente, y hacerlo con los actores que están interviniendo.
“Ésa es la perspectiva que tenemos. Y seguramente al conocer el alcance del acuerdo 286 y los comentarios sobre la iniciativa en materia legal vamos a ver algunas cosas. Hay aspectos que ya estaban resueltos y que no están bien integrados y que ya estaban en la ley de niños y adolescentes, pero lo importante es tener el paquete completo”, destacó.
La iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto consiste en una reforma a la Ley General de Educación, por lo que sólo se refiere a las instituciones educativas que son responsabilidad estatal, desde enseñanza básica hasta superior, como las universidades tecnológicas, el IPN y las instituciones politécnicas, así como el Colegio de Bachilleres.
Y aunque las universidades privadas no se rigen por esta ley, sí están sujetas a las políticas de la SEP, vía el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que es la autorización para poder trabajar, y la iniciativa presidencial las incluye, pero no plenamente.
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Corresponde a las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, “revalidar y otorgar equivalentes de estudios, distintos a los mencionados en la fracción V del artículo 13, y autorizar que las instituciones particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida”, precisa la propuesta.
Por eso, como lo informó Excélsior la semana pasada, el Senado y el gobierno federal ya establecen un diálogo con los rectores de las universidades públicas y privadas del país para que también participen de este esfuerzo.
Romero Hicks informó que las comisiones sesionarán para ponerse de acuerdo en el calendario de las consultas, pero la idea es que comiencen esta misma semana.
Recordó que “estamos hablando de un mundo donde todavía el nuevo gobierno de EU tendrá que instalarse y las complejidades de los temas son muy diversas. Este grupo de Operación Monarca sigue trabajando, es un movimiento y empezamos por proteger al consulado y la educación, entre otros… a mí me parece que estamos dando un esfuerzo de unidad, apoyando el trabajo de las comisiones y el Senado, que tiene una gran responsabilidad”.
El pasado 1 de febrero, en el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el Presidente envió a los legisladores una iniciativa preferente que otorga facilidades a los migrantes que regresan al país para incorporarlos al sistema educativo nacional, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten.
La iniciativa fue enviada al Senado como cámara de origen. Los senadores tendrán un plazo máximo de 30 días para desahogarla y, en caso de que se apruebe, la Cámara de Diputados tendrá otros 30 días para revisarla y votarla.
