El secretario de Transportes mexicano, Gerardo Ruiz Esparza, ha advertido públicamente que el caso del socavón donde murió un padre y un hijo el pasado 12 de julio tendrá consecuencias. Aunque después de dos semanas no se han dado a conocer las causas oficiales sobre por qué se formó un hoyo de 10 metros de profundidad en una de las autopistas más importantes y modernas del país, el secretario ha reconocido que "se han detectado posibles fallas y anomalías" de todo tipo, tanto por parte de los funcionarios públicos como de las empresas contratistas. Y ha lanzado una advertencia a estas últimas, encabezadas por la española Aldesa y Epccor : "De confirmarse [irregularidades] enfrentarán severas responsabilidades".
Ruiz Esparza se ha referido en una conferencia de prensa a las primeras conclusiones de una profunda investigación que promete dar respuestas al caso que ha indignado a todo un país. Las sospechas desde un inicio sobre posibles negligencias que iban desde la construcción de la obra —a cargo de la Secretaría de Transportes —, su elevado costo, hasta el rescate tardío de las víctimas, avivó la creencia en la ciudadanía de que aquella tragedia se podría haber evitado.
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Los hechos ocurrieron el pasado 12 de julio. Juan Mena López, de 56 años, y su hijo Juan Mena Romero, de 36, salieron a trabajar y cayeron en su coche en un socavón que se abrió el kilómetro 93 de la autopista que conecta a la Ciudad de México con Cuernavaca (Morelos). Los equipos de rescate tardaron más de ocho horas en sacar el auto de aquel hoyo de cinco metros de ancho. Y la autopsia confirmó que no murieron por el golpe, sino por asfixia, intentando escapar de aquel infierno.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación de noviembre de 2016 alertaba de las posibles irregularidades en el desarrollo de la obra de ampliación de la carretera que comunica la capital con las playas de Acapulco. Entre una lista de observaciones realizadas por el órgano de control, se señalaba que la Secretaría de Transportes no se había asegurado de que las empresas contratistas emplearan la cantidad de cemento por el que se pagó, que constaba de 145 kilos por metro cúbico. La Auditoría advertía en ese informe que "existía una diferencia de volúmenes entre la dosificación pagada y la obtenida en las pruebas de control de calidad".
Fuente: El País.
