La Procuraduría General de la República de México desmanteló un grupo de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras) que desviaban recursos públicos destinados a la compra de alimentos básicos para habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.
Derivado de una denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la dependencia, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), detectó que la red adquirió productos de baja calidad con recursos de un programa venezolano y los exportó a ese país con sobre precio.
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Además, eran revendidos a la población en un valor 112% mayor al costo real, por los operadores de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), un programa creado en 2016 por el régimen Nicolás Maduro para atender la emergencia económica.
El titular de la Seido, Israel Lira Salas, informó que se identificó a Alex “N”, aparentemente relacionado con el gobierno de Venezuela, y a Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”, como los operadores de esta red que lucraba con la crisis alimentaria que afecta a los venezolanos. “Este grupo ha obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios, para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”, indicó.
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Como parte de las indagatorias, señaló Lira, localizaron mil 300 contenedores marítimos en tierra mexicana, que contenían aproximadamente 1.8 millones de despensas alimenticias, cuyo destino era Venezuela, mismas que fueron proveídas por los empresarios relacionados con el caso.
Explicó que la PGR llegó a un acuerdo reparatorio con los imputados, que establece que entregarán al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tres millones de dólares, los cuales serán destinados para atender el mandato de la ACNUR en América Latina y el Caribe.
