Si algunos gobernadores se han comportado como déspotas, se debe a la complacencia de los congresos estatales. Las elecciones de los últimos dos años han puesto en el pedestal de los villanos favoritos a gobernadores de estados caracterizados por elevados crecimientos de deuda, así como por propiciar una crisis sistémica de corrupción e impunidad rampantes.
Las transiciones en Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz son atribuidas a acusaciones sobre abusos de poder en distintas esferas.
Sin embargo, el desprestigio adquirido por los gobernadores salientes ha opacado la responsabilidad de los congresos locales. Por complicidad, miedo a las represalias o indolencia, los congresos en esos estados fallaron en su función primordial: fiscalizar el desempeño del poder ejecutivo.
Como hemos atestiguado en las últimas semanas, la colusión de los congresos con los gobernadores es tal que pasan leyes para proteger a los gobiernos salientes. Sin la intervención del gobierno federal, en Veracruz y Quintana Roo los gobernadores hubieran impuesto fiscales anticorrupción como un seguro para no ser castigados.
Si los poderes legislativos son capaces de proteger a sus gobernadores cuando sus decisiones están en el centro del debate público, no me sorprende que hayan aprobado niveles de endeudamiento que ponen en riesgo las finanzas públicas locales, ni los escándalos que organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han documentado.
El sistema de contrapesos es una de las herramientas democráticas por excelencia para combatir el abuso del poder y las decisiones de gobierno que pueden comprometer el bienestar de la población. Muchos poderes legislativos locales no parecen enterarse, ni siquiera los legisladores de oposición.
Con Información de: El Financiero
