En un gesto de solidaridad y reafirmación de su política exterior, México ha expresado su rechazo a los aranceles impuestos por Estados Unidos a los países que adquieran petróleo o gas de Venezuela. Esta medida, que entrará en vigor el próximo 2 de abril, busca presionar a Venezuela mediante sanciones económicas unilaterales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido contundente al criticar estas sanciones, calificándolas como contrarias al derecho internacional y perjudiciales para los pueblos afectados. Aunque México no importa petróleo venezolano debido a su estrategia de fortalecer la producción nacional, Sheinbaum enfatizó que su gobierno se opone a cualquier tipo de sanción económica contra otros países, en línea con los principios históricos de la política exterior mexicana.
El canciller venezolano, Yvan Gil, agradeció el respaldo de México y calificó las sanciones como una continuación de la fallida estrategia de "máxima presión" aplicada en 2017. La medida estadounidense ha sido justificada por acusaciones contra Venezuela relacionadas con el envío intencionado de delincuentes a Estados Unidos, aunque estas afirmaciones han sido controvertidas.
Esta postura de México refuerza su compromiso con la soberanía y la no intervención en los asuntos internos de otros países, manteniendo una línea consistente en su política exterior. La decisión de Estados Unidos ha generado preocupación en la región, ya que podría tener implicaciones económicas y políticas más amplias.