Migrantes en la frontera sur de México intentan volver a sus países o conseguir un estatus regular en el país tras las restricciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero cientos no pueden regresar con sus propios medios mientras los albergues los atienden sin apoyo del Gobierno.
La Iglesia católica en Tapachula, la mayor ciudad en el límite con Centroamérica, compartió a EFE su preocupación porque está preparándose con sus propios recursos para recibir a las personas deportadas por el Gobierno de Trump a la frontera sur y auxiliando a quienes buscan regresar de manera voluntaria a sus países.
La llegada de Trump
El padre César Augusto Cañaveral, responsable de la Pastoral de Movilidad Humana, advirtió del impacto de las deportaciones masivas y la respuesta del Gobierno de México a las políticas de Trump.
“En el albergue tenemos un 40 % de personas que están regresando a sus países de origen, entre 70 y 80 personas que están en puerta a ser retornadas», expuso en una entrevista.
La mayoría, detalló el sacerdote, son personas de Honduras, El Salvador, Colombia y Venezuela que están en México con familias que ahora prefieren volver a sus países desde que Trump volvió el 20 de enero a la Casa Blanca.
En particular, les han desanimado las políticas de deportaciones masivas, el «cierre» de la frontera con miles de militares desplegados y la eliminación de la aplicación ‘CBP One’ de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que permitía solicitar asilo en Estados Unidos desde el sur de México.
«Son esperanzas truncadas de ya no quieren (seguir) y otro (motivo es) porque pararon sus trámites de migración y han deseado regresar y no exponer su vida a lo que estamos viviendo en México”, comentó el cura.
México también les resulta difícil
Los migrantes también perciben un endurecimiento en la política en México, donde la presidenta, Claudia Sheinbaum, desplegó 10.000 elementos de la Guardia Nacional (GN) en la frontera con Estados Unidos tras una llamada el 3 de febrero con Trump para que pausara por un mes los aranceles del 25 % a los productos mexicanos.
“Algo tiene que hacerse con ese presidente de Estados Unidos, que pueda dejarnos entrar, nos entristecimos», indicó a EFE la venezolana Alvani Villasana, quien salió en la última caravana en busca de llegar a Ciudad de México.
En particular, los venezolanos, que son cerca de una cuarta parte de la migración irregular en México, lamentan que Trump haya terminado con Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) y la ‘CBP One’.
«Pasamos selva, pasamos por muchas cosas, para que hoy en día salga con eso de que ya eliminó el TPS y la ‘CBP One’. ¿Qué más nos toca?», apuntó.
La travesía
Otra venezolana, Nancy Soler, llegó a un albergue en Tapachula tras vivir en un campamento, pero dijo que estos refugios ya no son una opción ante la vigilancia de las autoridades.
“Preferiríamos quedarnos acá (en la calle) que quedarnos allá. Imagínese yo vengo de Venezuela, cruzando siete países para llegar acá, cruzando selva, pasando trabajo para seguir en lo mismo, yo no voy a los Estados Unidos, yo voy a Zacatecas, donde me están esperando, pero no hay ningún tipo de permiso», lamentó.
Herbert Bermúdez, administrador del albergue Jesús El Buen Pastor, mencionó que este lugar está preparándose para recibir a migrantes deportados con una capacidad para 1.200 personas.
«Si Estados Unidos los deporta, México los espera con los brazos abiertos, es una cosa de humanidad muy bella del Gobierno, dinero del Gobierno no, pero hay apoyos del Gobierno, como alimentos, colchonetas, que es lo más esencial, alimentos, un lugar donde descansar», aseguró.
