Militares en servicio y jubilados solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para, entre otras cosas, detener el trámite de la Ley de Seguridad Social y de pensiones militares.
Stephanie Lozada Madriz /El Político
Iván Durazno, abogados de los pensionados afirmó que han presentado el pedido de la medida cautelar y explicó que el reglamento de la CIDH señala 90 días para que el Estado pueda responder, “pero este caso, como es de urgencia, de emergencia, y en forma reservada, entiendo que se lo hará en 30 días”, dijo.
Según los promotores de la ley el beneficio es Eliminar desigualdades entre la tropa y los oficiales, pues actualmente hay generales que ganan “desorbitantes” pensiones, sobre todo en las Fuerzas Armadas.
Días antes de la aprobación, un grupo de militares denunció que los funcionarios “vulneraron los derechos” de los uniformados. Y aseguraron que el Alto Mando de FFAA no fue convocado a la mesa legislativa para analizar las reformas. Sin embargo, las demandas no prosperaron y fueron desestimadas por los jueces.
En el texto de la ley se incluyen modificaiones "error técnico" no se los tomó en cuenta en la aprobación del cuerpo legal, y además se incorporaron 5 modificaciones relacionadas con la conformación del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Con la información de La Hora
