Un juez especial chileno condenó a penas de prisión a cinco militares retirados que en los años 80 envenenaron con la llamada toxina botulínica a opositores a la dictadura de Augusto Pinochet presos en una cárcel de Santiago, informaron hoy fuentes judiciales.
Redacción El Político
A consecuencias de la acción, maquinada por la Dirección de Inteligencia (DINE) del Ejército, murieron dos presos por causas comunes y resultaron graves cinco reclusos pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que compartían sus raciones alimenticias con los primeros, reseñó Efe.
Tras una larga investigación, el juez especial Alejandro Madrid condenó a 20 años de prisión a Eduardo Arriagada Rehren, exdirector de Sanidad del Ejército, y a Sergio Rosende Ollarzú, como autores de dos homicidios consumados y cinco frustrados.
En tanto, los oficiales retirados Joaquín Larraín Gana, Jaime Fuenzalida Bravo y Ronald Bennett Ramírez fueron sentenciados a diez años y un día de prisión como cómplices de los homicidios consumados de Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz, y de los homicidios frustrados de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Garrido Ceballos.
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Además, el juez condenó al Estado de Chile al pago de una indemnización de 950 millones de pesos (1,48 millones de dólares) a los familiares de las víctimas.
"Los hechos permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una operación especial de inteligencia", señala el fallo.
Según la investigación del caso, la toxina botulínica, una neurotoxina considerada internacionalmente un arma química de destrucción masiva fue enviada desde Brasil a petición de la DINE hasta un laboratorio secreto del Ejército que funcionaba en la calle Carmen, en pleno centro de Santiago e introducida a la cárcel en diciembre de 1981.
Cuando los presos comenzaron a sentirse mal, en la enfermería de la cárcel se les diagnosticó "gastritis aguda" y se les devolvió a sus celdas, hasta que por la intervención de la iglesia católica, a petición de los familiares de los reclusos, se les trasladó a centros asistenciales, pese lo cual dos de ellos murieron.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos y otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por motivos políticos.
