La delegación del chavismo en el diálogo político venezolano se ha mantenido en silencio luego de la reunión del viernes en República Dominicana, mientras que por la oposición, el diputado Enrique Márquez, ha asegurado que los acuerdos que se estudian en el proceso “responden a las necesidades del país”. EFE
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha hecho dos apariciones públicas, en actos de su Gobierno, en las que más allá de recordar que ha llamado a la oposición a dialogar, no se ha referido a la reunión del pasado viernes.
Régimen asignó licencias para desarrollar campos de gas a empresa rusa https://t.co/3GtVlNYyLq #ElPolitico pic.twitter.com/vogqSTiLJo
— El Político (@elpoliticonews) December 18, 2017
En los actos, en los que también lo ha acompañado la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, miembro de la comisión de su Gobierno para las conversaciones, la asambleísta tampoco ha emitido comentarios.
Entretanto, por la oposición venezolana, el diputado Enrique Márquez, que asistió a la última reunión de diálogo, reiteró hoy en su cuenta de Twitter que “los acuerdos” que se discuten en la mesa de diálogo “responden a las necesidades de los venezolanos”.
“Es nuestro deber construir condiciones para la recuperación del país y ofrecer estabilidad política y social”, agregó.
#17Dic
Los acuerdos responden a las necesidades de los venezolanos, es nuestro deber construir condiciones para la recuperación del país y ofrecer estabilidad política y social
Vía @ElUniversal #Titulares pic.twitter.com/rxHiExHvNv— Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) December 17, 2017
El parlamentario había señalado ayer que lo discutido en la mesa de diálogo tenía que ver con la estructura del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, dijo, debe ser “imparcial” y “con participación política ponderada”.
“En la mesa de diálogo realizamos todos los esfuerzos por hacerle entender al gobierno que el pueblo no puede pagar los platos rotos de su economía congelada”, dijo.
Sin embargo, más allá de los señalamientos de Márquez, los demás delegados de la oposición, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Julio Borges, los diputados Luis Florido y Timoteo Zambrano no se han pronunciado sobre la reunión del viernes.
El diálogo político venezolano se inició formalmente el 1 de diciembre en República Dominicana, luego de que quedaran en el aire durante varias semanas las conversaciones que se dieron en septiembre.
Al término de la reunión del viernes, que fue la segunda del proceso formal, el presidente dominicano, Danilo Medina, que auspicia estas conversaciones, dijo que el encuentro concluyó con “avances notables”, y anunció que se había acordado otra reunión para el 11 y 12 de enero próximo.
Las conversaciones del viernes se celebraron a puerta cerrada en la Cancillería Dominicana y en medio de un gran hermetismo.
La convocatoria de la nueva cita ha causado molestia entre varios opositores que no participan en el proceso, como el diputado Richard Blanco, que mostró su rechazo a la nueva cita porque, a su juicio, hasta el momento no hay “avance alguno”.
Lo mismo ha hecho la organización Vente Venezuela, de la dirigente María Corina Machado, que considera que una nueva cita es “darle tiempo” al Gobierno de Nicolás Maduro.
Los encuentros de la oposición y el Gobierno también son auspiciados por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y cuentan con la observación de países como: Chile y México invitados por la oposición; Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas, invitados por el Gobierno.
En estas reuniones el chavismo pide el levantamiento de las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto sobre algunos de los funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.
Solicitan además el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos Gobiernos.
Por su parte, la oposición acude con la esperanza de lograr garantías electorales con vistas a los comicios presidenciales previstos para 2018.
También solicitan un cambio en la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE), por considerar que no es un árbitro independiente debido a que está compuesto por cinco autoridades, cuatro de ellas abiertamente afines al Gobierno.
Además piden la liberación de los encarcelados que consideran “presos políticos”, la restitución de unos poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento, y la apertura de un canal humanitario para el ingreso de medicinas y alimentos que escasean en el país.