Los investigadores de la DEA y de todas las agencias estadounidenses encargadas de casos de lavado de dinero, justicia y relaciones internacionales, llevaban casi diez años detrás de la pista de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y su círculo cercano de colaboradores y generales. Tenían pistas claras sobre cómo hicieron parte de un cartel de narcotráfico que, durante años, logró enviar a Estados Unidos miles de kilos de cocaína.
El Político
Sus datos indicaban que en Venezuela existía un sofisticado esquema de corrupción que involucraba a jueces, empresarios y funcionarios.
Todo quedó consignado en la acusación que hizo el gobierno de Donald Trump contra Nicolás Maduro y su entorno hace unas semanas. Una de ellas, la más reciente y polémica, fue la de ponerle precio a la cabeza del hoy presidente venezolano, a su mano derecha, Diosdado Cabello, y a varios generales del más alto rango.
La decisión de emitir una orden de captura en su contra, inesperada por el mundo entero por la crisis del COVID-19, tiene a la opinión pública en controversia, y al gobierno de Venezuela contra las cuerdas por varios testimonios, entre ellos el de un conocido personaje: Marlon Marín.
En Colombia, su identidad es pública. No solo por ser el sobrino del exjefe de las Farc y negociador en La Habana, Iván Márquez, sino porque desde su captura en abril de 2018 le dio la espalda a su tío y a quienes seguían en vueltas ilegales tras la firma de la paz, y hoy es testigo protegido de la DEA.
La importancia de este hombre entre los fiscales colombianos y norteamericanos surgió a partir de su papel en el escándalo judicial que en su momento involucró al hoy también rearmado guerrillero Jesús Santrich, que logró la libertad gracias a una decisión de la JEP, y luego apareció como disidente.
Eso sucedió en abril de 2018, tras un operativo de la Dijín, el CTI y agentes de la DEA que llevó a la captura del entonces congresista del partido FARC, Jesús Santrich. Pronto se supo que la acción judicial respondió a una solicitud de extradición de Estados Unidos que aseguró que Santrich había vuelto a delinquir tras la firma del acuerdo, y no podía seguir gozando de beneficios judiciales. Por el contrario, debía dar la cara a las autoridades. Desde ese mismo día, él se declaró inocente y calificó la investigación como un montaje de Estados Unidos y de los detractores de los diálogos de La Habana.
Sin embargo, el proceso judicial continuó y la Fiscalía, entonces dirigida por Néstor Humberto Martínez, dio la credibilidad a las pruebas estadounidenses y ordenó conducir a Santrich a los calabozos del búnker, mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP y un importante sector de la sociedad empezaron a reclamar su libertad, pues no era una competencia de la justicia ordinaria. Mientras las jurisdicciones peleaban por quedarse con el caso, puertas adentro del bunker la historia era diferente. Allá fue a dar también Marlon Marín y hasta allá llegaron agentes de la DEA a buscar información.
Detalles de lo que les dijo a los estadounidenses se conocieron después. De entrada, les aclaró su disposición a colaborar, y recalcó que, por su privilegiada relación con Iván Márquez y Jesús Santrich, podía dar información de primera mano.
Eso sí, puso una condición: protección para él y su familia, pues hasta su lugar de reclusión ya habían llegado amenazas. Desde ese día les aseguró que tenía pruebas, no solo para demostrar que los negocios ilegales de Santrich habían continuado después de la firma del Acuerdo Final, sino que sabía cómo el gobierno venezolano había apoyado al grupo guerrillero desde que Hugo Chávez estaba en el poder.
Marín logró captar toda la atención de los agentes de la DEA, pues tenían claro que no se trataba de cualquier relación, y que, desde el gobierno de George W. Bush, las agencias de investigación de Estados Unidos sumaban información sobre esas relaciones.
Aquellos días fueron de álgidas relaciones bilaterales y Hugo Chávez, en vivo y en directo, ofrecía apoyo a los grupos insurgentes en Irak, o calificaba al mandatario norteamericano como terrorista. Después de diez años de investigación sin pausa, por fin tenían a la mano un testigo clave sobre la relación entre Farc y Venezuela.
El sobrino de Iván Márquez no duró ocho días en el búnker. El 16 de abril de 2018 salió del aeropuerto El Dorado en un avión de la DEA y no quedó registro de la oficina de prisiones, lo que dio a entender que pudo quedar en libertad condicional, o que ahora tiene otra identidad y sigue vigilado. Lo cierto es que su proceso por narcotráfico no ha tenido avances, según se puede leer en el sistema judicial norteamericano, lo que hace prever que su colaboración sigue por buen camino. Antes de que perdiera su rastro, y que ni la Corte Suprema de Justicia colombiana haya podido conseguir su testimonio, Marín dejó pistas confiables.
Chávez pidió estatus de beligerancia para las Farc y planteó dejarlos de llamar terroristas. Para capotear los rumores de relaciones con el narcotráfico, nombró a un hombre de su plena confianza: el general Néstor Reverol, quien entró a oficiar como director de la Oficina Antidrogas.
Hoy es otro de los acusados por Estados Unidos. Cuando el poder pasó a Maduro en abril de 2013, Reverol pasó a ser comandante de la Guardia Nacional de Venezuela. Dos años después, Nicolás Maduro recibió el primer golpe directo: Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flórez, fueron capturados.
Fuente: Primerinforme
