La justicia española ya está investigando el contrato de 8,8 millones de euros que firmó el bufete Ilocad, dirigido por Baltasar Garzón, con la estatal venezolana PDVSA.
El Político
Lo cierto es que Hugo el Pollo Carvajal ya está poniendo al descubierto buena parte de las irregularidades del régimen venezolano.
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De acuerdo con The Objective, ‘El Pollo’ Carvajal, exjefe de los cuerpos de inteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, fue el encargado de presentar el documento, reportó PrimerInforme.
Ya el ex militar venezolano, detenido en España en espera de la decisión final a la solicitud de extradición a EEUU, presentó testimonios por pagos irregulares de PDVSA a Podemos.
Según las revelaciones del periodista Francisco Mercado, en el mencionado portal investigativo, el exjuez español entró en el equipo de PDVSA en España gracias a sus buenas relaciones con el chavismo.
Pero una recomendación clave le dio el último empujón para que el régimen chavista se terminara de decidir por los servicios de Garzón.
La firma Squire Patton Boggs resultó clave para el millonario contrato de Garzón con PDVSA. La estatal venezolana mantiene relaciones comerciales con este despacho de abogados.
El documento que autoriza la contratación de Ilocad dice: «Para adelantar una acción legal, tanto civil como penal, el despacho de abogados Squire Patton Boggs, con quien PDVSA mantiene relaciones comerciales y específicamente el Dr. Alfredo Anzola, ha identificado en España el despacho Ilocad SL, ubicado en la ciudad de Madrid y perteneciente al prestigioso abogado Baltasar Garzón, con el cual el gobierno bolivariano de Venezuela y/o colaboradores cercanos a este han mantenido y mantienen relaciones contractuales, todas ellas con resultados positivos a la fecha”.
Despacho Squire Patton Bogss
El despacho Squire Patton Bogss (SPB) es reconocido por defender a un sobrino de Nicolás Maduro y Cilia Flores, procesado y condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Es Anzola quien se encargó de la defensa de Efraín Campos Flores.
El documento entregado al juez por Carvajal y que reveló The Objective, es firmado por Silvestre Molero, comisario principal de PDVSA y Eulogio del Pino, presidente de la estatal para ese entonces.
La orden de contratación posee el número identificador COM-2016-0064 y está fechada el 15 de noviembre del 2016. Además posee los membretes del Gobierno Bolivariano de Venezuela, el Ministerio de Petróleo y PDVSA.
Las dudas que generó el documento es cómo se involucra a la actual Fiscal General. Solamente esta cláusula está valorada en 1,9 millones. Refuere que es para la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial».
El caso en manos de la justicia española
La Audiencia Nacional podría interrogar al propio Baltasar Garzón por el contenido de la contratación. Además puede solicitar casos parecidos de contrataciones que estén bajo el escrutinio judicial, la entrega del contrato, de las ofertas, los pagos y demás detalles.
Relación sentimental entre Garzón y Dolores Delgado
Sin embargo, este tipo de procesos suelen contar con la mirada de la Fiscalía.
El primer gran problema se origina por la relación sentimental que existe entre Garzón y Dolores Delgado, la responsable de la Fiscalía.
Queda del juez decidir si existe irregularidad o no en el contrato del despacho de Garzón.
Sin embargo esto no impediría que en otros procesos donde intervenga Ilocad y que estén ligados a intereses estatales venezolanos no puedan pedir a la fiscal general inhibirse, para evitar contaminación personal.
Esto supondrá que el estudio de la contratación del bufete español sería en otros tribunales.
