Organizaciones de prensa y de la sociedad civil denunciaron hoy en la CIDH los "actos sistemáticos de restricción directa e indirecta a la libertad de expresión" que se dan en Nicaragua desde que el presidente Daniel Ortega asumió el poder hace una década.
En la audiencia, celebrada en Washington dentro del 161 periodo de sesiones de la CIDH, no estuvo presente el Estado de Nicaragua, igual que en otras ocasiones y un hecho por el que expresaron preocupación los comisionados James Cavallaro y Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Al detallar esos "actos sistemáticos" contra la libertad de expresión, Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), sostuvo que se traducen en agresiones físicas, intimidación, acoso y espionaje contra los periodistas de medios de comunicación independientes.
También en la concentración de la propiedad y el control de los medios de televisión y radio, el uso de la publicidad estatal para otorgar premios y castigos, la sistemática violación a la Ley de Acceso a la Información Pública y prácticas de represión e intimidación contra la población civil.
El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director de "Esta Semana" y "Confidencial", y en representación del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), ofreció ejemplos concretos de "espionaje político", el último de ellos de octubre pasado.
En esa fecha, denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) "un operativo de espionaje político del Ejército de Nicaragua en contra de ‘Confidencial’ que, mediante intimidación a nuestros trabajadores, pretendía controlar nuestro sistema informático y la seguridad de nuestra redacción", contó Chamorro.
Más allá de ese espionaje, Chamorro señaló que periodistas de sus medios y de otros han sido objeto de "agresiones físicas" mientras realizan coberturas de actos "de interés público", y los responsables de esos ataques, en su mayoría asociados a grupos paramilitares oficiales o a la Policía Nacional, "nunca han sido investigados o detenidos".
Otro de los problemas que tienen los medios independientes en Nicaragua es que se les prohíbe muchas veces cubrir actividades gubernamentales, desde una conferencia de la Policía Nacional a presentaciones del Ministerio de Salud, e incluso audiencias judiciales.
Asimismo, Chamorro alertó de la existencia de un "duopolio" televisivo, con canales controlados por la familia presidencial y otros en manos del empresario mexicano Ángel González.
En el sector radiofónico ocurre lo mismo y, mientras la familia Ortega Murillo es dueña de al menos 10 emisoras, González controla un total de 17, de acuerdo con las cifras facilitadas por Chamorro, quien cree que esa situación exige la aprobación de una nueva ley de telecomunicaciones que prohíba de forma expresa la concentración de medios.
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En cuanto a la publicidad estatal, bajo el Gobierno de Ortega se asigna "sin regulación o transparencia", discriminando a los medios independientes, algunos de los cuales han tenido que cerrar o reducir sus operaciones, y privilegiando a los de la familia presidencial.
Por su parte, el director del CENIDH, Mauro Ampié, expuso en la audiencia la "nula" aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada hace diez años, así como los casos de represión en octubre de 2015 contra campesinos que se oponen al canal interoceánico.
Ampié hizo hincapié, además en las "campañas" en contra de Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, que se promueven desde medios digitales patrocinados por el Gobierno.
En nombre de todos los denunciantes presentes en la audiencia, Ampié solicitó a la CIDH que informe al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de las "graves violaciones" a la libertad de expresión en Nicaragua y que inste al Estado nicaragüense a tomar "medidas efectivas" para proteger a los periodistas.
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También reiteró a la CIDH la petición para que realice una visita "in loco" a Nicaragua para constatar los problemas expuestos hoy y pidió que el país sea incluido en el Capítulo IV del próximo informe anual de la CIDH, que señala las naciones donde las violaciones de derechos humanos requieren una "atención especial".
La comisionada Arosemena de Troitiño, segunda vicepresidenta de la CIDH, tomó nota de las peticiones y detalló que la Comisión ya ha realizado gestiones para esa visita "in loco" a Nicaragua, pero no ha recibido ninguna invitación del Gobierno al respecto.
Mientras, el relator por la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, expresó su "consternación" por la ausencia del Estado en la audiencia de hoy, así como su "solidaridad clara y pública" con aquellos que ejercen actualmente el periodismo en Nicaragua.
EFE
