“No es una ruta, es una jungla”. Así reza el eslogan de la campaña que lanzará el Gobierno de Panamá, con el objetivo de desincentivar la inmigración irregular a través del peligroso Tapón del Darién.
El Político
La selva, un extenso corredor que comunica a los distritos panameños de Chimás y Chepo con el departamento de Chocó, en Colombia, se ha convertido en un puente natural.
A diario, es recorrida por miles de migrantes que parten de América del Sur e intentan llegar a América Central o los Estados Unidos.
De acuerdo con cifras panameñas, el paso fue cruzado por 248.000 personas en 2022. El número ha escalado hasta los 307.000 individuos en lo que va de 2023.
Viendo sobrepasada su capacidad de respuesta, Panamá está en emergencia. Según Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública de la nación centroamericana, sus oficiales reciben entre 2.000 y 3.000 inmigrantes por día.
El funcionario añadió que su país ha invertido 60 millones de dólares en la atención de los indocumentados que han logrado arribar a suelo panameño.
En una conferencia de prensa efectuada el 23 de agosto, Pino destacó que las gestiones de su Ejecutivo por manejar la problemática desde la multilateralidad han resultado infructuosas.
“A pesar de todos los esfuerzos, las reuniones con los países involucrados, no ha sido posible lograr un alto (a la inmigración ilegal)”, comentó.
La queja parece ir dirigida a Colombia. La nación suramericana es el punto de partida de los que buscan llegar a Panamá, a través del Tapón del Darién.
Durante la semana entrante, los titulares de seis ministerios estarán visitando la jungla, con la intención de avaluar la situación sobre el terreno.
Se prevé que, tras la visita, las autoridades panameñas anuncien medidas para detener el flujo migratorio. Entre ellas, Panamá considera el posible cierre de su frontera terrestre con Colombia.
