Desde el 1 de julio entrará en vigor la SB 1718, que convertirá oficialmente a Florida en el estado con la ley migratoria más dura en Estados Unidos, propuesta por su gobernador, Ron DeSantis.
El Político
Florida pasará de ser un territorio amigable para los trabajadores agrícolas a un lugar menos deseado donde las policías locales podrán arrestar a extranjeros no autorizados y entregarlos a las autoridades federales para posibles procesos de deportación.
En contexto
En abril, poco antes de ser aprobado por ambas Cámaras de la Asamblea Estatal, controlada por los republicanos, las iglesias expresaron temor por el riesgo de recibir sanciones penales por trasladar indocumentados a servicios de adoración y estudios bíblicos o por brindarles ayuda humanitaria.
Si bien esa parte del proyecto original fue eliminada, la ley promulgada el 10 de mayo por el gobernador Ron DeSantis sanciona como un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión, viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada, sin importar si el pasajero se trata de una esposa, un hijo o un amigo indocumentado.
“Reconocemos que las políticas y los sistemas de inmigración actuales no funcionan y necesitan una reforma integral”, escribió en un artículo de opinión el obispo Gregory L. Parkes, quien supervisa a más de 450,000 católicos en la diócesis de St. Petersburg. “(La ley SB 1718) es una respuesta inadecuada a la realidad que muchos de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes enfrentan hoy y solo servirá para forzarlos a permanecer en las sombras de la sociedad. Podemos hacerlo mejor", agregó.
Iglesia Católica crítica la ley antiinmigrante de DeSantis
La Iglesia Católica del sur de Florida criticó "nuestro sistema de inmigración roto frustra a todos”, dijo Thomas Wenski, arzobispo de Miami en vísperas de la aprobación del texto final. “Y en Tallahassee (capital del estado), la SB 1718 nació de esa frustración”, agregó en ese momento.
El religioso añadió que, durante más de 20 años, el Congreso de Estados Unidos “no ha logrado promulgar una reforma migratoria integral que promueva la unificación y la estabilidad familiar, asegure la participación de los recién llegados en los derechos y responsabilidades de la ciudadanía, y asegure una fuerza laboral legal necesaria para el crecimiento económico y la prosperidad para todos”.
"La política de inmigración es responsabilidad del gobierno federal y no de los gobiernos estatales”, recordó, en un señalamiento que incluso ha sido ratificado en fallos judiciales y la Corte Suprema de Justicia.
En cuanto a la SB 1718, Wenski ha señalado que “no ofrece soluciones a las preocupaciones reales y crecientes en la frontera sur, pero traerá un daño real a las empresas, los lugares de culto, las escuelas, la salud pública y la seguridad de Florida, así como a los propios migrantes”.
Postura migratoria del gobernador DeSantis
En febrero, Univision Noticias reportó que el fantasma de la deportación volvió a rondar por la comunidad inmigrante de Homestead tras el anuncio de DeSantis de enviar a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para aumentar la persecución a los indocumentados.
Tras la firma de una controvertida ley migratoria que permite el traslado de inmigrantes indocumentados a estados gobernados por demócratas, DeSantis generó una ola de críticas a nivel nacional al afirmar que Florida estaba utilizando todas las herramientas disponibles para "proteger a nuestros ciudadanos de las políticas de frontera abierta del presidente Joe Biden".
“Me complace haber firmado una legislación para continuar con el programa de transporte de extranjeros ilegales a jurisdicciones santuario. Agradezco a la Legislatura por mantener esta valiosa herramienta”, agregó.
Entre líneas
La Ley SB 1718, entre otras prohibiciones y regulaciones:
- Tipifica como un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión, viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada.
- Prohíbe la financiación local para identificaciones comunitarias.
- Invalida ciertas licencias de conducir de otro estado emitidas legalmente.
- Rastreará, registrará e informará el estado migratorio de los pacientes en hospitales.
- Agrega un estatuto demasiado amplio de "tráfico de personas" a la lista de delitos que pueden resultar en cargos de extorsión.
- Uso obligatorio de E-Verify para empresas privadas con 25 o más empleados.
- Combina los esfuerzos antiterroristas del estado con la inmigración.
- Exige la extracción de muestras de ADN de inmigrantes detenidos.
- Elimina las protecciones para inmigrantes víctimas de delitos.
- Proporciona $12 millones de los contribuyentes al programa de transporte de extranjeros no autorizados a otros estados.
