El juicio de nulidad en contra del bono PDVSA 2020 intentado en Nueva York por la junta administradora ad-hoc de PDVSA sigue adelante.
El Político
En los próximos días, la Corte deberá escuchar los argumentos relacionados con la inconstitucionalidad del papel. Esto permitirá conocer mejor lo que quisieron esconder el régimen de Nicolás Maduro y sus abogados en septiembre de 2016.
Así lo señala una fuente relacionada con el equipo del presidente Interino, Juan Guaidó. Apunta que el “secreto de Maduro y sus abogados ahora quedará al descubierto en el juicio en Nueva York, donde las partes deberán explicar a la Corte cuál es la interpretación que hacen de la Constitución”.
Para argumentar, las partes estarán obligadas a pedir reportes o análisis a expertos en Venezuela. A abogados en ejercicio o a profesores en derecho constitucional. Y esto procede también para los agentes de los bonistas. Lo que se discutirá en el fondo son las competencias de la Asamblea Nacional. “Lo que no pudo ventilarse en tribunales venezolanos en 2016, será ventilado ante la Corte de Nueva York. La comunidad jurídica venezolana debería seguir de cerca ese debate pues, en el fondo, lo que se está defendiendo son las competencias de control de la Asamblea Nacional violentadas por el régimen de Maduro”, señaló la fuente.
Explica que “luego de que el 16 de septiembre de 2016 PDVSA anunciara su intención de canjear los bonos PDVSA 2017 con el bono PDVSA 2020 garantizado con el 50,1% de acciones de Citgo Holding, Inc., diversos diputados de la Asamblea Nacional advirtieron que la operación de canje requería la autorización previa de la Asamblea Nacional, debido a que los contratos de emisión del bono PDVSA 2020 eran contratos de interés público nacional”.
La Asamblea Nacional avanzó en sus cuestionamientos cuando el 27 de agosto de 2016 debatió en plenaria el punto de la emisión. En esa sesión los diputados de la Unidad Democrática advirtieron que no reconocerían la emisión del Bono PDVSA 2020 “pues debido al colateral sobre Citgo, esos contratos eran de interés público que, como tal, debían ser previamente autorizados por la Asamblea Nacional”.
Por su parte, los diputados del PSUV y el régimen de Maduro se limitaron a responder que PDVSA podía emitir deuda sin control previo de la Asamblea. Sin embargo, al final se impuso la mayoría de la oposición, y la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo que rechazó la emisión del Bono 2020, anunciando una investigación.
Dice la fuente que “el régimen de Maduro y sus abogados quisieron esconder este debate. Para ello, intentaron darle respaldo jurídico a lo expuesto por los diputados del PSUV en aquella sesión. Que PDVSA podía emitir deuda sin control de la Asamblea. Además, Maduro utilizó a la Sala Constitucional para bloquear la investigación iniciada por la Asamblea Nacional, como decidió en sentencia de 25 de octubre de 2016 -pocos días antes de que PDVSA firmara los contratos del Bono 2020, ignorando las objeciones del Parlamento”.
Señala que “para la junta ad-hoc de PDVSA, el argumento es muy sólido. Tal y como explicó el jurista Román Duque Corredor en entrevista de noviembre de 2019, aun cuando PDVSA podía emitir deuda sin la autorización de la Asamblea Nacional, no podía comprometer a su activo más importante fuera de Venezuela, como es Citgo, sin autorización de la Asamblea Nacional, pues todo lo relacionado con Citgo es de interés público nacional”. Aquí está la clave.
Así, de acuerdo con Duque Corredor, PDVSA requería la autorización previa para firmar los contratos de emisión del bono PDVSA 2020 y comprometer el 50,1% de Citgo en garantía a favor de empresas extranjeras, de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución, norma que regula la autorización de la Asamblea Nacional para todo contrato de interés público suscrito con empresas extranjeras, que fue precisamente lo que concluyó el Parlamento en septiembre de 2016.
Fuente: Konzapata
