La administración Trump ha revocado una extensión de las protecciones de deportación que el presidente Joseph R. Biden Jr. había concedido a más de 600.000 venezolanos que ya se encontraban en Estados Unidos, según una copia de la decisión obtenida por The New York Times.
Por Hamed Aleaziz NYT | Traducción El Político
El martes, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, decidió revocar la prórroga de 18 meses de lo que se conoce como Estatus de Protección Temporal, destinado a ayudar a las personas que se encuentran en Estados Unidos y no pueden regresar de forma segura e inmediata a su país debido a un desastre natural o un conflicto armado. La medida supone un duro golpe para cientos de miles de migrantes venezolanos que creían que no sólo estarían protegidos de la deportación, sino que también se les proporcionaría permiso de trabajo hasta al menos el otoño de 2026.
La anulación de la prórroga podría sumarse a la ofensiva de Trump no sólo contra la inmigración ilegal, sino también contra los inmigrantes a los que el Gobierno de Biden había autorizado a permanecer en el país. En el pasado, Trump se ha centrado en los inmigrantes bajo el Estatus de Protección Temporal, que ayuda a los inmigrantes procedentes de algunos de los países más inestables del mundo. Los republicanos han argumentado, sin embargo, que la medida se ha desviado mucho de su misión original de proporcionar refugio temporal en caso de conflicto o desastre.
Durante su primera administración, Trump intentó poner fin a la protección de los migrantes de varios países, como Haití, El Salvador y Sudán. Los tribunales federales obstaculizaron algunos de esos esfuerzos.
La decisión de Noem es contraria a la medida adoptada por Alejandro N. Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional durante el mandato de Biden, de prorrogar la protección de los venezolanos en el último mes del mandato de Biden. Por lo general, la agencia debe decidir a intervalos regulares si las protecciones deben ampliarse antes de que expiren. En la notificación se argumentaba que Mayorkas se había adelantado demasiado y que la prórroga no debía seguir en vigor «dado el brevísimo período» transcurrido desde su emisión el 17 de enero.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, que habló bajo condición de anonimato, argumentó que la prórroga de última hora de la administración Biden parecía ser una forma de atar las manos de los funcionarios de Trump.
Los venezolanos han afluido a Estados Unidos en los últimos años a medida que la economía de su país se ha derrumbado y el gobierno autocrático del presidente Nicolás Maduro ha sofocado la disidencia.
Los que inicialmente recibieron el Estatus de Protección Temporal en 2021 mantendrán sus protecciones hasta septiembre, mientras que los que lo obtuvieron en 2023 las tendrán al menos hasta abril. La Sra. Noem tiene ahora hasta el sábado para tomar una decisión sobre si emite su propia prórroga para el grupo de venezolanos que recibieron su estatus en 2023.
Si la administración no toma una decisión para el sábado, las protecciones se extenderán por seis meses automáticamente, dice el aviso.
Los defensores de los inmigrantes dijeron que la cancelación de la prórroga de la administración Biden causaría confusión y miedo entre los venezolanos en todo Estados Unidos.
«Al tomar esta medida, la secretaria Noem está arrojando a más de 600.000 personas a un estado de limbo burocrático permanente», dijo Aaron Reichlin-Melnick, miembro del Consejo Americano de Inmigración. «La gente ya no tendrá ninguna certeza sobre si pueden permanecer legalmente en el país hasta finales de año».
Dijo que la decisión indicaba que la administración Trump también podría decidir no hacer su propia extensión para los venezolanos que recibieron su estatus en 2023.
«Si la administración Trump se mueve para terminar T.P.S. para más de 600.000 venezolanos, también podría tener impactos significativos en la economía, ya que casi todos los que tienen estatus están trabajando aquí legalmente», agregó.
Cuando la administración Biden se movió para extender las protecciones este mes, citó «crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano de Maduro.»
La declaración dijo que «estas condiciones han contribuido a altos niveles de delincuencia y violencia, impactando el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible.»
