El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó este jueves que registró "al menos 231 acciones represivas" en Cuba durante el mes de abril "con predominio de detenciones arbitrarias y abusos en las cárceles"
El Político
De las acciones represivas, 53 fueron algún tipo de detención y 178, otros abusos. Los presos políticos sufrieron la mayor cantidad de abusos, de acuerdo con los reportes de la red de observadores en la isla.
Asimismo, se registró un alto número de viviendas de activistas por la policía política, citaciones policiales, hostigamientos, agresiones, impedimentos de viaje, multas y juicios, reportó Infobae.
Informe de Derechos Humanos 2022: Cuba
(1/2) El informe menciona a Luis Robles, que fue declarado culpable de "[distribución de] propaganda enemiga y desobediencia" y condenado a cinco años de prisión. Su único "delito" fue participar en una protesta solitaria y pacífica. pic.twitter.com/u3d3Zimq5r— Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) March 23, 2023
Panorama general
“La situación es crítica, una especie de ‘tormenta perfecta’ entre la represión gubernamental y la hambruna. En este sentido, esperamos la intermediación de la Iglesia católica cubana (obispos, sacerdotes, religiosas y laicos) para la excarcelación de los presos políticos, el fin de la represión y para que ocurran los cambios que el país necesita con urgencia”, afirmó el OCDH en relación con una posible mediación.
ONG registró al menos 231 acciones represivas en Cuba durante el mes de abril – Infobae https://t.co/jQdKpwceeY
— Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) May 5, 2023
En contexto
#Cuba: en medio de grave crisis económica, de la profundización de la política sistemática de represión y de la peor crisis hemisférica de personas presas por ejercer su derecho a protestar, @DiazCanelB es reelegido por la Asamblea Nacional, que claramente no representa al pueblo https://t.co/aEpybvid0H
— Erika Guevara Rosas (@ErikaGuevaraR) April 20, 2023
Migración
La cantidad de cubanos que abandonan el país aumentó marcadamente en 2022, y superó los máximos históricos de las décadas de 1980 y 1990.
La Patrulla Fronteriza de EE UU aprehendió a más de 203.000 ciudadanos cubanos entre enero y septiembre de 2022.
Esto representa un aumento drástico en comparación con los 33.000 cubanos aprehendidos en el mismo período de 2021.
La Guardia Costera de EEUU interceptó a más de 6.182 cubanos en el mar entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, por lejos la cifra más alta en cinco años.
Los cubanos que se dirigieron a EEUU enfrentaron abusos por parte de grupos criminales y fuerzas de seguridad a lo largo del trayecto, particularmente en el Tapón del Darién —en la frontera entre Colombia y Panamá— y en la frontera sur de México.
Muchos cubanos viajan a través de Nicaragua, que a fines de 2021 eximió el requisito de visado para nacionales de Cuba.
La inversión en Salud y Asistencia social en #Cuba en el 2022 fue el 2,1% del PIB, muy lejos del 9% mínimo recomendado por la OCDE o el 6% de la OMS. En cambio, servicios empresariales e inmobiliarios y alquiler representaron el 32,9% del presupuesto#SOSCuba #CubaTieneQueCambiar pic.twitter.com/kByrcF0bNr
— Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) May 4, 2023
Derechos económicos, sociales y culturales
La crisis económica de Cuba afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales, e incluye apagones del servicio eléctrico y la grave escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos.
En enero de 2022, las autoridades reconocieron que los faltantes de medicamentos habían empeorado y los atribuyeron al embargo impuesto por EEUU. El presidente del grupo estatal de la industria farmacéutica señaló que 88 de los 262 de mayor prioridad estaban “en falta”.
En mayo, las autoridades manifestaron que el servicio eléctrico del país estaba en una “situación compleja” que “paraliza a una importante parte de la economía”.
Hubo apagones en partes de Cuba durante 29 de los 31 días de julio, según información oficial revisada por la agencia de noticias EFE.
En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los cubanos estaban sufriendo un “colapso del sistema público de salud” y un “aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad”.
??Al cierre de marzo, en #Cuba se registraban al menos 1.066 prisioneros políticos y de conciencia.
"Hemos podido verificar que en estos casos los prisioneros cumplen condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad sin supervisión judicial ni defensa jurídica, en… pic.twitter.com/cI8M1U722e
— Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) April 19, 2023
Presos políticos
Prisoners Defenders, una organización con sede en Madrid, informó que, hasta septiembre, en Cuba había 1.020 personas detenidas que cumplían con la definición de presos políticos.
Entre estas se incluían 235 personas que se encontraban bajo arresto domiciliario o en libertad condicional.
Los cubanos que critican al gobierno se enfrentan al grave riesgo de ser perseguidos penalmente. No se les garantiza el debido proceso ni un juicio justo ante un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido opositor, permanecía preso al mes de octubre. En abril de 2020, un tribunal de Santiago de Cuba lo condenó a cuatro años y medio de “restricciones a las libertades” por presunta “agresión”
En julio de 2021, fue detenido por policías mientras se dirigía a una manifestación. Fue acusado de “desorden público” debido a que “decidió unirse” a las manifestaciones y fue enviado a prisión preventiva.
Un tribunal de Santiago de Cuba decidió en agosto de 2021 que Ferrer no había cumplido con las “restricciones a las libertades” y lo sentenció a cumplir una pena de prisión.
En junio de 2022, un tribunal de La Habana condenó a los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, quienes interpretaron en 2021 el video musical de “Patria y vida”, que reformula el viejo lema del gobierno “patria o muerte” y critica la represión en el país.
Fueron procesados por ejercer su libertad de expresión, entre otras cosas, al publicar un meme del presidente Díaz-Canel, y recibieron condenas de cinco y nueve años de prisión, respectivamente.
#DidYouKnow @PrisonersDFNdrs warns that political prisoners who denounce their torture are threatened with taking away their parental rights. #Cuba #HumanRightsAbuses https://t.co/e6WC4S1U44
— The Foundation For Human Rights in Cuba (@TheFHRC) April 22, 2023
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos.
Aquellos que critican al gobierno o inician huelgas de hambre a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante períodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.
El régimen la isla sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y cubanas accedan a las cárceles.
En abril de 2020, con el objeto de reducir los riesgos asociados con el Covid-19, las autoridades suspendieron las visitas de familiares.
Esto, sumado a la negativa a permitir que los detenidos llamen a sus familias, hizo que muchas personas quedaran incomunicadas durante días y, a veces, semanas.
En junio de 2022, las organizaciones no gubernamentales 11J y Cubalex —basándose en hallazgos de condiciones sanitarias deficientes, falta de alimentos y atención médica y condiciones degradantes— lanzaron la campaña “Miren las prisiones de Cuba” a fin de presionar a las autoridades para que autoricen las visitas de organizaciones internacionales y de expertos de las Naciones Unidas.
La lista de prisioneros políticos de Cuba se mantuvo en marzo en 1.066, tras el ingreso en la cárcel de ocho nuevos casos y la salida de similar cantidad por “cumplimiento íntegro de la sanción…#cuba #CubaRepresion #CubaPresosPoliticos @PrisonersDFNdrs https://t.co/rmEKp4WVlJ
— Radio Televisión Martí (@martinoticias) April 13, 2023
Libertad de expresión
El régimen cubano controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes.
En febrero y agosto de 2021, las autoridades ampliaron la cantidad de actividades económicas privadas permitidas, pero el periodismo independiente continuó estando prohibido.
Periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica de las autoridades suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de internet, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias.
A partir de 2019, las autoridades permitieron la importación de enrutadores y de otros equipos, así como la conexión de redes de Internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas.
El mayor acceso a internet permitió que los activistas pudieran comunicarse, denunciar abusos y organizar protestas. Algunos periodistas y blogueros publican artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales, como Twitter y Facebook.
Sin embargo, el costo elevado y el acceso limitado impiden que la mayoría de los cubanos puedan leer noticias independientes.
Las autoridades suelen bloquear el acceso a muchas páginas web de noticias dentro de Cuba y han impuesto en repetidas ocasiones restricciones individuales y, por momentos, generalizadas al acceso de los críticos a los datos de telefonía móvil.
Cuando las protestas comenzaron el 11 de julio de 2021, diversas organizaciones especializadas indicaron que hubo interrupciones del servicio de Internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales y las plataformas de mensajería.
En agosto de 2021, las autoridades publicaron el Decreto Ley 35, que regula el uso de las telecomunicaciones y restringe gravemente la libertad de expresión en Internet.
En mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó un código penal que, entre muchas restricciones imprecisas, incluye una disposición que sanciona con hasta 10 años de cárcel a quien provea, reciba o tenga en su poder fondos “con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
Ese lenguaje amplio allana el camino para que se impulsen procesos penales que socavarían el derecho de los cubanos a movilizarse y cuestionar de manera pacífica los abusos del gobierno.
Las autoridades continúan utilizando el Decreto-Ley 370/2018, que prohíbe la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad” de las personas, para interrogar y multar a periodistas y críticos, y confiscar sus materiales.
En conclusión
Organizaciones cubanas de defensa de DDHH contabilizaron más de 1.500 personas detenidas, la mayoría de ellas manifestantes pacíficos o transeúntes; hasta octubre de 2022, permanecían encarcelados más de 660 detenidos.
Muchos estuvieron incomunicados en la detención. Algunos fueron sometidos a maltratos y, en ciertos casos, torturas.
La dictadura cubana reconoció la condena de más de 380 personas detenidas en el contexto de las protestas, incluidos varios niños y niñas, por una variedad de delitos contra el orden público.
Según el informe Desde el examen anterior, Cuba ha aumentado su sofisticada maquinaria de control sobre la libertad de expresión y reunión de una manera que no se había visto en prácticamente 20 años.
En los últimos cuatro años, Amnistía Internacional ha nombrado al menos 13 presos y presas de conciencia:
personas encarceladas por sus creencias políticas, religiosas o de otra índole que no han recurrido a la violencia
ni propugnado su uso.
Estos casos emblemáticos representan únicamente una pequeña fracción del número
total de personas que probablemente merecen ser designadas como tales.
El OCDH aboga por la "mediación" de la Iglesia Católica cubana "para lograr la excarcelación de los presos políticos, el fin de la represión y para que ocurran los cambios que el país necesita con urgencia".
"Los presos políticos sufrieron la mayor cantidad de abusos, de acuerdo con los reportes de la red de observadores en la isla", refirió la ONG.
Igualmente denunció que en abril hubo "un alto número de viviendas de activistas por la policía política, citaciones policiales, hostigamientos, agresiones, impedimentos de viaje, multas y juicios.
Por su parte, HRW advierte que el régimen de Miguel Dáz-Canel continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos.
Las autoridades respondieron con represión y censura brutales y sistemáticas cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio de 2021 en protesta por las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19.
Los juicios de cientos de esos manifestantes en 2022 a menudo violaron las garantías básicas de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas.
Las manifestaciones continuaron en todo el país durante 2022, como consecuencia de los apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida.
La represión que lleva a cabo el gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles, forzaron a miles de cubanos a abandonar el país en números sin precedentes.
