Con una decisión que genera más dudas que certezas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a un grupo de personas y entidades vinculadas a una red de evasión de sanciones en el sector petrolero venezolano.
Entre los sancionados destacan Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D’Agostino Casado y Philipp Paul Vartan Apikian, además de catorce entidades y seis embarcaciones que han facilitado la venta ilícita de petróleo venezolano, una operación que ha beneficiado al régimen de Nicolás Maduro y a sus aliados internacionales.
Estas acciones fueron tomadas bajo la Orden Ejecutiva 13850 y refuerzan el compromiso declarado por Estados Unidos de combatir la corrupción que, según el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, “consume a Venezuela”. Sin embargo, las medidas también exponen una contradicción evidente en la política estadounidense hacia el país sudamericano.
En paralelo a estas designaciones, OFAC ha actualizado su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), removiendo a varias personas y entidades previamente sancionadas, entre ellas los mismos Bazzoni y D’Agostino, además de empresas clave como Elemento Oil & Gas Ltd.
Esta remoción, aunque no explica directamente las razones detrás de la decisión, envía un mensaje ambiguo que puede interpretarse como una flexibilización que beneficia a actores involucrados en el saqueo de los recursos venezolanos.
Incoherencia en el mensaje
La aparente contradicción entre la imposición y la remoción de sanciones deja a analistas y ciudadanos preguntándose: ¿cuál es el verdadero propósito de la política estadounidense hacia Venezuela?
Por un lado, se refuerza el discurso de lucha contra la corrupción y la explotación del sector petrolero por parte del régimen de Maduro. Por otro, la eliminación de sanciones a actores previamente implicados en la misma red de corrupción parece minar la contundencia de este mensaje.
Para el régimen, esta dualidad puede ser vista como una señal de debilidad o incoherencia en la estrategia internacional, un espacio que podrían aprovechar para legitimar sus operaciones ilícitas.
De igual manera, el doble mensaje también debilita la posición de Estados Unidos como líder en la lucha contra la corrupción en Venezuela, erosionando la confianza de la comunidad internacional en su compromiso con el tema.
La falta de transparencia en la remoción de sanciones genera dudas sobre posibles acuerdos tras bastidores, alimentando teorías de connivencia o intereses políticos que trascienden los principios declarados públicamente.
Sin explicaciones claras, estas decisiones envían señales confusas tanto a los actores corruptos como a los ciudadanos venezolanos que esperan justicia y transparencia.
