La ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este 24 de enero la creación de una ley que fiscalice la actuación y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El Político
De esta manera, el régimen chavista avanzó en la vieja amenaza contra la sociedad civil y se apresta a proscribir a importantes Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que trabajan por la defensa de los derechos humanos, electorales, políticos y sociales de los venezolanos.
¿Por qué es importante?
Según el chavismo, casi todas estas agrupaciones tienen fines políticos y de desestabilización.
El régimen de Maduro señala a estas organizaciones de recibir fondos de enemigos extranjeros y atentar contra la llamada revolución bolivariana, reportó ElEstimulo.
El diputado Diosdado Cabello presentó esta propuesta, que fue respaldada por la mayoría oficialista -con algunos votos en contra o salvados por legisladores opositores.
La ley entra ahora en un «lapso perentorio de consultas» antes de ser discutida en detalle en la Cámara.
Figuras del chavismo hablaron de una lista que incluye 62 ONG que están de primeras en la mira para someterlas a fiscalización e intervención porque están acusadas de operar con fines políticos y de recibir financiamiento extranjero.
Entre ellas mencionaron a Provea, dedicada a la defensa de los Derechos Humanos desde hace unos 30 años y cuyo trabajo ha sido ampliamente reconocido por entidades y gobiernos extranjeros.
La iniciativa recuerda a prohibiciones y controles aplicados ya por otros regímenes autoritarios como los de Nicaragua, Cuba y Rusia.
"Presentamos esta Ley con humildad, pero con mucha firmeza para regular el financiamiento, la actuación de estas organizaciones no gubernamentales, esperando el apoyo de nuestras diputadas y diputados, y vamos a la calle a discutirla junto al pueblo", Diosdado Cabello. pic.twitter.com/Elcmp1FkIG
— PSUV (@PartidoPSUV) January 24, 2023
Entre líneas
Estos son algunos extractos del proyecto presentado por Diosdado Cabello.
"La autoridad competente, habida noticia de lo ocurrido, podrá tomar las medidas administrativas proporcionales y adecuadas contra la Organización No Gubernamental, mediante la apertura de un procedimiento administrativo que podrá implicar la suspensión de actividades, así como la disolución de oficio de la organización en cuestión».
Agrega que «en caso de que uno de estos supuestos se configure y se trate de un delito de conformidad con la legislación de la República, tras la determinación judicial de su ocurrencia mediante sentencia definitivamente firme, podrá ordenar el tribunal competente la disolución de la Organización No Gubernamental".
Añade que durante el curso del proceso se pueden "dictar las medidas cautelares para evitar la continuación del delito".
Sin embargo, el texto no deja claro qué considera «actividades políticas», ni qué es «atentar contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República», lo que deja espacio para interpretaciones discrecionales de funcionarios y autoridades investidas de poder legal.
Desde este punto de vista, ¿una ONG que acuse a la policía o a los militares de cometer ejecuciones extrajudiciales podría teóricamente ser acusada de mancillar el honor de la fuerza pública y atentar contra la institución armada?, es una de las preguntas que quedan en el aire.
"Hay 62 ONG que operan con fines políticos en este país y reciben financiamiento de organismos de otras naciones, de gobiernos distintos al gobierno bolivariano y ahora, el fin ya no es humanitario ni social sino de imponer su democracia", Diosdado Cabello. @dcabellor pic.twitter.com/zZb5ion24y
— PSUV (@PartidoPSUV) January 24, 2023
Formas de organización popular comunitaria y comunal
El texto del proyecto afirma que el Estado «promoverá la organización civil como una forma legitima de participación que podrá crearse en cualquier nivel».
«De manera expresa, se favorecerán formas de organización popular comunitaria y comunal que busque participar en la solución de los problemas locales, así como en la garantía de los derechos humanos», dice.
Esto supone una estrategia adicional para ir cooptando espacios que hoy ocupan algunas ONG, utilizando nuevas organizaciones afines al régimen chavista.
Cabello afirmó que en el pasado las corporaciones mediáticas hacían el papel que él atribuye hoy a las ONG, «pero ahora con la proliferación de las redes (ese poder mediático) fue desplazado a un lado, necesitan gente que siga con la conspiración. Los grandes medios quedaron para otras cosas», dijo.
«Si usted es una ONG real que se dedica a la labor social y humanitaria ¿Usted tiene algo que temer?, no, usted puede registrarse, pueden revisar su financiación, su financiamiento el día que quieran, pueden hacerle seguimiento, fiscalización sin ningún tipo de inconveniente porque usted no la debe», remarcó Cabello.
Avanza la criminalización.
Las ONG en Venezuela serían multadas hasta con 200 Petros ($12.000) si no cumplen con la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento.
Buscan ilegalizar a las ONG venezolanas de DDHH, sociedad civil y más contra las víctimas. https://t.co/XHHK7HpZfs pic.twitter.com/9ef3MHQOVU
— PROVEA (@_Provea) January 24, 2023
Las reacciones
A través de mensajes en sus cuentas en Twitter, diversas organizaciones condenaron la ley aprobada por la AN.
Dicho proyecto prohíbe, entre otras cosas, «realizar actividades políticas» y «promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República», según el plan inicial compartido por algunos legisladores.
En esa línea, Provea, aseguró que se trata de «un nuevo ataque contra la sociedad y las víctimas, principales beneficiarios de las ONG».
Detalló que, de acuerdo con el documento difundido, las organizaciones de este tipo «serían multadas hasta con 200 petros (12.000 dólares) si no cumplen con la nueva» normativa ya aprobada en primera discusión.
Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia, que aseguró que esta norma, cuyo contenido no ha sido presentado a la ciudadanía, «pone a las ONG y afines y, en general, a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica, lo que facilita aún más la violación de derechos humanos».
La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, aseguró que el objetivo de esta nueva norma que se pretende crear es «eliminar el mayor número de ONG en Venezuela».
Las ONG no son organizaciones «antigubernamentales»
Luis Ugalde, religioso y exrector de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que las ONG no son organizaciones «antigubernamentales» y exhortó al Estado a fomentarlas en lugar de controlarlas.
«Atentar contra las ONG es atentar contra la vida nacional. Espero que en el gobierno haya gente sensata, con experiencia, que viene de ONG, que reconozca la inmensa necesidad que hay en el país», dijo Ugalde en declaraciones a medios locales.
ÚLTIMA HORA | Chavismo aprueba en primera discusión proyecto de ley para ilegalizar las ONG en Venezuela: "Si van a la política, inscríbase como partido político" https://t.co/pprS1oTeim pic.twitter.com/9x5reIZUbe
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 24, 2023
En conclusión
Cabello sostiene que «detrás de una ONG hay caras, partidos políticos, lo demás es una absoluta hipocresía. Estoy seguro que si nosotros revisamos los nombres de quienes están detrás de esas fachadas llamadas (ONG) viven a cuerpo de reyes porque se la pasan viajando por el mundo», dijo Diosdado Cabello.
«Las ONG de Venezuela no dependen del Gobierno Bolivariano, dependen del gobierno de Estados Unidos. Son apéndices de organismos que operan en el mundo para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero», dijo Cabello.
En mayo, unas 500 ONG, venezolanas e internacionales, rechazaron un anterior proyecto llamado Ley de Cooperación Internacional que el chavismo elevó al Parlamento, pero que no fue discutido en plenaria.
Lo que no se podrá
- Las ONG tendrán prohibido en todo el territorio nacional:
- Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos
- Realizar actividades políticas
- «Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República».
- Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana.
